Pero es hipocresía: el
“cuaderno de quejas” de las Marchas por la Dignidad del sábado, 22 de marzo,
abunda en razones del deterioro a que induce.
Políticos hay tan preocupados por el “fracaso escolar”, que no se miran a sí
mismos para ver cómo destrozan el lenguaje y lo dejan inservible. Reclamar
ahora “DIGNIDAD” no es sino tratar de restituir autenticidad a “la democracia”.
Porque bien visto, parece que quisieran retrotraernos a una “democracia censitaria”,
en que unos pocos pongan todo tipo de obstáculos para que los más no sólo no
participen de los posibles beneficios de un estado social y democrático de
derecho, sino que se desinteresen de cuanto puedan afectarles los espacios y
tiempos de lo público. Sumados estos recursos a los de su posición de partida
privilegiada, sitúan a estos selectos en
posición inalcanzable y, a menudo, también irresponsable ante tentaciones de
desafuero. Por eso el día 22 se podrán ver y oír juntas muchas reclamaciones en
campos en que se ha tratado de torcer el sentido de lo fundamental, para
sustituirlo por sucedáneos de diverso valor tóxico. Esas reclamaciones de
DIGNIDAD son también extensibles a educación y, sobre todo, a la educación
pública, en que el mareo verbal es especialmente abusivo. Es verdad que esta
LOMCE no dice que empeora la escuela pública: sólo faltaría. Pero también lo es
que, tal como la plantea, reduce su DIGNIDAD debida y discrimina a su alumnado
respecto al de las vías privadas del sistema educativo. Decirlo y proclamarlo en la
calle no merece ser demonizado como “ideología” o “politización” –dos palabras
muy dignas en democracia-; sólo es desacuerdo absoluto con lo que hace este
Gobierno.
LA DIGNIDAD DEL ALUMNADO reclama que no sea la de la escuela una ocasión más para
estigmatizarle con diferencias selectivas, en loor de una elitización temprana
y con la bandera de la religión, el bilingüismo o el emprendimiento como
pretexto. Que aprender sea una oportunidad para completar el proceso de
hominización inteligente y no para entrenamiento repetitivo y esteril. Que el
saber es bastante más que un mero asignaturismo enciclopédico sin que las ideas
de La Enciclopedia asomen por lado alguno… Que las clases no son un acuartelamiento
masivo y homogéneo, sino un espacio para la acogida personalizada y el
tratamiento humanizador de las diferencias, cuando todos somos diferentes. Que
es una vergüenza el creciente triunfo del machismo escolar, como lo es el que
2.800.000 menores muestren a diario su pobreza hambrienta en nuestras escuelas.
LA DIGNIDAD DE LOS
PADRES Y MADRES exige que las edades más
tempranas sean las etapas educativas más cuidadas y se evite así una primera
selectividad; que la escuela no sea un espacio para el descarado negocio
privado en ninguno de sus tramos; que las becas y matrículas combinen
adecuadamente la justicia distributiva y no sean un instrumento más de
discriminación social ante el saber y la cultura; que su derecho a la
participación y control de los centros educativos no sea cortocircuitado por
medidas retóricas; que se frene y elimine el copago, otra forma más de
reproducción de la desigualdad de partida; que la escuela se desarrolle como
espacio comunitario y no como lugar de desencuentro o confirmación “de lo que
hay”…; que la gratuidad de la enseñanza se extienda claramente a todo lo
necesario hoy para estudiar.
LA DIGNIDAD DE
PROFESORES Y MAESTROS plantea que su trabajo sea
entendido y atendido como bien imprescindible en un país con sentido democrático
de futuro; que como tal sea tratado en cuanto a exigencia de formación inicial
y permanente de sus candidatos; y lo mismo haya de ser en cuanto a mérito y
prestigio social. Que no sea el suyo el primer eslabón constante de rebajas salariales
y expulsión del sistema laboral. Que su trabajo en clase permita la labor
educativa, tanto por el número proporcionado de estudiantes, como por los
medios dispuestos para facilitar la inclusión de todos los alumnos. Que se
reconozca y revise de continuo ese trabajo cotidiano bien hecho, se distinga
del meramente rutinario o nefasto y no se fíe a mero control rutinario externo,
desconfiado y ajeno a la personalización de los procesos de aprendizaje. Que
cada profesional de la enseñanza se integre en la gestión compartida del
centro, como una pieza imprescindible más, en continua reflexión cooperativa
con los demás compañeros… Que se valore de modo especial, su labor integradora
e inclusiva.
