Sobre reválidas, segregación y una FP "para los que son asá"

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eldiario.es: Las enseñanzas medias, siempre en medio

No sólo los fármacos producen efectos secundarios. Lo hace también la acción social, y lo hace siempre; es lo que solemos llamar consecuencias imprevistas o no deseadas, o efectos perversos. No se escribirían siquiera artículos como éste si la acción social (sea de las autoridades, de los colectivos o de los individuos) produjera siempre o habitualmente los efectos deseados y sólo éstos.

Toda reforma educativa se hace con las mejores intenciones, pero las soluciones de ayer son a menudo los problemas de hoy. La Ley General de Educación de 1970 (LGE) quiso poner el sistema educativo a tono con los del mundo desarrollado y democrático, lo que pasaba por acabar con la brutal segregación a los 10-12 años (el acceso y la superación o no del examen de ingreso) y la prolongación del tronco común. La ley no permitía abandonar el sistema hasta los 16 años, de manera que cualquier alumno tenía teóricamente tiempo suficiente para terminar la Educación General Básica (común) más un ciclo secundario (Bachillerato o FP1). Sin embargo, condicionaba el acceso al bachillerato a la terminación con éxito de la EGB (al título de graduado escolar), pero no así el acceso a la Formación Profesional I, para el que bastaba haber permanecido en la escuela hasta los 14 años (certificado de escolaridad). Tal desequilibrio en los requisitos contribuyó al descrédito de cualquier formación profesional alternativa al bachillerato; incluso ulterior, aunque en menor medida. La FP devino el basurero, la vía para los fracasados, produciendo de rebote la opción automática por el Bachillerato por cualquiera con los requisitos.

Todas las alternativas a la LGE, desde la propuesta que llegó a formular la UCD a comienzos de los ochenta, pasando por la reforma experimentada por el gobierno socialista en esa década, hasta la LOGSE, quisieron acabar con esta perversión. La respuesta en la LOGSE fue plantear los mismos requisitos para acceder a la FP —ahora Cursos Formativos de Grado Medio (CFGM)— que para acceder al Bachillerato: el título de Graduado en ESO; y no sólo eso, sino otro tanto para acceder a la etapa siguiente de la FP —ahora Cursos Formativos de Grado Superior (CFGS)—, que a su vez tendría los mismos requisitos que el acceso a la universidad: el título de Bachillerato. De esta manera, se decía, no se establecería la formación profesional como una segunda vía paralela, de menor valor. Si se entiende mejor con una imagen, podemos visualizar el esquema educativo propuesto como un recorrido académico único que tras la ESO, el Bachillerato o la Universidad daría salida al mercado de trabajo, respectivamente, a través de los CFGM, los CFGS y los posgrados. Pero lo que no se previó fue que tres de cada diez alumnos no superasen la ESO y quedasen irremediablemente apartados de la educación formal -y así es: decimos que cuatro de cada diez alumnos han abandonado prematuramente la escuela, pero lo cierto es que tres de ellos no podían continuar aunque lo desearan. Empecemos por lo segundo.

La LGE de 1970 produjo una FP1 desvalorizada, pero no sucedió lo mismo con la FP2. Ésta se pensó a la vez como continuación de la FP1 (mediando un curso de enseñanzas complementarias) y salida del Bachillerato, y de hecho fue funcionando cada vez más como lo segundo. Al contrario que la FP1 llegó a alcanzar un notable prestigio, y sus titulados entraban con facilidad en el mercado de trabajo, entre otros factores debido al papel lubricante de las prácticas en alternancia. Cuando la LOGSE rediseñó el sistema quiso terminar de aislar la FP de grado superior de la de grado medio, es decir, los CFGS de los CFGM, hasta el punto de cortar estrictamente el paso de éstos a aquéllos, disipando así cualquier perspectiva de continuidad para los técnicos medios. Podían, por supuesto, volver al sistema a cursar el bachillerato, es decir, lo que habían declinado hacer cuando optaron por los CFGM, pero eso no era continuidad ninguna sino una suerte de penalización por haber tardado más que los demás en decidir que querían un postsecundario (técnicamente, lo que la UNESCO llama CINE4). De manera que, de un modo u otro, acudir a las enseñanzas profesionales era hacerlo a un ciclo terminal en sentido estricto, no sólo porque permitía salir ya al mercado de trabajo sino porque no permitía ir más lejos en el sistema educativo.

El problema aquí es la disfuncionalidad creciente de una ordenación no pensada para que todos tengan una vía por la que continuar, si pueden y quieren, su proceso de cualificación, sino en la que tan pronto como el alumno se separa del tronco académico se ve abocado a estudios terminales. Pero lo que pudo tener justificación en un mundo de oficios establecidos y estables la pierde por entero en la sociedad de la información, que es también del aprendizaje, una sociedad en la que hay que seguir -o, al menos, estar en condiciones de seguir- aprendiendo a lo largo de la vida, pues ¿qué sentido tiene proclamar esta necesidad de aprendizaje permanente y, a la vez, cerrar las vías de continuidad en el seno de la educación reglada?

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Y ahora, ¿otra vuelta a la tortilla?

¿Qué hacer con esos tres de cada diez alumnos que no superan la ESO? Hoy asistimos a una propuesta de solución: separarlos del resto. Separarlos desde tercer curso, incluso desde segundo si acumulan ya cierto retraso. Hasta se llegó a proponer una reválida al término de la enseñanza primaria que, de no ser superada, habría obligado a repetir a quienes no lo hubieran hecho antes y a pasar con un sello en la frente a quienes ya lo hubieran hecho, abocando a éstos a la FP anticipada aun con un año límbico en primero (esta propuesta fue afortunadamente retirada).

La teoría de fondo es sencilla: no todo el mundo es capaz de superar con éxito la enseñanza general obligatoria, por lo que mejor será orientar ya hacia la formación profesional a quien no lo sea. Se suele formular en términos más o menos neutros: unos son así y otros son asá, académicos o vocacionales, todos diversos, etc., pero, en realidad, los partidarios de esta contrarreforma no dudan de que se trata de una diferencia asimétrica: dan por sentado no sólo que hay unos alumnos que no pueden seguir las nobles enseñanzas académicas sino también que, los que sí pueden hacerlo, también serían capaces de seguir unas enseñanzas de tipo profesional, sólo que no vamos a malgastar su talento en eso.

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La política educativa que hoy anuncia el partido en el gobierno parte del supuesto de que, en el mejor de los casos, no se puede hacer más por incorporar a todos los alumnos a la enseñanza general con garantías de éxito. Da por demostrado que un tercio del alumnado no reúne las condiciones para alcanzar el éxito en un tronco común de diez años como el actual. En consecuencia, propone simplemente reducir sin más ese tronco común, con distinta intensidad según para quién, en uno, dos o tres años. Pero queda mucho recorrido todavía, prácticamente todo, para una política de discriminación positiva -o, si se prefiere, compensatoria- en el uso de los recursos, es decir, para una política enfocada a reforzar a los más débiles en el acceso a las competencias básicas y las credenciales educativas mínimas que todos necesitamos para empezar a ser trabajadores cualificados, ciudadanos activos e individuos desarrollados.

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