Ángel Sabín nos ofrece su cuarta entrega sobre la LOMCE y los conciertos educativos, publicado en su blog ÁNGEL SABÍN POR LO PÚBLICO:
Figar y la (des)programación de centros públicos.
Más cierres de centros públicos
El Estado tiene la obligación de cumplir lo establecido en el artículo 27.1 de la Constitución: “Todos tienen el derecho a la educación”. Y añade: “Se reconoce (a las personas físicas y jurídicas) la libertad de enseñanza”. Pero esta segunda parte es voluntaria y no ha cubierto históricamente las necesidades de escolarización ni las cubre ahora. La causa del gran retraso escolar y del altísimo analfabetismo está en el abandono de la enseñanza pública durante la dictadura franquista y considerarla como subsidiaria de la enseñanza privada. Por eso, en el artículo 27.5 se establece que “los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza”. En el caso de la enseñanza primaria, los Ayuntamientos tienen la obligación de proveer de suelo a la Administración y atender el mantenimiento de esos centros. Por el traspaso de competencias a las comunidades autónomas, les corresponde a estas la creación de centros y la organización de las enseñanzas, salvando la competencia estatal, que se concreta en el Consejo Escolar del Estado –creado en la LODE- como órgano máximo de participación, cuya primera función es esa precisamente: la programación general de la enseñanza.
La aplicación en Madrid. Las zonas rurales
Desde el debate constitucional, en el posterior de la LOECE y en la LODE la posición de UCD, Alianza Popular y luego Partido Popular ha sido la de intentar imponer la libertad indiscriminada de creación de centros y su financiación automática, y con el mínimo control.
La situación empieza a cambiar con la implantación de la LOGSE y el paso de los alumnos a los centros de Secundaria a partir de los 12 años. El problema está en laszonas rurales y la primera decisión es la de ampliar la escolarización en centros de Primaria. En la Orden 3956/2006, de 13 de julio, se exponen los criterios: “No obstante, existen municipios en los que el número de alumnos en edad escolar correspondiente a Educación Secundaria Obligatoria no justifica la creación de una Sección de Educación Secundaria Obligatoria y en los que la distancia al Instituto de Educación Secundaria más cercano, así como la dificultad en el transporte, aconseja que en los alumnos permanezcan escolarizados en la misma localidad”. “La demanda de puestos escolares tiene un crecimiento progresivo y paulatino, se hace aconsejable facilitar la continuidad en el mismo centro, ya sea con carácter transitorio o estable, de los alumnos que cursan enseñanza obligatoria, en tanto la demanda de puestos escolares no requiera la creación de nuevos centros educativos públicos”.
Con este planteamiento se amplía la escolarización en centros públicos de varios municipios, por los que la iniciativa privada no tiene ningún interés. (Ver cuadro)
Zonas de desarrollo urbanístico. Privatización
Aquí la situación es otra ya que son zonas con nueva población y con posibilidades de hacer un buen negocio con centros educativos. En correspondencia, la actuación de la Administración que preside de Aguirre es también otra. Figar, en esa intervención en Rímini –que por tan citada parece que hubiera escrito algo importante-, lo expone con claridad: “En primer lugar, hemos elegido mejorar el panorama de la educación en centros de gestión privada con fondos públicos, ampliar la oferta de plazas en las estructuras de este tipo dentro de la Comunidad de Madrid”.
“…El terreno es un problema grave en España. Era un gran problema y nosotros hemos ofrecido estos lugares gratuitamente a organizaciones religiosas, cooperativas y otras estructuras para que crearan centros sostenidos con fondos públicos pero con gestión privada”.
Los primeros casos se producen con Álvarez del Manzano de alcalde ya que el ayuntamiento cedió directamente el suelo a centros como el ultracatólico J. H. Newman (20.000 m2 en Las Rosas), Gredos San Diego, Siglo XXI y El Valle. Pero, la mayoría de estas actuaciones se desarrollan bajo los gobiernos de Esperanza Aguirre y los consejeros Peral y Figar. El procedimiento es la concesión de uso privativo de parcelaspara la “construcción y gestión de un centro docente privado concertado”. Al mismo tiempo, la ampliación a Secundaria en el colegio público de estas zonas impide la creación de institutos y le resta plazas de primaria al colegio, favoreciendo así a los nuevos centros concertados. En cualquiera de las órdenes de ampliación de estos centros de primaria se dice, como excusa, que “la demanda de puestos escolares tiene un crecimiento progresivo y paulatino” y “en tanto se regula el procedimiento para la creación jurídica de los centros públicos que impartan la educación básica”.
