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En pleno debate sobre el Pacto por la Educación, el Ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo se ha sacado de la manga una propuesta que ha sorprendido, por ser inesperada, a toda la comunidad educativa. Se trata de una reforma del sistema de acceso a la enseñanza pública para el profesorado. Una especie de MIR aplicado a este colectivo.
El conocido como MIR educativo incluiría, según la propuesta de Educación, una prueba teórica y un período de prácticas de dos años que las personas aspirantes a un puesto como docente tendrían que realizar además de la formación previa, incluyendo el grado y el máster, así como el proceso del concurso-oposición que existe en la actualidad. Esta medida propuesta por el Gobierno, que aumentaría los trámites necesarios para acceder a un puesto en la docencia, ha hecho saltar las alarmas en la comunidad educativa.
Almudena Gómez, secretaria general de la federación de enseñanza del sindicato CGT, considera que “hasta que no demos estabilidad a un colectivo que está muy explotado y que tiene un agravio comparativo en todo momento comparado con los funcionarios de carrera, abrir una tercera vía de acceso a la función pública es un poco incoherente”.
Además, en un momento en el que, tras varias sentencias judiciales, el personal docente interino está luchando por una seguridad laboral, esta modificación ha generado mucha incertidumbre entre estos profesionales. “Todavía no sabemos qué impacto tendría”, aclara Gómez, “pero sería como un tercer grupo que podría crear desavenencias con el profesorado interino, que está buscando ahora una estabilidad que no tiene”.
Para Gómez, esta propuesta supone “una manera de segregar porque siempre están hablando de coger a los más excelentes, a los más preparados, a los que mejores notas sacan, pero eso va asociado a un gasto económico que deja discriminada a la gente que no tiene recursos”.
“La calidad en educación se mejora con mayores recursos, con profesionales con una estabilidad en la plantilla”, reivindica la sindicalista, que cree que existen aspectos de mejora más urgentes como las elevadas ratios de alumnado por clase. “Estamos pidiendo en educación que, por favor, se reviertan los recortes y estamos trabajando en unas situaciones bastante negativas. Lo del MIR educativo es como empezar la casa por el tejado. Es incoherente la propuesta que lanza Méndez de Vigo”, asegura.
PACTO POR LA EDUCACIÓN
Con la propuesta del MIR educativo, Méndez de Vigo ha conseguido centrar toda la atención en este tema. Pero hay aspectos del Pacto por la Educación que preocupan más a la comunidad educativa. Gómez reclama “la retirada de la LOMCE, porque es una Ley segregadora, es una Ley que favorece la mercantilización por las empresas de los chavales y chavalas, es una Ley que ha hecho mucho daño y es una Ley que se ha impuesto por el Partido Popular sin contar con la comunidad educativa en ningún momento”. También cree que es imprescindible rebajar las ratios de alumnado por clase, porque “hay aulas que están sobrepasando la ratio por encima de la ley”.
El profesorado también entiende que una forma de mejorar el acceso a las plazas docentes pasa por “más experiencia en el aula, pero no como lo plantean en el MIR”, dice Gómez. El portavoz de la Confederación de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza (STEs-i), Salvador Benavent, también considera que “se debería establecer un sistema que se basara más en la práctica docente, porque la capacidad ya viene determinada por la formación inicial”, pero la falta de definición de la propuesta también genera sospechas. “Hay varias propuestas y no es lo mismo el MIR educativo que propone un partido político u otro”, explica.
“La precariedad que ya existe con las interinidades y las sustituciones se va a ver mucho más agudizada con la figura del docente en prácticas
“Del MIR lo que nos preocupa, por cómo se está presentando por los partidos políticos, es que el personal que acceda a hacer las prácticas educativas en los centros de enseñanza pueda utilizarse como mano de obra barata”, cuenta Benavent, que recuerda que “el ministro Wert ya quiso poner en marcha la figura de los profesores becarios, gente recién titulada que pudiera incorporarse para hacer prácticas en los centros educativos, pero con un sueldo irrisorio”.
Para Benavent esta propuesta no tiene sentido porque “no debería haber, en ningún caso, un MIR si no hay una reforma de la formación inicial. La práctica docente en los centros no se hará bien si las bases de la formación inicial no se reforman también”.
PRIMERO EL PSOE, DESPUÉS EL PP
“No es una propuesta nueva”, señala el portavoz de STEs-i. “Ya desde hace casi año y medio el Ministerio lo propuso. El PSOE también lo propuso. De hecho, la primera propuesta parte de Rubalcaba”, añade. En cualquier caso, Benavent defiende que cualquier modificación de este tipo “tiene que negociarse, evidentemente con las organizaciones sindicales” y considera que “no es serio lo que se está haciendo y estamos en guardia porque esto puede llevar a una precarización más del profesorado”.
Una de las grandes dudas que queda por despejar sobre la propuesta del MIR educativo es a qué profesorado afectará. “A la hora de demostrar la capacidad hay un doble rasero”, denuncia Benavent. “En la escuela pública, tal como está ahora diseñado el ingreso del profesorado, hay que pasar por un concurso-oposición y hay que demostrar que se es capaz, mientras que en la escuela privada y la concertada el que contrata es el centro y contrata a dedo o con su propio método. El MIR, si se concibe de alguna manera, debería ser necesario para cualquier ejercicio educativo, tanto en la privada como en la pública”, aclara.