LA DIGNIDAD DE LA
CONSTITUCIÓN -al ser mal atendidas estas aspiraciones
básicas para una más DIGNA educación-, no parece bien parada con la LOMCE. Si
fuera de otro modo, no hubieran menudeado ante el Tribunal Constitucional las
apelaciones de la oposición en estos días pasados. Como toda norma jurídica, la
nueva ley educativa ha de interpretarse en conexión con la Ley fundamental, cuyo cumplimiento no se
compadece bien tan sólo con que que no diga que vaya a deteriorar más la enseñanza
pública. La LOMCE viene exigida, en positivo, a favorecer y desarrollar, por
ejemplo, la existencia de un “Estado social y democrático de derecho, que
propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la
justicia, la igualdad y el pluralismo”
(artc. 1.1). Entiende la Carta Magna, además, que “los españoles son
iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna” (artc.14)
y, en ese contexto propicio a la DIGNIDAD educativa de todo ciudadano, exige,
como primera providencia, que “los
poderes públicos garanticen el derecho de todos a la educación (artc. 27.5). En
consonancia con estos ingredientes básicos, la DIGNIDAD de la Constitución
requiere –y es de desear que así lo vean los miembros del TC, aunque no lo
hayan querido ver ni el Congreso ni el Senado de la presente Legislatura- dejar
claro que lo que dice en los artcs. 9.2, 14 y 27.2 no propicia la segregación
de colegios por razón de sexo como pretende esta LOMCE. Que la recta lectura de
cuanto la Constitución dice, no sólo en los citados artículos 1.1, y 27.5, sino
también en los 9.2, 10.1, 27.2 y 27.7, no es contradictorio con lo que
preceptúa la LOMCE en cuanto a la irrelevancia en que sume la participación de
padres, profesores y alumnos en la gestión y control de los centros educativos.
Que la selección del alumnado que propicia la nueva ley educativa, no
contraviene lo que el reiterado artc. 27.5 de la norma suprema establece. Que
la separación de los alumnos a edades tempranas, para desviarles hacia
itinerarios inadecuados y diferenciados del currículum normativo, no casa con
lo que nuestra Constitución dice –además del primordial artc. 1.1- en el 27.1, 81.1 y, sobre todo, el 53.1. Y, dentro
de esta gama de dudas que esta nueva norma propicia acerca del aumento de la
discriminación entre alumnos menores de 16 años, el alto Tribunal también deberá
esclarecer si es o no así, respecto al ambiguo artc. 27.2, la fórmula
curricular que quiere la LOMCE, con alumnos que estudien Religión mientras
otros colegas estudian valores éticos, privando a los primeros de saberes y
actitudes educativas que cuentan con pleno respaldo en la Unión Europea. Acerca de todo esto, por no decir más –como
en Canarias, Cataluña o el País Vasco, desean- , ha de resolver el alto
tribunal y desmentir los indicios que ofrece esta nueva ley de que vacía de sentido la escuela pública a
que dio ser la Constitución de 1978.
Ello, por otra parte, no resuelve la poca DIGNIDAD que los redactores de tal norma han
concedido al saber pedagógico y didáctico contrastado. Éste ha avanzado lo
suficiente como para dejar en entredicho las presuntas “mejoras” que la LOMCE
dice acarrear sin que se sepa en nombre de qué, pues ni lee correctamente los
informes que le sirven de pretexto. En puridad, la versión dignificadora de
una educación igualadora y no
discriminatoria -que parece propiciar el articulado de la Constitución- siempre
ha sido objeto de restricciones cuando los gobernantes actuales han tenido
ocasión en el pasado. Y en lo que va de legislatura, han incrementado sus
esfuerzos de jibarización de las prestaciones debidas para el logro de esa
DIGNIDAD educativa a que tiene derecho todo ciudadano, acercándose ya a los
6.000 millones descontados. Con tales antecedentes, si bien la LOMCE no dice
expresamente que vaya a deteriorar la Escuela Pública, arroja sobrados indicios
de que, de aplicarse tal como ha sido mandada aprobar en el Congreso de
Diputados, limitará sensiblemente el contenido democrático que le marca la
Constitución. Transformada en mera fórmula subsidiaria de las otras dos redes
del sistema, todo indica que aumentará su acelerado deterioro -por hurtarle los
medios adecuados para atender los crecientes problemas cuya solución se le
encomienda. El agrandamiento de la asimetría social entre unos y otros
ciudadanos –difícil de saldar más allá de las oportunidades que brinda la
escuela- será de este modo más grave.
POR DIGNIDAD, por tanto, los manifestantes del día 22 de marzo tienen razones
sobradas para no resignarse y exigir que los actuales responsables del
Ministerio de Educación sean los primeros en solicitar la retirada de la LOMCE.
Sólo ellos han querido su existencia, tras un más que inquietante
proceso en soledad y al margen de las necesidades reales de la educación
española. La DIGNIDAD representativa, la rectitud del lenguaje –especialmente
cuando de “mejorar” se habla-, y la DIGNA atención a que tienen derecho los
ciudadanos, exigen otros mimbres para construir una escuela democrática que “mejore”
de verdad lo conseguido en los últimos 44 años.
Madrid, 20/03/2014
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