Reproducimos este artículo de ELDIARIO.ES
Agosto avanza y, a pesar de las súplicas del personal docente, la “vuelta al cole” es todavía una incógnita en la mayoría de comunidades autónomas. La imposibilidad de adaptar las aulas a un escenario epidemiológico que empeora por momentos ha hecho que los equipos directivos y los profesores quieran blindarse en caso de que autoridades educativas o padres traten de achacarles los posibles brotes de coronavirus.
Los únicos que han conseguido algo al respecto son los centros de Andalucía, donde la Junta ha eximido por escrito a directores y maestros de cualquier responsabilidad asociada a los contagios. "En primer lugar, habría que determinar dónde se contagió la persona en cuestión, lo que sería muy difícil y a lo que habría que añadir que el riesgo cero, como señalan las autoridades, no existe”, expresa el comunicado. Este papel, no obstante, carece de validez legal y no es una orden ni un decreto ni unas instrucciones dirigidas a los centros educativos, que sigue siendo la gran tarea pendiente de las consejerías de Educación.
Es un gesto, más simbólico que otra cosa, que el profesorado podrá usar como primer escudo ante posibles denuncias. El supuesto legal abarcaría desde una complicación derivada de la enfermedad, un rebrote descontrolado o un accidente producido en el centro, cosa que los sindicatos no descartan ya que dicho papel no garantiza una “presencialidad segura”, como piden desde hace meses las asociaciones de padres, madres y docentes.
Para CC OO, esta victoria es solo un parche para “una vuelta al cole caótica”, como ellos mismos la definen. Critican que las consejerías hayan depositado en los equipos directivos "unas competencias que no tienen y para las que no han sido formados” y que las negociaciones con las autonomías hayan alumbrado "unos planes de contingencia deficientes” para no tener que reducir el ratio de alumnos ni ampliar las plantillas de profesores.
De momento, las principales medidas de seguridad en los colegios serán calzarse bien la mascarilla, que no haya más de 30 o 35 estudiantes por cada 50 metros cuadrados -número que ha ido in crescendo desde marzo- y nombrar a un responsable COVID-19 entre los profesores que establezca un protocolo sanitario en los centros y preste atención a síntomas compatibles con la enfermedad. Y, según los docentes, nada de esto garantiza un regreso a las aulas seguro para ellos ni para los alumnos.
Las principales medidas de seguridad en los colegios será calzarse bien la mascarilla, que no haya más de 30 o 35 estudiantes por cada 50 metros cuadrados y nombrar a un responsable COVID-19 entre los profesores que establezca un protocolo sanitario
Hace unas semanas aún no sonaban los tambores de huelga, pero eso ha cambiado al menos en la Comunidad de Madrid, donde los docentes han anunciado movilizaciones a finales de mes e incluso paros si no garantizan la seguridad en las aulas. En Sevilla, anteriormente a la carta de la Junta de Andalucía, dimitió el primer equipo directivo de un centro en bloque como medida de presión. Señales de que la negociación con la mayoría de las comunidades autónomas está siendo tan infructuosa como el plan para frenar el coronavirus en las clases.
“Ya sabemos lo que va a pasar: a medida que aumenta el contacto comunitario van aumentar los contagios y, si no se ataja, uno de los grandes focos van a ser los colegios”, critica Paco García, portavoz de Educación de CC OO. La perspectiva real de una segunda ola de coronavirus está minando la moral de los docentes, que temen ser quienes paguen el pato por la dejadez institucional. “Existe inseguridad jurídica de que algunos consejeros se laven las manos y dejen toda la responsabilidad en manos de los centros”, admite García.
Desde CC OO han promovido un escrito para que los centros lo firmen y lo remitan a la consejería correspondiente, de forma que les liberen de responsabilidades como ha ocurrido en Andalucía. “Aún así, saben que nuestros servicios jurídicos están a su disposición”, repite el portavoz. Por su parte, UGT confía en que las asociaciones de padres y madres caminen por la misma línea que los docentes y compartan las mismas preocupaciones, lo que no quita que “las administraciones deban apoyar por escrito al profesorado y no lo están haciendo”.
