sábado, 23 de agosto de 2014

"La Educación Afectivo Sexual en la Ley Canaria de Educación, de nuevo, una asignatura pendiente" (Mary C. Bolaños Espinosa)

Mary C. Bolaños Espinosa, miembro del Colectivo Harimaguada y de IDEPC (Iniciativa en defensa de la Enseñanza Pública Canaria), nos pide difusión para este artículo:



Hubo una vez un tiempo en que en Canarias existía un Programa Institucional de Educación Afectivo Sexual (del año 1986 al 2003) que promovía una educación afectivo sexual integral, que aportaba formación, apoyo, orientación y materiales de calidad a los centros escolares;  un tiempo en el que Canarias contó con un Plan Institucional de Educación y Atención a la Sexualidad Juvenil (1997-2003), que puso en marcha importantes acciones vinculadas a la información, a la educación y a la atención a la sexualidad.
Hubo una vez un tiempo en  que esta experiencia se conformó en modelo para otras muchas iniciativas, con gran reconocimiento estatal e internacional, en el que el Ministerio de Educación español coeditó los materiales del Programa Harimaguada, Andalucía hizo lo propio con algunos de ellos, Euskadi los tomó como referencia para la elaboración de los suyos…,
Fue precisamente en ese tiempo, en el que, si consultamos las estadísticas del Ministerio español de Sanidad, comprobamos que se redujo  la tasa de abortos por mil mujeres entre 15 y 44 años en Canarias. Este indicador  bajó, en el periodo 2000-2004, de un 8,04 a un 6,23, mientras en el Estado  español subía de un 7,14 a un 8,94. Es decir, conseguimos bajar 1,81 puntos y ponernos 2,71 puntos por debajo del estatal.
Pero pasó el tiempo,  y en el año 2003 la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias tomó la irresponsable decisión de suprimir el Programa Institucional de Educación Afectivo-Sexual Harimaguada, acabando de esta manera con dos décadas de trabajo serio e innovador al servicio de la comunidad educativa canaria. Así mismo, el resto de recursos y servicios puestos en marcha por el Plan Canario de Educación y Atención a la Sexualidad Juvenil se han ido desmantelando, de forma progresiva, en la última década (consultas jóvenes, teléfono de información sexual, planes municipales, formación, campañas de sensibilización, etc.), y los pocos que resisten lo hacen gracias al empeño y voluntad de un grupo de profesionales. 
A partir de ahí, La Educación Afectivo-Sexual (EAS), en buena parte de los centros educativos, simplemente no ha existido.  En otros, ha quedado reducida a algunos temas de fisiología y anatomía.  Y, en demasiadas ocasiones, promovidas desde las instituciones o desde ONGs con apoyo institucional, encontramos intervenciones puntuales, limitadas a la población adolescente, con sesiones de “personas expertas” sobre métodos de prevención, en las que se indica lo que se debe y lo que no se debe hacer, o sobre aspectos muy concretos del ámbito afectivo y sexual. A la par, el modelo moralista ha avanzado, bajo el auspicio de la Iglesia, algunos medios de comunicación y algunas administraciones.
A partir de ahí, el modelo biográfico e integral de la EAS, como tarea conjunta y coordinada de todos los agentes sociales, basado en un concepto positivo del hecho sexual humano, de la diversidad sexual y de los vínculos afectivos, que busca que las personas se formen para vivir satisfactoriamente y sin riesgos su sexualidad, así como que sepan resolver sus necesidades afectivas, relacionales y de vinculación, en el marco de una ética relacional de igualdad, sinceridad, respeto y responsabilidad, se ha visto desplazado.

