#YoTambienEstuveEnElBuero
En esta página recopilamos información sobre los 4 docentes y un activista a los que piden penas de 4 años de carcel por su participación en las protestas por la educación pública que tuvieron lugar en Guadalajara en septiembre de 2011.
No debemos de cesar en una intensa movilización en defensa de nuestros compañeros y en contra de los recortes y de la privatización de la educación pública. “Defender la educación pública no es un delito, el delito es convertirla en un negocio”
Fue a principios de este curso escolar, cuando el movimiento en defensa de la educación pública tenía una fuerza impresionante, celebrando asambleas de trabajadores de más de 600 asistentes, cuando una histórica manifestación en contra de los recortes y de la privatización encubierta de la educación acabó en el Teatro Auditorio Buero Vallejo, en el cual se estaba celebrando el pregón de las fiestas. En este, anteriormente, trabajadores municipales habían manifestado sus reivindicaciones, y de igual modo unos 500 profesores expusieron las suyas. Parece ser que este hecho no sentó nada bien aquellos que piensan que la educación concertada católica es el arma infalible para combatir el fracaso escolar. Así, no han tardado en imponer medidas represivas en contra de este movimiento, medidas tan drásticas que se asimilan mucho a las de regímenes anteriores que quizás añoren.
A continuación la explicación y análisis de este intento de criminalización de la marea verde realizado por la asamblea de docentes de Guadalajara:
LOS HECHOS:
- Durante la semana anterior cinco compañeros han recibido denuncias sobre los hechos que ocurrieron el 7 de septiembre en el Teatro Auditorio Buero Vallejo, citándoles a declarar el 6 y el 10 de febrero en los juzgados.
- Se les denuncia por un delito de DESOBEDIENCIA/RESISTENCIA A LA AUTORIDAD. Está dentro del apartado de atentados contra la autoridad, pero si sólo se les denuncia por esto la pena sería inferior, entre 6 meses y tres años:
Artículo 556.
Los que, sin estar comprendidos en el artículo 550, resistieren a la autoridad o sus agentes, o los desobedecieren gravemente, en el ejercicio de sus funciones, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un año.
- Los compañeros aún no están acusados de nada, después de hacer sus declaraciones y con las distintas pruebas que se presenten, será el juez el que decida si se les imputa algún delito o no.
- La fecha de la cédula de citación es el 21 de noviembre (justo el día después de las elecciones del 20-N).
EL ANÁLISIS
Lo que sucedió en el Buero Vallejo sucede continuamente en toda clase de protestas. Lo vemos todos los días en la televisión: los Mossos en Catalunya, la ocupación de edificios gubernamentales la semana pasada en la Comunidad Valenciana y el bloqueo de los accesos a las cárceles por los funcionarios de prisiones de Catalunya… De hecho, en Guadalajara, no es la primera vez que se interrumpe el pregón. Ya ocurrió hace varios años cuando gobernaba el PSOE.
En estos casos lo normal, hasta ahora, era que no sucediera nada o, en algunos pocos casos, se impusiera alguna multa. Se daba prioridad al derecho de libertad de expresión sobre el derecho a, por ejemplo, escuchar íntegramente un pregón.
Desde nuestro punto de vista consideramos que en el Buero Vallejo no se cometió ningún delito, es un ataque político contra el movimiento en contra de los recortes. A través de la represión intentan mandar el mensaje de que protestar tiene consecuencias. Esto no es nada nuevo, en la Comunidad de Madrid los compañeros que fueron a votar con camisetas verdes, ahora se enfrentan a juicios que podrían suponer penas de entre tres meses y un año de cárcel o la FAPA Giner de los Ríos, que se enfrenta a una denuncia por fraude fiscal por vender camisetas verdes. En el futuro se van a aplicar medidas de recortes en los servicios sociales y en las condiciones laborales, probablemente como nunca antes en la historia de la democracia, con acciones como estas denuncias se pretende que la gente tenga miedo a salir a la calle a protestar y así poder implementar las medidas antipopulares con mayor facilidad.
Consideramos que incluso la fecha en la que se elaboro la cédula de citación, el 21 de noviembre (justo el día después de las elecciones y dos meses y medio después de los hechos), es todo un mensaje de que a partir de ahora las cosas van a cambiar. No en vano, el gobierno español ha hecho la mayor compra de material antidisturbios en la historia de la democracia (BOE-b-2011-43038 del 31/12/2011).
Es imprescindible el apoyo total a los profesores que lucharon y siguen luchando por defender la educación pública. Todos estuvimos en el Buero y todos luchamos por la educación pública de calidad. Educación pública que quieren vender, eso sí una venta que pretende ser salvaguardada por la moral de la iglesia católica.
No debemos de cesar en una intensa movilización en defensa de nuestros compañeros y en contra de los recortes y de la privatización de la educación pública.
“Defender la educación pública no es un delito, el delito es convertirla en un negocio”
“NI recortes , ni represión, yo también estuve en el Buero.”
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