Aunque no creen que vaya a ser lo habitual, en la Confederación de Sindicatos de Educación (STEs) reconocen estar “al albur de que alguien ponga una denuncia” ya que “las familias tienen derecho a exigir responsabilidades y a tomar medidas si nadie las asume”. José Ramón Merino, su delegado, reconoce que el debate jurídico ha quedado en un segundo plano por la evidente prioridad sanitaria, pero que también es un asunto que preocupa a los profesionales: “La responsabilidad civil es compleja y existen algunas sentencias al respecto, aunque son puntuales y como mucho alcanzan la figura del director”, explica Merino. Sin embargo, la casuística del virus es nueva y como tal abre posibilidades igualmente inexploradas.
“La responsabilidad de cumplir con los protocolos y las medidas de seguridad corresponde a los titulares de los centros, y esa titularidad en el caso de los públicos es de las consejerías”, dice Sonia García en nombre del ANPE. “Otra cosa es que haya un incumplimiento por parte de un profesor concreto o de un equipo directivo que pueda acarrear consecuencias penales en lo relativo al COVID-19”, abunda. A pesar de tener la teoría, reconoce que es mucho más fácil averiguar “si un niño se rompe un brazo por negligencia del adulto que si se contagia de coronavirus”. Por eso, entiende que lo que han pedido los docentes andaluces producirá “un efecto eco” que debería alcanzar al resto de autonomías para aligerar este peso que cargan los colegios sobre sus hombros.
Presencialidad obligatoria, pero sin protocolos claros
El cierre de los colegios el pasado marzo obligó a centros y familias a adaptarse a una especie de educación casera abrupta y sin los medios ni la preparación necesarias en la inmensa mayoría de los casos. Sin embargo, el Ministerio de Educación no se planteó en ningún momento regular el homeschooling, ya que la prioridad era regresar a las aulas en las mejores condiciones sanitarias posibles. Seis meses después, esas condiciones no han llegado a pesar de los continuos gritos de socorro de los profesores.
“Todos coincidimos en que la presencialidad es un elemento clave a preservar”, inciden desde CC OO, “pero es lamentable que esos 2.000 millones de euros que ha destinado el Gobierno a Educación no se vinculen a objetivos concretos”, lamenta Paco García. Es decir, “nadie garantiza que las autonomías lo vayan a invertir ahí porque, de hecho, no se está haciendo”. El portavoz se refiere al compromiso de hacer obras en las aulas para garantizar la distancia de seguridad, a reducir el número de alumnos en las aulas -que ha ido aumentando desde los 15 hasta los 35 que ya permiten algunos institutos-, a desarrollar un plan digital y a contratar a más profesores. Un pacto de responsabilidad que, de momento, solo se ha cumplido en la Comunitat Valenciana.
Sonia García, de ANPE, critica la publicidad que se le da a "tres o cuatro centros que hacen obra", puesto que "la gran mayoría van a abrir sus colegios sin las reformas necesarias”. “El tema legislativo es importante, nos tenemos que basar en leyes y el Ministerio de Sanidad solo ha sacado un documento con recomendaciones, cuando lo suyo es que todo lo que ponga por escrito sea de obligado cumplimiento”, insiste la representante.
Maribel Loranca, de UGT, cree que “los centros escolares deben expresar a las autoridades educativas sus necesidades, pero nunca hacerse responsables de llevar a cabo un plan de contingencia. Por lo tanto no me extraña que los docentes pidan que se les exima de responsabilidades, porque ni las deben tener, ni están formados, ni tienen medios para ello”.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado una reunión a finales de agosto con todos los representantes autonómicos para abordar el difícil tema de la educación, sin duda uno de los quebraderos de cabeza de este verano. Una cita que "llega tarde" para la mayoría de sindicatos de profesores, que han asistido durante meses "al estrés, la faena y la presión por parte de las consejerías de educación, que no hacen más que producir normativas contradictorias y que les obliga a revisar cada día el BOE sin tiempo para maniobrar”.
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