Víctor Alonso Rocafort
Este jueves 24 de octubre se ha convocado a trabajadores y estudiantes de todos los niveles educativos a una huelga. Los estudiantes la están sosteniendo desde el martes. Los motivos que la impulsan, además de variados, son abrumadores y contundentes. Son escandalosos.
En el caso de la Universidad, lo que muchos venimos denunciando al menos desde el Informe Universidad 2000 –que vimos refrendarse poco a poco en la Ley Orgánica de Universidades, en el Plan Bolonia y en la Estrategia Universidad 2015– se está materializando en diversos frentes de forma acelerada y en cuestión de meses. Hay un cambio brusco de modelo educativo en marcha que, como en otros sectores, se implanta aprovechando la situación de crisis económica mientras se ha ido madurando durante años desde el bipartidismo imperante.
Como profesor de la Universidad Complutense, ya he anunciado este jueves a mis estudiantes que no iré a clase. Haré huelga y estaré manifestándome en las calles de Madrid. A continuación expongo mis motivos principales.
La subida de tasas universitarias en Madrid conlleva que en mi facultad un estudiante de Ciencias Políticas pague 1.620 euros por su primera matrícula. Hace dos años pagaba 708. De media, en toda la Comunidad de Madrid, los precios públicos han subido un 65% acumulado desde 2011, pero la subida afecta más a unas carreras que a otras. De suspender, el precio del crédito se pone en 60 euros en segunda matrícula; y en 113, la tercera. En cuarta y sucesivas: 151 euros. Es decir, una asignatura como la que yo doy en Grado, de 6 créditos, le puede llegar a costar a un alumno 906 euros.
Esta subida de tasas no es exclusiva de la universidad. Para Formación Profesional, la matrícula ha subido un 122% en un año: de 180 euros a 400.
La clase que he cancelado para el jueves es de un máster oficial, no habilitante profesionalmente, que a los estudiantes les cuesta 3.900 euros. Hace un par de años se pagaban 1.500.
Esto se explica porque en 2011 el crédito mínimo de un máster en Madrid estaba en 25 euros, y el año pasado lo subieron a 65 en primera matrícula; y a 97 euros, en segunda. A la vez, impusieron una norma: que los estudiantes debían sustentar la mitad del coste del máster. Es decir, que, como el que yo imparto es barato, podemos agradecer que “solo” se paguen 3.900 euros. Y es que nos encontramos con ejemplos de universidades públicas que han cobrado hasta 23.000 euros de matrícula a sus alumnos y alumnas –caso del Máster en Dirección y Administración de Empresas, de dos años, en la Carlos III–.
Al mismo tiempo, el Gobierno recorta en becas mientras favorece el endeudamiento de los estudiantes con los bancos al apostar por las eufemísticamente llamadas becas préstamo.
En concreto, para recortar, el ministro José Ignacio Wert ha impulsado un cambio en las condiciones de acceso que está dejando sin beca a miles de estudiantes. La nota media requerida para estar exento del pago de la matrícula ha subido al 5,5, y se exige el 6,5 para otras ayudas económicas. Es bueno saber que con un 5,5 puedes acceder al 61% de las titulaciones públicas. Simultáneamente, se incrementa el porcentaje de aprobados exigidos para mantener la exención de la matrícula el curso siguiente (el 90% en Ciencias Sociales y Humanidades; 65% en ingenierías).
Además de la beca de matrícula hay unas cuantías fijas por residencia y renta, así como otras variables indeterminadas. Las primeras se rebajan a 1.500 euros, cuando el año pasado alguien fuera de su comunidad podía recibir por este concepto hasta 6.900 euros. El Estado ya ha reclamado a más de 20.000 estudiantes convertidos en morosos que devuelvan las becas de este tipo que les entregaron el año anterior por no cumplir el requisito de aprobar, al menos, la mitad de las asignaturas matriculadas.
Como en el caso de las tasas, estas medidas atentan contra la igualdad de oportunidades: quien más tenga podrá sacar la nota que quiera. Estudiará. Y quien no disponga de suficientes recursos se quedará seguramente fuera. La elitización de la Universidad viene clara y en botella.
Pero yo no solo protestaré por estar quedándome sin los estudiantes procedentes de las clases populares. A los profesores tampoco nos va mejor.
En la actualidad cobro 974 euros netos. Mi contrato indica que estoy a tiempo parcial, lo que también influye en mi cotización a la Seguridad Social –he de trabajar tres años para cotizar uno–, pero mi dedicación docente e investigadora real es completa. Así son las exigencias de mi puesto y de la carrera académica.