“Hagamos primero lo que se tiene que hacer, que es conseguir un pacto democrático que garantice la calidad de la educación pública, que es lo fundamental”
El MIR educativo “es una maniobra para endurecer y precarizar aún más la función docente”, dice Fernando Arribas, padre de alumnos de instituto y miembro de la asociación Yo estudié en la pública. Alerta de las posibles consecuencias de esta medida. “Se trataría de un endurecimiento del acceso, además con el peligro que supone una figura de un docente en prácticas durante dos años que, posiblemente, tendrá un salario totalmente precario, si es que lo tiene, porque en principio no se ha definido”.
Más allá de la formación del profesorado, que Arribas considera que es buena, “la calidad de la educación mejorará cuando se reduzcan las ratios; cuando se reponga todo el personal que se ha suprimido en los departamentos de orientación y que atiende las necesidades educativas especiales de muchísimos alumnos que, hoy por hoy, no están cubiertas; cuando se aumente la inversión en educación, que está por debajo de la media europea, y cuando haya una mejor atención a la diversidad. Eso son realmente mejoras en la calidad educativa”, explica.
PRECARIEDAD AGUDIZADA
Uno de los aspectos de esta propuesta por los que Arribas se muestra preocupado es que “la precariedad que ya existe con las interinidades y las sustituciones se va a ver mucho más agudizada con la figura del docente en prácticas porque seguramente venga a sustituir a ese profesorado con esa inestabilidad”.
Aunque Méndez de Vigo defiende que este nuevo sistema prestigiaría la profesión docente, Arribas no comparte esta opinión. “El prestigio de la función docente pasa, primero porque no se desprestigie al docente por parte de la administración”, asegura, y critica que “hace cuatro años, en la Comunidad de Madrid, la exconsejera de Educación, Lucía Figar, ahora imputada por el caso Púnica, llamaba vagos a los docentes”.
Para Arribas “es necesaria una inversión. Si esa inversión no se cubre y se trata de realizar este MIR a coste cero prácticamente nos vamos a encontrar con que, si vamos a meter al profesorado en prácticas durante dos años con sueldos míseros absolutamente precarios, ese profesorado no va a trabajar en unas condiciones agradables”.
“Cuando se lanza una propuesta de este tipo se sabe con certeza que va a atraer la atención de toda la comunidad educativa, va a crear ese barullo informativo y, sin embargo, seguimos con las aulas atestadas de alumnado, con los departamentos de orientación trabajando bajo mínimos y, realmente, se desvía la atención”, critica Arribas.
Además advierte de que “es algo muy perjudicial y denigrante para la función docente, porque al final la conclusión que se puede sacar por parte de las familias es que hay que mejorar la formación del profesorado porque esta formación no es buena. Y sí que es buena, lo que pasa es que hay que contar con los medios necesarios para que el docente desarrolle todas las posibilidades que tiene dentro de las aulas”.
Leticia Cardenal, presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA), atribuye esta propuesta al desconocimiento del Ministerio porque “no saben mucho lo que tienen que hacer y hacen estas ocurrencias que, desde luego, dejan mucho que desear” y creen que, en realidad, se trata de “una cortina de humo para no hablar de otros muchos temas”.
Cardenal no cree que el Pacto de Estado por la Educación en el que se incluye esta propuesta del Ministro vaya a llegar a aprobarse nunca. “Han tardado un año en elaborar un guión de quince puntos y ahora pretenden en cuatro meses desarrollar un borrador de Ley”, dice.
SIN LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Una de las principales reivindicaciones de CEAPA en este proceso es que se escuche también la voz de las familias en las decisiones relacionadas con la educación. De hecho, ha pedido que se incluya un punto en el pacto que “aborde la participación de las familias en la comunidad educativa”.
Cardenal cree que, antes de aprobar una medida como el MIR educativo, el ministro “tendría que sentarse a negociar con los sindicatos y la comunidad educativa y, entre todos, poner sobre la mesa propuestas de mejora pero, desde luego, él solo con su gabinete de técnicos no puede hacerlo”.
También los sindicatos coinciden en que falta diálogo por parte de Educación. Gómez asegura que “la mejor forma de prestigiar la profesión docente es entablar un diálogo con la comunidad educativa” y denuncia que “hay una subcomisión trabajando. Está llamando a algunas organizaciones y asociaciones pero no está teniendo debates ni diálogos con toda la comunidad educativa”.
Esa subcomisión ha sido la única relación de las familias con el Ministerio para la elaboración del Plan por la Educación. Cardenal cuenta: “Nos hemos ceñido a participar en la subcomisión durante 25 minutos, hemos expuesto nuestro tema y luego ahí se ha quedado. No se nos ha vuelto a dar la oportunidad de participar”.
“El pacto educativo tiene que tener en cuenta siempre a la comunidad educativa”, reclama también Benavent, que rechaza un pacto que sea “solamente político” y exige un pacto educativo que “tiene que ser también social, tiene que oír a la comunidad educativa. Primero hay que saber cuál es la educación que se quiere, cuál va a ser la nueva ley educativa que, por supuesto, tiene que tener a la escuela pública como eje vertebrador de la enseñanza”.
“Si no se cambia la ley educativa que tenemos ahora la profesión docente tampoco puede mejorar”, explica Benavent. Por eso, pide que “hagamos primero lo que se tiene que hacer, que es conseguir un pacto democrático que garantice la calidad de la educación pública, que es lo fundamental y, si eso se consigue, pasaríamos a hablar de otras cosas, entre ellas, el MIR educativo. Para llegar hasta ahí, es fundamental que el Ministerio retire los recortes que están sacrificando la educación”.
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