LA PLATAFORMA REGIONAL POR LA ESCUELA PÚBLICA DENUNCIA QUE ESTÁ RECIBIENDO QUEJAS PORQUE CIERTOS RESPONSABLES POLÍTICOS ESTÁN INTENTANDO BOICOTEAR LA CONSULTA CIUDADANA POR LA EDUCACIÓN. ESTE COMPORTAMIENTO EN CONTRA DE LA DEMOCRACIA, QUE DENOTA ADEMÁS EL MIEDO AL MASIVO APOYO QUE ESTÁ COSECHANDO LA CONSULTA, SERÁ DENUNCIADO ANTE LAS INSTANCIAS OPORTUNAS.
La Plataforma Regional por la Escuela Pública denuncia que está recibiendo quejas porque ciertos responsables políticos, que están al frente de Ayuntamientos, están intentando boicotear la Consulta Ciudadana por la Educación, haciendo todo lo posible para impedir que se instalen las mesas de consulta. A las comunicaciones que están realizando los ciudadanos para poner en marcha las mesas, se están recibiendo respuestas de todo tipo, que llegan incluso al absurdo cuando se esgrime que se tienen que presentar seguros de Responsabilidad Civil para poner las mesas o que no se puede responder porque se tiene mucho trabajo en el Ayuntamiento o Junta Municipal respectiva. No existe ningún motivo que justifique una negativa municipal a la instalación de una mesa de consulta, salvo que se ocupe la vía pública impidiendo el paso de transeúntes o vehículos. Dichas negativas pueden y deben ser recurridas, para lo que se debe acudir a las organizaciones promotoras de la consulta en cada territorio y exponer el caso concreto.
También se reciben quejas porque desde la Consejería de Educación se está presionando a equipos directivos de centros donde se han puesto en marcha las mesas para que las quiten, a lo que se suma que algunos de ellos no necesitan recibir dichas consignas, ya dificultan la puesta en marcha de cualquier acto democrático sin que nadie se lo pida expresamente. Las organizaciones promotoras de la consulta ya indicaron que las mesas se pusieran en el exterior para evitar la intervención de las Administraciones educativas, que en el caso de la Comunidad de Madrid están en manos del Partido Popular y que, desde hace años, muestra actitudes poco democráticas con la Comunidad Educativa en su conjunto. No obstante, no deja de ser sorprendente que se trate de impedir el uso de los centros públicos para que los ciudadanos realicen un acto plenamente democrático y, sin embargo, se permitan actos de exaltación del fascismo (como ha sucedido en Quijorna) o de ocupación por entidades religiosas para actividades privadas (como ocurrió con la JMJ).
Todos estos actos están siendo puestos en manos de los servicios jurídicos y tendrán respuesta legal. La Consulta Ciudadana por la Educación sigue adelante y será un éxito a pesar de todas las actuaciones ilegales que cosecha en su contra.
Madrid, 3 de octubre de 2013
www.escuelapublica.org
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