Reproducimos este artículopublicado en EL DIARIO DE LA EDUCACIÓN
Todas las niñas y niños tienen derecho a la Educación. Es un principio fundamental, básico, incluido en la Convención de los derechos de las niñas y niños y que debería ser pintado en las paredes de los despachos de los poderes educativos, porque debería guiar todas sus políticas.
Hoy día este derecho no es cuestionado por nadie, ni por los políticos, hacedores de leyes, ni por los que, desde sus despachos, dictan el currículum, igual para todos, ni por las/os profesoras/os que llevan a las aulas lo que les dictan las leyes, ni por las/os propias/os alumnas/os que sufren sus consecuencias, ni por los ciudadanos de a pie, ni siquiera por los tertulianos televisivos, por nadie.
Pero el hecho de que haya niñas y niños que acudan a sus centros escolares, ya sean escuelas infantiles, colegios o institutos, no significa que se les haya otorgado ese derecho. Porque la educación no es sinónimo de escolarización. La Educación con mayúsculas es un derecho que debe ser garantizado desde el nacimiento y debe durar toda la vida para vivirla con dignidad. Este derecho ya no está garantizado desde los poderes públicos y, sobre todo, no está garantizado en los barrios donde la pobreza parece haberse instalado para siempre.
Estos barrios marginales, donde coexisten la pobreza, la precariedad, la violencia, el paro, la droga, la exclusión, el alcoholismo, donde sus habitantes se han acostumbrado a estar fuera, en esos márgenes que no cambian nunca. Gentes que no son políticamente correctas. Barrios que no son bellos, con desconchones en las paredes, con basura en cada esquina, que no tienen jardines verdes, ni parques, que no tienen casas bonitas, donde el paisaje cotidiano son la venta de droga, los cristales de las marquesinas rotos y los contenedores de basura quemados.
En estos barrios viven niñas y niños, que viven en casas de “patada a la puerta”, desde que nacieron, que nunca tendrán “habitación propia”, que visten con ropa de mercadillo, y que cuentan que no han podido bañarse, porque tienen que coger agua en garrafas en la calle, porque han cortado el agua de todo el edificio, por impago. Niñas y niños que llegan a la escuela con hambre, sueño y cansancio. Niñas y niños que ven desde pequeños el mal trato en sus casas. Niñas y niños que no ven a nadie leyendo ni escribiendo a su lado y sin embargo ven mucha miseria.
Estas niñas y niños son reales, existen y los barrios donde viven también. Por eso es tan importante que tengan una escuela infantil cerca, en su barrio y que acudan a ella a una edad temprana. Las escuelas infantiles, se convierten, en barrios como estos, en un territorio de protección para las niñas y niños y sus familias, a las que se les ha negado todos los derechos.
Estas escuelas que saben que estas primeras edades (de cero a seis años) son las más importantes en el ser humano, porque en ellas se establecen las bases de la personalidad, de la inteligencia, de las emociones y de las actitudes sociales. Que saben que es en esta etapa cuando se configuran la mayoría de las células cerebrales y las conexiones neuronales. Que saben que esta etapa condiciona todo el proceso educativo posterior.
Escuelas que se convierten así en un referente para el barrio. Se convierten en un espacio rico en estímulos, alegre, acogedor, con muchos colores, bonito, cálido, sin prisas, que conecta no solo con las necesidades (una seguridad afectiva y vínculos seguros, la necesidad de movimiento y acción, la necesidad de juego espontáneo, la necesidad de vivir emociones y de afirmar el deseo de crecer), sino también con los intereses de estas niñas y niños. Se convierten en espacios que educan por y para la vida.
Pero estas escuelas, solas, no son suficientes, porque la desigualdad no puede remediarse desde los centros educativos exclusivamente. Porque estas niñas y niños tienen que volver a sus casas, a su barrios, a sus vidas, porque como dice Saramago: “No sólo hay desigualdad en la distribución de riqueza, sino en la satisfacción de las necesidades básicas”. Porque estas niñas y niños son los que serán expulsados del sistema educativo en breve, aquellos que tienen más necesidad de la escuela, son alejados de ella. Con pocos años, se les ha negado ya ese derecho a la Educación.
Y esto sí que es responsabilidad de las políticas públicas, que son las que deben de garantizar la igualdad de oportunidades, comprometerse con el bienestar de la infancia y responder a las necesidades educativas de la comunidad donde están insertos. Para ello, se necesitan planes integrales de actuación conjunta de todas las administraciones y muchos recursos, pero sobre todo voluntad política para ello.
Actualmente con una nueva ley educativa en ciernes, tenemos la oportunidad de que la Educación desempeñe un decisivo papel en esta compensación de desigualdades y en la búsqueda de superiores niveles de justicia.
El Documento de Bases para una Nueva ley de Educación, realizado por colectivos sociales, sindicatos de estudiantes, asociaciones de madres y padres, organizaciones sindicales y partidos políticos, se ofrece como una buena oportunidad para revertir esta inequidad educativa. Tomen buena nota señores políticos.
Isabel Rico López, directora de la Escuela Infantil Los Títeres y miembro de la Plataforma en Defensa de la Educación Infantil de cero a seis años
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