Justo seis meses después de que todos los alumnos españoles tuvieran que dejar apresuradamente sus centros educativos para pasar a una improvisada enseñanza online comenzará la vuelta a las aulas. Será un regreso marcado por las incertidumbres de una pandemia que sigue cebándose con muchos territorios y que los discursos políticos del agosto tardío han salpicado de reproches en todas las direcciones. Las comunidades pidiendo más coordinación al Gobierno central, la comunidad educativa exigiendo garantías de seguridad para alumnos y profesores, los ministros instando a los presidentes autonómicos a ejercer sus competencias delegadas. Este jueves, una semana antes de que los primeros niños se reencuentren con su escuela, se debería acordar en el palacio de la Moncloa los detalles de ese regreso.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, la de Educación; Isabel Celáa; y la de Política Territorial, Carolina Darias; se reunirán en el palacio presidencial con los consejeros autonómicos para acordar unas medidas comunes. No habrá muchas novedades respecto a las que se pactaron en junio en la Comisión Interterritorial de Educación, explican fuentes ministeriales, pero sí algún "ajuste" ante una situación epidemiológica que ha ido complicándose desde entonces. Tras la reunión, Illa y Celaá comparecerán en rueda de prensa para comentar lo concertado con los responsables territoriales.
La idea es que salgan dos documentos: uno "base", sobre protocolos de seguridad a seguir en los centros; y otro sobre las instrucciones a seguir si se detecta un caso o un brote en una escuela o instituto, que vendrán a ampliar el documento que ya acordó Educación con las comunidades el pasado 22 de junio. Una de las medidas que se amplía en la propuesta del ministerio de Celaá es el uso de las mascarillas para todos los niños a partir de los seis años, una obligación que en principio solo iba a afectar a los mayores. En medio, la multiplicación de casos obligó a las comunidades a acordar el uso preceptivo de las mascarillas para toda la población.
Otra medida que se discutirá es la de los controles de temperatura para los alumnos. La propuesta surge de los planes de vuelta al cole de algunas comunidades autónomas y ha tenido buena acogida en el ministerio. Pero hay que definir cómo se haría, porque se intenta evitar cualquier tipo de aglomeración a la entrada de los centros para evitar contagios.
Una tercera novedad sería una ‘declaración responsable’ de los padres de que envían a su hijo a la escuela en perfectas condiciones –sin febrícula ni síntoma de ningún tipo– para proteger a sus compañeros y maestros. Esto también tendrá que definir su procedimiento: si se establecerá por escrito o mediante una comunicación a los progenitores. Y en cualquier caso, independientemente de lo que se acuerde, serán las comunidades las responsables de desarrollar la normativa en sus propios planes de inicio de curso. Estos documentos se han ido presentando –muchos en los últimos días– entre polémicas por la improvisación de las medidas. En Madrid los sindicatos mantienen la huelga convocada para las primeras semanas de clases porque no se fían de que las medidas anunciadas por el Gobierno regional vayan a estar en marcha a tiempo.
La incidencia en varias comunidades autónomas es más alta de lo que los responsables políticos esperaban para el inicio del curso escolar. No hay órdenes claras de ningún organismo internacional acerca de cuál es la tasa segura: la Organización Mundial de la Salud se limitó a señalar que la vuelta al cole sería segura ahí donde la transmisión comunitaria fuese "baja". Transmisión comunitaria hay "en uno u otro nivel" en toda España, explicaba Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), pero en algunas es más alarmante que en otras. En Aragón supera los 400 casos por 100.000 habitantes, aunque en descenso; y en Madrid se aproxima a los 400, en ascenso. En esta última región ya se ha retrasado el curso unos días respecto a lo agendado.
La media española, que concretamente Madrid por su gran población sube mucho, es 173,14. La de Italia 16,5 y la de Francia 65,6, según el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades.
A pesar de celebrarse ya a las puertas de septiembre, Simón no cree que la reunión de este jueves llegue tarde, sino que solo apuntalará lo que "se ha venido trabajando" desde hace meses. "El documento de recomendaciones que acordamos tiene fecha de junio, no hay ninguna improvisación. Los planes de las comunidades autónomas salen de ese acuerdo, todo está ahí", insisten en Educación. Desde Sanidad defienden igualmente que es ahora cuando se conoce la incidencia con la que España llega a septiembre.
