El primer aspecto del anteproyecto que ilustra el déficit simbólico es el tratamiento de las asignaturas de lengua castellana y de lengua "cooficial". Para empezar, el Anteproyecto utiliza un término que tiene un retintín peyorativo. Donde la LOGSE hablaba de "lengua oficial distinta del castellano", Wert habla de "lengua cooficial". Para ser justos, esta terminología, desconocida en el bloque de constitucionalidad, ya estaba en las leyes educativas impulsadas por Rodríguez Zapatero y José M. Aznar, que también evitaban mencionar el catalán/valenciano, el gallego y el euskera por su nombre. El defecto principal del Anteproyecto es una novedad absoluta: se trata de la degradación de la asignatura de lengua "cooficial". En la LOGSE y leyes posteriores la lengua castellana y la "lengua oficial propia de la correspondiente Comunidad Autónoma" ocupaban el mismo lugar en la lista de áreas de los diferentes niveles educativos. He aquí que el Anteproyecto de Wert sitúa al castellano entre las "asignaturas troncales" y relega la lengua "cooficial" a las "asignaturas de especialidad". La diferencia no es trivial, porque en la nueva evaluación final de ESO y de Bachillerato las asignaturas troncales son objeto de evaluación obligatoria pero las de especialidad no.
La segunda cuestión que ilustra el déficit simbólico es el tratamiento asimétrico de las lenguas vehiculares. El Anteproyecto de Wert establece que en las Comunidades Autónomas relevantes el castellano debe ser lengua vehicular en todas las etapas educativas, correspondiendo a las Administraciones educativas determinar la proporción procedente en el uso del castellano y la lengua "cooficial". Si uno relee bien esta disposición, la asimetría salta a la vista. El Anteproyecto no incluye ningún mandato para que la lengua "cooficial" sea lengua vehicular en todas las etapas educativas. Por si esto no fuera suficiente, el Anteproyecto sigue con su aportación más espectacular: mientras no se determine la proporción relativa de las lenguas vehiculares, "los padres o tutores tendrán derecho a escoger la lengua vehicular de la enseñanza que reciban sus hijos". En el contexto catalán, esto solo su puede interpretar en un sentido: mientras las autoridades catalanas no reintroduzcan el castellano como lengua vehicular, los padres tendrán derecho a escoger una educación impartida íntegramente en castellano. Y si no existen escuelas públicas o concertadas que ofrezcan el castellano como única lengua vehicular los padres podrán escolarizar a sus hijos en centros privados que sí ofrezcan esa opción sabiendo que la Administración autonómica sufragará sus gastos.
La asimetría que refleja este último supuesto se puede ilustrar fácilmente. En la Comunidad Valenciana la oferta de educación en valenciano está por debajo de la demanda. ¿Alguien cree que en virtud del Anteproyecto la Administración autonómica va a sufragar la escolarización en centros privados a los padres que desean que la lengua vehicular de la enseñanza que reciban sus hijos sea el valenciano?
El Anteproyecto de Wert pone las cosas muy fáciles a los independentistas. Oriol Junqueras, de ERC, no tardó ni un segundo en vincular la iniciativa ministerial con la prevista consulta independentista, y en su encuentro con varios eurodiputados en Bruselas la presidenta de Òmnium Cultural, Muriel Casals, sostuvo que "las agresiones al catalán demuestran que nos hace falta un Estado propio en Cataluña". Un Estado propio en Cataluña podría ser más rico, como prometen unos, o más pobre, como amenazan otros. Pero seguro que con un Estado propio en Cataluña nos ahorraríamos el bochorno de tener un ministro como Wert, y sobre todo no tendríamos que estar cada tres meses cerrando filas en torno a consejeras de Educación que quieren hacernos olvidar los drásticos recortes que han perpetrado agarrándose al clavo ardiente de la defensa de la inmersión lingüística.
Albert Branchadell es profesor de la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Publicado en elpais.com
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