Después de la sentencia
del TS, ¿cómo queda la Justicia?
La judialización de la
política –incluida la educativa- desvirtúa a la política y a las sentencias
judiciales. ¿Los intereses creados mandan más?
Igual que “empoderar”, “poner en valor” es expresión reciente que
va camino de ser tópicamente reiterativa. Tan en auge está que, en casi todo
acto, comentario, evento, opinión más o menos animosa en pro de cualquier causa
de cierta, el que opina, expone o exige algún cambio se siente desacertado si
no la pronuncia. Va camino, por otra parte, de querer ser propiedad particular de
personas y grupos con pretensión de
marca exclusiva cuya misión y objetivo fuera encauzar, dirigir y controlar la
resolución de problemas no solo sociales sino también personales.
Recuerden quienes sigan con algún interés los debates de las
políticas educativas, cómo la palabra “valores” –y no digamos la expresión calidad educativa”- siguen siendo
objeto de agrias discusiones que en ese afán de absoluto, acaban siendo
excluyentes por razones que casi siempre pretenden ser intocables, por más que
sean la causa del desencuentro. Esa significatividad excluida que se preserva
encierra los elementos relevantes del debate, manteniendo en la oscuridad de lo
no dicho el privilegio de seguir existiendo e imponiéndose a cuantos no tienen
acceso al poder de decisión o se pretende que no lo tengan.
“Valores” y “Calidad”
Cuando en 2011 se acabó armando en torno a estos dos ejes
“valores” y “calidad”, una plataforma reivindicativa como, por ejemplo, “La
Marea Verde”, independientemente de la evolución que haya tenido esta
asociación de grupos que se sentían más agraviados por las políticas educativas
de diversos gobiernos autonómicos que por las del Ministerio de Educación,
invocaron un “valor” contrario: “Una escuela de todos para todos”. Lo mismo
hicieron muy pronto otras “mareas” como la de Sanidad reivindicando lo público
frente a una invasión desequilibradora de las privatizaciones con el pretexto
de lo individual exclusivo. Preservar, no perder de vista el valor del bien
común, de la justicia distributiva. Esta es la pelea de fondo, igual que cuando
en el siglo XVIII, las revoluciones burguesas “pusieron en valor” un conjunto
de “valores” que todo ser humano tiene por haber nacido, cuando el Antiguo
Régimen primaba lo que se recibía por familia, sangre o confesionalidad de
cualquier clase, como razones de la diferencia de trato colectivo. Desde
entonces, todo intento de marcha atrás en cuanto a no reconocimiento público de
esa libertad, igualdad y fraternidad común, suele acarrear peligro para la convivencia
democracia.
Por eso, es un mal síntoma lo que puede significar la sentencia
del Tribunal Supremo que, esta mañana, acaba de conocerse, en que pretendía
clarificar la cuestión del impuesto a las hipotecas bancarias. La gama de
desconfianzas en que va a meter a la justicia española es de largo alcance.
Esta dubitación profunda en que andaba el TS, a la que ha seguido esta doctrina
que ni siquiera es salomónica, si se añade a otros reveses de nuestros altos
jurisconsultos ante tribunales europeos, dejará huella en cuantos tengan que
acudir a esta instancia supuestamente independiente. La división de opiniones en torno al “valor” o “valores” que protege este
último pronunciamiento del TJ será, además, mucho más profunda cuando buena
parte de la política española –la más sensible precisamente a esa división de
opiniones en torno a lo que debe primar cuando son varios los “valores” o modos
de ver qué merezca la pena- está
pendiente de resolución. Y más aguda será cuando salten a la palestra mediática
las resoluciones pendientes respecto a la secuencia de casos graves de
corrupción, directa o indirectamente protegidas o alentadas por altas
instancias y personalidades del mundo político en estos años de hierro.
La “mejora” del sistema
educativo
En Educación, son sobradamente conocidos asuntos cruciales que han
convertido al Supremo y al Constitucional
en cuarta cámara decisoria, resultando en general, inclinada hacia las
posiciones más conservadoras en cuanto a “valores”. Casos hay ya célebres, como
el de la variación de doctrina respecto al uso de los recursos públicos para
colegios que segregan a su alumnado, entre otros aspectos de la LOMCE. O
situaciones como las de los profesores interinos a quienes no se pagaban las
vacaciones de verano, y que en Estrasburgo se le enmendó la plana. ¿Y qué decir
de sentencias tomadas en Tribunales Superiores Autonómicos respecto a
reclamaciones de instancias sociales como algunas AMPAS en pro de la enseñanza
pública, que no siendo partido con representación en la respectiva Asamblea se
han quedado con su razón en el limbo, sin poder proseguir su llamada de
atención sobre “puestas en valor” en que
la discriminación de recursos era relevante?
Parece que pronto, posiblemente antes de Navidad, podremos
disponer del texto que enmiende la LOMCE. Y seguramente volveremos a asistir,
como si del juego de la oca se tratara, al reinicio de un proceso varias veces
reiterado en la secuencia de leyes orgánicas que, desde el artículo 27CE,
regulan el sistema educativo y, particularmente, las etapas escolares. Pronto
veremos reaparecer las apelaciones a la
distintiva “puesta en valor” de los “valores” en juego –con oscuridad
respecto a los “valores de negocio” que se juegan algunos actores particulares-.
Probablemente sea dado ver, más pronto que tarde, cómo haya aflojado la
virulencia que esta distancia entre unos y otros pueda suscitarse todavía: no
está claro cómo haya diluido el tiempo lo acontecido en otras coyunturas. El
cansancio y la indiferencia alcanzan a los antiguos rockeros que van de
retirada, mientras los nuevos juegan más con la oportunidad mediática que con
la consistencia argumental que les daría poder contar con los recursos
apropiados en un Proyecto de
Presupuestos Generales sin devaneos. ¿El último tejido de Penélope para la
regulación educativa ocultará, solapará o pondrá en primer plano valores
exigibles democráticamente en igualdad en una escuela de todos y para todos?
¿Qué van a poner en valor?
Manuel Menor Currás
Madrid, 07.11.2018
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