Abandono de la atención a la infancia, desprecio al profesorado y a las familias, maltrato institucional… son las frases más repetidas en la nutrida asamblea de la comunidad educativa de Vallecas que se ha celebrado el 8 de febrero. Cuando la administración no garantiza que la educación sea un derecho que asegure el desarrollo integral de las personas, la igualdad de oportunidades y la cohesión social, se tiene la obligación de contar la verdad de lo que está pasando. Y eso es lo que han hecho las madres y padres de alumnos, los profesores y estudiantes desgranando sus denuncias:
“Tenemos escolarizados 135 alumnos de la Cañada Real y el Gallinero y somos un colegio de línea tres (unos quinientos alumnos), mientras que en un gran centro religioso concertado del Ensanche de Vallecas tienen solo 7 de estos alumnos y son línea siete”. “La administración educativa practica un oscurantismo total y se niega a dar datos de escolarización a los sindicatos y al ayuntamiento”. “En el instituto somos 700 alumnos, el 10% es alumnado de compensatoria con un desfase curricular de dos o más cursos y situaciones de desventaja socioeducativa, una treintena de integración y un autocar de ruta desde la Cañada: todos se concentran en los grupos no bilingües de 1º y 2º de la ESO, un disparate”. “Todos los años se nombran los profesores de compensatoria dos o tres semanas después de comenzar el curso y no suelen ser especialistas”.
Las cosa no acababa ahí y seguían las encendidas denuncias: “Las ratios son muy elevadas: 25, 28 niños y niñas en infantil y primaria, muchos grupos por encima de 30 en ESO, cerca de 40 en grupos de bachillerato…”. “No se sustituyen los profesores que están de baja hasta 15 días después, aunque sean bajas previsibles (bodas, intervenciones quirúrgicas programadas…) y se deja a cientos de alumnos sin el derecho a la educación durante semanas”. “Se ha desplazado a profesores que venían haciendo un magnífico trabajo en convivencia y mediación”. “Hay una altísima interinidad”. “Se practica un bilingüismo segregador y competitivo entre centros”. ”Obligan a realizar pruebas externas en total desventaja”. “Nombran directores a dedo”. Y un largo etcétera.
En la asamblea se denunció que la crisis económica está afectando a la población de un distrito con más de 300.000 personas y repercute en la situación de los menores y sus familias. Se diagnosticó con preocupación sobre el riesgo de que la convivencia y la calidad educativa se deterioren. Y se constató que dichos riesgos solo se evitan por el compromiso y el buen hacer del profesorado y las familias con la escuela pública, aunque con un fuerte desgaste por la dureza de las condiciones educativas y laborales. Se centraron los dos problemas principales en línea con lo denunciado:
- Un desequilibrio en la escolarización: el alumnado con necesidades educativas y de familias con dificultades socioeconómicas, es asumido en más del 80% por los centros públicos. Esta estrategia de la administración educativa, unida a la falta de corresponsabilidad de los centros privados financiados con fondos públicos, está generando una tendencia a convertir en guetos algunos centros.
- Los continuados recortes en educación afectan seriamente al funcionamiento de los centros: reducción de profesorado con el consiguiente incremento de ratios, muchas veces desmesuradas y que no tienen en cuenta las características de alumnado; drástica disminución de recursos para atender la diversidad; retraso en suplir las bajas del profesorado; falta de estabilidad de las plantillas; supresión de unidades públicas para derivar alumnado a la red concertada; reducción de la oferta de plazas de FP en un distrito que necesita potenciarlas; escasa inversión en infraestructuras públicas, mientras se cede terreno público y conciertos a grupos privados que buscan hacer negocio con la educación, como ha pasado de forma escandalosa en el nuevo ensanche de Vallecas.
Se considera que es una estrategia deliberada de la consejería de Educación. Y se denuncia que la administración no ha dado ninguna solución en las reuniones que se han mantenido con ella las Ampas y los sindicatos. Sigue deteriorando la enseñanza pública y se niega a facilitar datos de los centros para conocer el alcance del trasvase continuo de alumnado de la educación pública a la concertada, que ya supone más del 50% en el distrito, cuando a nivel de España es del 30%.
Por todo ello la comunidad educativa de Vallecas no quiere callarse ante esta situación, denuncia el abandono institucional y reclama un Plan de medidas urgentes para mejorarla. En concreto exigen:
- Una escolarización equilibrada de tal forma que el alumnado de compensatoria se distribuya de forma equitativa entre todos los centros públicos y privados-concertados. Los centros que no escolaricen alumnos con dificultades no deben disfrutar de ningún tipo de concierto pagado por todos.
- Aumento del profesorado y mayor estabilidad de las plantillas; bajada de las ratios de alumnado por aula; inmediata sustitución de las bajas del profesorado; cobertura plena de recursos para atender a la diversidad, aumento de la oferta de plazas de formación profesional, etc.; dotación de equipamientos públicos suficientes y de calidad para atender toda la demanda existente.
Estas propuestas, debatidas en muchos centros educativos y Ampas, han sido aprobadas en una Declaración en la Asamblea General celebrada el 8 de febrero en un colegio público del Pozo del Tío Raimundo que es ejemplo de innovación y buen hacer pedagógico. Su contenido pretenden llevarlo a la consejería de Educación, sindicatos, movimiento vecinal y partidos políticos para que se abra un debate en la Asamblea de Madrid. También se dirigirán al Ayuntamiento de de la capital para buscar medidas que mejoren la situación, porque la convivencia del barrio y de las escuelas requiere de acciones sistémicas.
Vallecas lleva mucho tiempo luchando por la dignidad de la escuela pública, no fue casualidad que aquí se crearan las camisetas que simbolizan la Marea Verde. Una vez más reafirma su compromiso para seguir mejorando la calidad de los centros educativos. Pero también manifiesta su voluntad de movilizarse para que sean atendidas sus justas demandas. Porque rechazan que el objetivo de la educación pública sea formar mano de obra barata. Y tiene claro que solo una escuela pública de todos y para todos es garantía de la equidad social y educativa que necesitan los barrios.
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