Aquel era un documento de mínimos, de 26 páginas, con los mismos objetivos con los que Simón marcaba para este septiembre: por un lado "crear entornos seguros"; por otro, "posibilitar la detección precoz de casos y su gestión", basándose en la limitación de contactos –distancias de 1,5 metros entre todos y grupos estables separados–; higiene de manos y desinfección y ventilación del centro.
No se incluía, eso sí, la propuesta lanzada este miércoles por el Partido Popular tras la reunión de sus responsables en la materia: hacer pruebas PCR a todos los profesores. Si bien alguna comunidad autónoma ha anunciado que las realizará, fuentes de Sanidad descartan plantear esa medida en la Interterritorial. Sanidad nunca ha sido partidario de las pruebas generalizadas, porque solo marcan la situación puntual de un día. "No creemos que sea operativo", apuntan desde Educación.
El protocolo sanitario si hay un positivo y los permisos para padres
La otra gran novedad de la reunión será el documento que presentará Salvador Illa sobre los pasos a seguir si se detecta un caso positivo en la escuela. No se ha avanzado mucho sobre el contenido de este documento, pero fuentes de Sanidad aseguran que se pondrá en valor la figura de un ‘coordinador COVID’ en cada centro, que estará al tanto de los procedimientos y que indicará cómo actuar y de qué manera informar a las autoridades sanitarias de la situación.
Este protocolo se lleva trabajando desde mayo o junio, y se ha acabado de definir en la reunión técnica preparatoria del encuentro en Moncloa, que se realizó este martes en el Ministerio de Sanidad con los viceconsejeros.
Al inicio de la pandemia, los niños fueron en alguna medida estigmatizados por su supuesta capacidad de expandir el virus: no era tanto que contagiasen el virus más que los adultos, aclaraban los expertos, sino que intercambiaban fluidos con más frecuencia y vivían con más descontrol.
Seis meses después sabemos algo más de la COVID-19. Este miércoles, el Hospital Sant Joan de Déu presentaba el estudio Corona Kids, sobre campamentos de verano realizados en Barcelona los últimos meses. La tasa de transmisión es 6 veces inferior a la media: 0,3 respecto a las poblaciones del entorno que los mismos días estaban entre 1,7 y 2. Un dato que no se puede extrapolar directamente a los colegios, ya que en las colonias se realizan más actividades al aire libre, pero que anula el factor supercontagiadores y da pautas sobre que los grupos pequeños, como han sido los estudiados y como se pretende que sea en las escuelas, favorecen la reducción de riesgos.
En último caso, serán las comunidades autónomas las que tomen la decisión de, ante un caso positivo, aislar a una clase –el objetivo de los ‘grupos burbuja’ es mejorar la detección y afectar a la menor cantidad de alumnos posible– o tomar medidas más drásticas como el cierre del centro.
Y aquí surge otra de las grandes incógnitas de cómo se gestionarán estos casos. Si un niño tiene que guardar cuarentena, ya sea por estar infectado o porque en su aula haya habido un positivo,y por tanto requiera que un progenitor o tutor se quede con él. ¿Habrá permisos laborales para ello? Javier Padilla, médico de familia especialista en Salud Pública, reflexionaba sobre eso en elDiario.es: "Mi respuesta y de otros desde consulta será clara: si tengo que dar bajas, las daré. Pero es algo que no puede quedar en manos de las ganas o no del médico de familia".
Este miércoles, la ministra Celaá ha apuntado que el Gobierno está "estudiando" dos opciones: un permiso retribuido para estos casos, para lo que se tendrían que coordinar con el Ministerio de Trabajo; o una baja laboral que permita ausentarse a los padres, que aborda con el Ministerio de Sanidad, aunque también afectaría al de Seguridad Social e incluso al de Función Pública. Sin embargo, este tema no parece estar cerca de concretarse y se queda fuera de la reunión. "Se está empezando a abordar y veremos si es posible", zanjan fuentes del Gobierno.
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