Además de los 18 créditos lectivos, tengo prácticas que supervisar, tribunales en los que estar y diversas investigaciones que desarrollar. Cinco años después de doctorarme, con libros y artículos nacionales e internacionales publicados, con excelentes evaluaciones docentes cada año a mis clases, estoy sustituyendo a una profesora en excedencia que puede regresar en cualquier momento. Entonces volveré al paro. En la Universidad Complutense, prácticamente la mitad de la plantilla docente somos profesores no permanentes. Incluso hay varios acreditados a profesor funcionario titular, con currículos estratosféricos, para los que tampoco hay plaza.
Y es que el recorte de presupuesto destinado a universidades afecta directamente al personal. La tasa de reposición de las jubilaciones es del 10% entre el personal docente e investigador. Peor están entre el personal de administración y servicios: es cero. La tradicional estructura jerárquica de la universidad también juega contra nosotros. Así, en la Complutense se prevé convertir plazas de profesor funcionario titular a catedrático con este margen. Los “progresistas” responsables del Rectorado no piensan en crear plazas fijas para que opten los no permanentes. Spain is así.
La privatización es un hecho ya en nuestras universidades. En realidad todo bebe del mismo diagnóstico neoliberal, fuente de tantos males: no hay recursos para financiar la universidad, de ahí la subida de tasas, los recortes, etc. Y de ahí también el intento de introducir la filantropía, o la búsqueda de financiación privada para las investigaciones. En este caso, el hecho de que cada vez más empresas sustenten la investigación universitaria representa un ataque directo a la libertad investigadora. ¿Alguien propondrá a la cátedra Repsol un estudio sobre los perniciosos efectos del petróleo sobre el medio ambiente? ¿Habrá finalmente máster en economía marxista financiado por el Banco Santander?
Recordemos que las reformas en marcha han sido siempre antidemocráticas, es decir, no han consultado jamás a la comunidad universitaria, y sí a los grandes empresarios. El último informe para la reforma universitaria contaba con ocho profesores… y un banquero del Santander. Están imbuidas profundamente del dogma triunfante: todo responde a un problema de financiación porque dan por sentado las bondades de reducir cada vez más el gasto público.
Con esta mentalidad de fondo, se entiende que en Madrid ya tengamos 8 universidades privadas por 6 públicas. Pero la privatización también se cuela en lo que, de nuevo eufemísticamente, denominan externalización de servicios. En nuestra universidad pública convivimos con trabajadores a sueldo de “empresas buitre”, que recortan en salarios y aumentan en horas, mientras despiden cuando pueden. En el caso de la Complutense, estamos sufriendo este hecho en servicios como la cafetería o la limpieza. Y la única reacción del Rectorado es extender una instrucción donde literalmente se lava las manos.
Por último, las comunidades autónomas mantienen ingentes deudas con las universidades. En Madrid, por ejemplo, hemos sabido recientemente que la Comunidad debe 509 millones de euros a las universidades públicas. A la Complutense le debe 221 millones. Pero no los pagan. Y nadie les manda antidisturbios armados hasta los dientes para que lo hagan.
Y esta es, en resumen, la batería principal de motivos que me llevan el 24O a la huelga, sin contar con los que mueven al resto de los niveles educativos, y a la espera aún de ver en qué se materializa el informe Wert de cara a una reforma universitaria que el Gobierno pretende sacar adelante la próxima primavera.
La universidad pública precisa de una profunda reforma. Como decía, es más propia de tiempos feudales que del siglo XXI. El caciquismo y la endogamia campan a sus anchas. El triunfo tecnocrático arrincona cada vez más no solo a las Humanidades, sino a la visión de la Universidad como un centro esencial en nuestra formación cívica. La falta de recursos, víctima de un sistema fiscal cada vez más regresivo y del pago de la deuda pública a los grandes acreedores, nos aprieta cada vez más fuerte, nos ahoga.
Pero todavía queda algo de ese espacio en el que estudiantes y profesores procedentes de diversas clases sociales se juntan a leer, dialogar y pensar juntos. En el que algunos trabajadores gozan de mínimas protecciones laborales. Eso es lo que debemos defender, y a partir de ahí ser capaces de construir una universidad pública más democrática, digna e inclusiva. Ideas para ello no nos faltan.
En 1988 una huelga educativa de casi un mes logró la dimisión del ministro José María Maravall. Echar a Wert, y a partir de ahí paralizar las medidas que afectan a las tasas, las becas, la precarización de los trabajadores, los despidos o las privatizaciones, es un sueño que podemos lograr únicamente si hacemos de estas jornadas algo histórico.
Como escuché recientemente a un amigo, nuestros problemas individuales solo tienen solución desde la lucha colectiva. Lo miremos por donde lo miremos. Así que, a por ello.
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