La primera consecuencia es lavulneración de lo establecido en el artículo 109. 1 y 2 de la LOE :” Las Administraciones educativas garantizarán la existencia de plazas públicas suficientes especialmente en las zonas de nueva población”. Como en otros casos, ahora la LOMCE viene a resolver la ilegalidad y lo deja solo en “plazas suficientes”. Otra es que no hay creación de institutos públicos aún en barrios como Montecarmelo, Las Tablas, San Chinarro, Ensanche de Vallecas, Butarque, Los Rosales. Arroyomolinos es un buen ejemplo: se cede suelo al Opus para construir el colegio Arenales (2010), que segrega por sexo; mientras, el futuro instituto Arroyomolinos II lleva años empantanado y los alumnos están siendo trasladados a Móstoles; un colegio de primaria está también parado y no se ve la fecha de apertura por lo se están remodelando los otros centros, quitando espacios, para meter a los alumnos. También están los interesados retrasos en Carabanchel con el CEIP Maestro Padilla y el IES Francisco Ayala, que empiezan a funcionar ahora, mientras que los concertados llevan desde 2007. En consecuencia, no hay oferta pública.
En 2010 Figar ya se jactaba y decía “que en los últimos 6 años hemos abierto 79centros nuevos de este tipo en la Comunidad de Madrid”. “Dentro de estos centros, entre comillas “concertados”, más de 2/3 ofrecen educación católica. Comunión y Liberación gestiona dos centros; por lo tanto yo pienso que estos dos centros pueden ser más en futuro obviamente, no sólo quedarse en dos “(aplausos). Esa jornada en Rímini fue organizada por Comunión y Liberación y por Javier Restán, eterno Director General de Becas y Centros Concertados, financiador de las actividades de los concertados y miembro de esa organización.
Los caladeros de inversión. Estos centros, concertados entre comillas, para Figar y para los titulares son privados, pero se financian públicamente y quieren actuar como privados-privados. Por ejemplo, en la enseñanza segregada por sexo como el de Las Tablas-Valverde (de Fomento).También están los otros centros del Opus,Arenales, en el PAU de Carabanchel (2012) y Alborada en Alcalá de Henares. O el caso del colegio Santa Mª la Blanca, de Montecarmelo, con suelo cedido al arzobispado y donde el cura empresario de restauración, Luis Lezama, gestiona ahora este negocio; los montados por otro empresario de la restauración, Arturo Fernández; o el colegio Juan Pablo II, patrocinado por la ultracatólica Fundación Educatio Servanda, del empresario constructor Juan Carlos Corvera, en el ensanche sur de Alcorcón con 26.000 m2 y 8.000 € de canon anual. Unos por ideología y otros por negocio, han descubierto en la enseñanza “caladeros de inversión”. Estos centros concertados tampoco son públicos por los costes. Como ejemplo, tenemos el colegio ÁBACO, de Carabanchel, con estos precios, que dicen los padres, para el curso 2011-2012: “Mensualidad, 156€ (complemento formativo); comedor, 136€; horario ampliado: 36€ (1 hora), 60€ ( hora y media), con desayuno: 40,30€ (tengo duda de si es una hora y desayuno hay que sumar 36 , 40,30); seguro escolar, 14€ (anual); material escolar, 32€ el trimestre. El uniforme se compra en el cole y chándal unos 40€, polo 18€ y baby unos 20€”. O también se puede ver lo que dicen los padres sobre el colegio ARTICA. (Ver cuadro)
A esta situación habrá que añadir las nuevas propuestas madrileñas de zona única de escolarización y las de la LOMCE en cuanto a la especialización de centros y merma de la participación de la comunidad educativa, aunque estén financiados con fondos públicos.
Más cierres de centros públicos.
Esta es la medida complementaria de la anterior, aplicada a los centros públicos: restricciones en personal, fusión de centros, especializarlos y cierre de otros. Es la ”compactación” de la que habla Wert en la Memoria económica de la LOMCE. La primera tanda afectó, en Móstoles, a los IES Juan Gris, Octavio Paz, Antonio de Nebrija, El Tafal, Felipe Trigo, Luis Buñuel, Europa y Los Rosales. En Coslada,el cierre de los colegios Agapito Marazuela y Pío Baroja. En Alcalá de Henares se cierra el colegio Zulema.
La segunda tanda supone el cierre en Leganés de las escuelas infantiles Verbena, Valle Inclán y El Fortuna. En Getafe los IES Silverio Lanza y Manuel Azaña se fusionan; el Alanes se cierra y pasa al León Felipe. En Aranjuez se cierra la E.I. Miguel Puerta y pasan los alumnos al colegio San Isidro. En Alcobendas, el IES Severo Ochoa se divide en Centro de Sec/Bachillerato y Específico de FP. EnMadrid, el IES Barajas pierde Secundaria y Bachillerato. Los colegios Nicolás Salmerón y Pintor Rosales se fusionan; el Enrique Granados se cierra y fusiona con el República del Paraguay; el Vasco Núñez de Balboa, con excelente y larga experiencia en integración de minorías, se cierra.
Las consecuencias son claras: se limita la oferta a los alumnos, aunque se diga lo contrario; se elimina otra forma de integración de alumnos, profesores y recursos humanos y materiales. Con la especialización en FP/Bachillerato se crean dos categorías de centros, retrocediendo a la Ley del 70. Estos movimientos en los centros los está aprovechando la Consejería para designar los directores y equipos. Y el paso siguiente será privatizar las enseñanzas de FP, dando la gestión a las empresas, además de suprimir profesores y facilitar mano de obra barata.
Centros públicos y privados concertados
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