- Esta causa investigaba a la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes por prevaricación, a las compañeras de Casado y a funcionarios y profesores de la universidad por regalar presuntamente títulos
- En su comunicado, la universidad asegura que ha colaborado "de manera activa con la investigación judicial" tras las críticas de la magistrada por la "pasividad" del centro, al que responsabilizó del cierre del caso
- Ahora solo siguen vivos en los juzgados el caso de la falsificación del acta de Cifuentes y el de revelación de secretos, en el que están imputados dos periodistas de eldiario.es
"La URJC, respetando las decisiones judiciales que se han adoptado, está comprometida con llegar hasta el final del asunto y que se depuren todas las responsabilidades que correspondan con respecto al Instituto de Derecho Público, cuyos hechos que han sido conocidos a lo largo de estos meses y han causado un gran daño a la reputación de la universidad", dice un comunicado de la institución, que asegura haber colaborado "de manera activa con la investigación judicial" y destaca "la opacidad" del instituto que dirigía Enrique Álvarez Conde y que "ya ha sido clausurado", en referencia a las críticas de la magistrada sobre la falta de colaboración del centro en la investigación: "Su actuación no ha ayudado en nada al esclarecimiento de los delitos", señaló.
La jueza del caso, Carmen Rodríguez-Medel, decretó su cierre después de que el Supremo se negara a investigar a Pablo Casado, en el que vio indicios de trato de favor pero no de delitos penales que apuntaba la magistrada. El alto tribunal rechazaba seguir con el aforado Casado un viernes y el siguiente lunes, Medel informaba de que cerraba el caso que investigaba el máster de Casado (por el que había imputadas tres alumnas en su misma situación) y el máster de Cristina Cifuentes (imputada junto a una decena de profesores y funcionarios).
Ahora mismo solo se investiga en ese mismo juzgado la falsificación del acta del Trabajo Fin de Máster que exhibió Cristina Cifuentes en redes sociales y por el que están imputados la expresidenta, su asesora María Teresa Feito, Álvarez Conde y dos profesoras: Cecilia Rosado, que presuntamente ejecutó la falsificación, y Alicia López de los Mozos, que figura como presidenta de ese falso tribunal y que fue la primera en confesar que todo había sido un montaje. En otro juzgado se investiga a funcionarios de la URJC tras la querella por revelación de secretos que presentó Cifuentes, al entender que sus datos habían sido obtenidos ilícitamente y en el que también están imputados la periodista Raquel Ejerique y el director de eldiario.es, Ignacio Escolar.
Tras recurrir ante la jueza, que rechazó reabrir el caso, ahora la URJC recurre a la segunda y última instancia a la que lo puede hacer: la Audiencia Provincial.
"Desde la URJC no queremos pasar por alto las irregularidades detectadas que deben ser investigadas hasta el final y que nuestra obligación como institución pública es defender la honorabilidad y el buen hacer de los alumnos, de los profesores y del resto de los trabajadores de esta universidad pública", afirma también el comunicado.
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