A partir de ahí, lógicamente, la realidad ha cambiado. Sencillamente, no se están dando, a nuestras niñas, niños y jóvenes, las herramientas necesarias para que puedan decidir sobre sus sexualidades, sobre sus cuerpos, sobre sus maternidades/paternidades, sobre sus vidas. Como ejemplo,  no hay más que revisar como la tasa de abortos por mil mujeres entre 15 y 44 años pasó, en Canarias, de 6,23 en el año 2004 a 12,79 en el 2012,  siendo especialmente preocupante el caso de las menores. En el año 2010 se contabilizaron en Canarias 17 abortos en menores de 15 años, en 2011 fueron 21 y en 2012, 32 abortos (0,53% del total, con un aumento de un 88,23% respecto al 2010). 
Ni siquiera la  aprobación de la Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo,  que aún con sus limitaciones, fue un relativo avance en el terreno de los derechos sexuales y reproductivos, pues reconocía la necesidad de la educación y atención sexual y reproductiva y concretaba las responsabilidades de los poderes públicos a la hora de garantizarlas, trajo cambios a esta dura realidad. Después de sus cuatro años de vigencia, las Administraciones no han desarrollado sus medidas preventivas.
A nivel estatal, la llegada del Partido Popular, en el año 2011, trajo consigo la puesta en marcha de un conjunto de contrarreformas que han supuesto un claro retroceso en los derechos sexuales y reproductivos, entre otros derechos democráticos básicos. La modificación que el gobierno del PP pretende realizar a la citada Ley Orgánica 2/2010 no solo atenta contra los derechos humanos y no va acompañada de medidas que contemplen la educación y atención afectiva y sexual, sino que va paralela a la aplicación de la LOMCE, en la que se promueve un modelo de educación sexista, clasista,  doctrinario y segregador,  y a la desaparición de los escasos recursos de atención a la salud sexual y reproductiva con los que contábamos.
En Canarias, mientras tanto, la Administración educativa canaria no ha querido hacerse eco de la vigencia de la ley de salud sexual y reproductiva, sino para decir que están en contra de que se suprima. Sencillamente, NO HAN HECHO NADA en relación a las medidas educativas y preventivas que, según  esta Ley, han de desarrollarse.
En febrero de 2014, el Parlamento de Canarias aprobó una Proposición No de Ley, a propuesta del Colectivo Harimaguada y apoyada por la Plataforma Aborto libre, legal, seguro y gratuito, en la que se Insta al Gobierno canario a que asegure la puesta en marcha de un conjunto de medidas que garanticen el desarrollo de una educación y atención sexual y afectiva con perspectiva de género y no heteronormativa en todos los niveles de la enseñanza, como tarea conjunta y coordinada de todos los agentes sociales implicados, y el acceso a los diferentes métodos anticonceptivos con garantía de gratuidad y facilidad de acceso.
Por ello,  llama poderosamente la atención que el pasado 8 de julio, cinco meses después, en ese mismo Parlamento, los mismos grupos políticos que aprobaron dicha PNL, hayan dado el visto bueno a una Ley Canaria de Educación que no contempla la Educación Afectivo Sexual en su articulado.
En Canarias “algo está fallando”. Y es que las políticas en materia de educación y atención a la sexualidad son prácticamente inexistentes o simplemente erráticas. No se están desarrollando medidas educativas y asistenciales, desde una perspectiva integral, para preparar a la población para que asuma de forma satisfactoria y responsable el hecho de ser sexuado.
La Ley Canaria de Educación era un buen instrumento para concretar las responsabilidades que la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva, aún vigente,  le asigna a la Administración Educativa en relación a la educación afectivo sexual, contrarrestando el tremendo retroceso que hemos sufrido en los derechos sexuales y reproductivos con las medidas desarrolladas por el PP y para atender a las demandas hechas al Gobierno Canario por parte del Parlamento Canario. Y, no menos importante, para contrarrestar las actitudes de desidia mantenidas en la última década, que nos han hecho retroceder un camino que se inició y que empezaba a dar sus frutos.
Pero no, la Educación Afectivo Sexual ni se nombra en la Ley Canaria de Educación. Y es que para priorizar las necesidades humanas frente a los intereses mercantiles y electorales, en las políticas puestas en marcha,  hay que ir más allá de las declaraciones, los gestos simbólicos y las fotos, hay que tener la voluntad y el compromiso necesario para dedicar muchos más recursos a los servicios públicos, y en concreto,  a la información, formación y atención afectiva y sexual en los ámbitos de la enseñanza, la sanidad y los servicios sociales, que garanticen los derechos sexuales y reproductivos de las personas. Y, una vez más, no ha sido así.

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