Llegamos al final de un curso intenso y plagado de acontecimientos de inusitada trascendencia. Amenazas al sistema educativo, que venían de largo, han cobrado realidad con un ritmo y dureza impensables hasta ayer. Pero también ha sido sorprendente la masividad y perseverancia del movimiento en defensa de la Enseñanza Pública, protagonizado por amplios sectores del profesorado y de la población. La “marea verde” se ha extendido por todos los rincones del país y es un activo muy valioso como punto de apoyo para encarar las batallas, aún más duras, por venir. Hay una experiencia de lucha y unidad que nos permitirá, en la próxima ocasión, no partir desde cero ni repetir -esperemos- los mismos errores.
Su origen y mayor desarrollo lo tuvo en la Comunidad de Madrid, de ahí que sea en ella donde los escasos resultados obtenidos han suscitado una viva discusión en torno a los aciertos y debilidades de una movilización tan importante y constante. Algunos seguimos pensando que en su momento, dada la amplitud de las fuerzas movilizadas y la coincidencia con un periodo preelectoral, fue posible echar atrás, en todo o en buena parte, la agresión que Esperanza Aguirre y su consejera Lucía Figar habían orquestado contra la enseñanza pública, con el fin de constituirse en ejemplo y referencia para el gobierno central y el resto de Comunidades Autónomas. El cansancio por un largo proceso de huelgas intermitentes, el aislamiento del conflicto y, finalmente, el callejón sin salida al que llevó el señuelo de una negociación ficticia, terminaron por malograr ese primer pulso. A estas alturas de la historia, sin menospreciar la utilidad de las experiencias acumuladas y de los diferentes balances que podamos hacer, se trata de agua pasada. En todo caso, mirando a lo que se nos viene encima, resulta estéril instalarse en el lamento de lo que pudo haber sido y no fue o esperar que se reproduzcan, sin más, situaciones y condiciones anteriores.
Ahora pasamos por otro momento. Con un país al borde de la intervención directa desde el FMI, la UE y el BCE, y un gobierno que ya obra a su dictado sin reparar en medidas “antipopulares”, nos enfrentamos, también en la enseñanza, a una situación nueva, en continuidad con la anterior, sin duda, pero con distinta dimensión y alcance.
Al poco de aprobar los Presupuestos más “austeros” en muchas décadas, el anuncio por parte del gobierno de un “ahorro” suplementario de 10.000 millones de euros en educación y sanidad, ya se ha empezado a traducir en severos recortes en todos los capítulos, incluidos aquellos que son esenciales para el mantenimiento de esos servicios públicos con mínimas garantías de equidad, eficacia y calidad.
En lo que a la enseñanza se refiere, los necios eufemismos del gobierno difícilmente pueden ocultar el panorama que se está preparando para septiembre, esta vez, a escala estatal. Desde instancias sindicales, plataformas y organizaciones relacionadas con la enseñanza, se han descrito suficientemente las graves consecuencias que entraña el cúmulo de recortes anunciados. Y sabemos, por la reciente experiencia de sobresaltos diarios, que no se ha agotado el amplio margen que este gobierno, y cada uno de los gobiernos autonómicos, se conceden a sí mismos para la improvisación y las particulares ocurrencias, al ritmo de las incesantes imposiciones marcadas desde fuera.
Aún así, podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que las medidas todavía en cartera o por concretar redundarán, además de las ya anunciadas pérdidas en retribuciones y poder adquisitivo, en más despidos de interinos y disminución de plantillas, eliminación de recursos internos y programas compensatorios, aumento de las horas lectivas para el profesorado y de las ratios de alumnos por aula,…, en definitiva, en un ataque sin precedentes a las condiciones profesionales de los docentes y, a la vez, en un acelerado deterioro del sistema público de educación.
Que nadie se engañe, no se trata de un retroceso coyuntural debido a la “crisis”, sino que ésta se está utilizando como pretexto para empujar a la enseñanza pública hacia un camino sin retorno de degradación y marginalidad. La ocasión la pintan calva para profundizar en las desigualdades ya asentadas en el sistema y establecer de forma más clara un marco educativo discriminador y selectivo. Se trata también de una batalla ideológica: desarmar de una vez por todas la conciencia social de que la educación es un derecho ciudadano y un servicio público, que no debe verse supeditado a las leyes de la rentabilidad o de la oferta y demanda del mercado, como propugnan los ideólogos neoliberales. Al igual que con respecto a cualquier otro bien, el acceso a la enseñanza estará cada vez más restringido y vendrá determinado por la posición económica y social.
De manera inmediata, las exigencias impuestas en nombre del rescate bancario, del aumento de la deuda pública y del compromiso adquirido de “control del déficit”, van a traer aparejados nuevos y mayores recortes en el gasto público. Los planes en curso apuntan a sumirnos en una verdadera espiral de regresión social y de involución democrática. La ingente acumulación de capital y los beneficios desorbitados de unos pocos exigen como contrapartida el arruinar a millones de familias y despojar a los ciudadanos de a pie de todo derecho y garantía. Sólo una decidida resistencia de la inmensa mayoría que se ve afectada en sus condiciones más elementales de vida y trabajo -de simple supervivencia en muchos casos- puede frenarlos.
Por eso, todas las justas reivindicaciones, que surgen desde cualquier ámbito sectorial, no tienen más remedio que trascender sus propias limitaciones y sumarse al movimiento en ciernes de Huelga General, seria y efectiva, que ponga sobre el tapete la fuerza de esa mayoría ciudadana que se niega a pagar en propia carne las estafas multimillonarias que han urdido desaprensivos especuladores de fuera y de dentro.
La defensa de salarios y pensiones, de los servicios públicos y de las prestaciones sociales, todos ellos en grave peligro, puede ser el aglutinante que logre la unidad y la fortaleza necesarias para hacer retroceder a los gobiernos y a las mafias internacionales. Y no sólo en nuestro país. Hoy se extiende la conciencia de que, junto a los países ya sometidos a deudas impagables y planes de ajuste que los llevan al desastre, es el conjunto de los pueblos europeos los que ven cernerse sobre ellos un retroceso global e histórico sin parangón y la necesidad, por tanto, de plantearse la defensa en común. De ahí que la perspectiva de una Huelga General a escala europea, lejos de ser un brindis al sol, empieza a ser considerada como un recurso de mayor efectividad -ante los gobiernos y las instituciones antidemocráticas- que las sucesivas y vanas reuniones en las que estos andan enredados.
Las organizaciones sindicales y políticas, que dicen defender a los trabajadores, tienen la responsabilidad y capacidad de contribuir decisivamente a esa dinámica latente hacia la Huelga General en todos los sectores y a todos los niveles, pero hasta ahora no han mostrado más que vacilaciones, “comprensión” con los gobiernos por el “momento difícil” actual (como si la crisis hubiera caído del cielo) y ambiguas propuestas de negociación. Con las manifestaciones del 20J parece que quieren aplazar para un “otoño caliente” toda iniciativa de acción. Sin embargo, es más que probable que las nuevas y sangrantes medidas que tienen en mente los de arriba no entiendan de plazos ni treguas.
En cualquier caso, y empezando por lo más cercano, ese urgente proceso de confluencia y unidad, no puede sino alimentarse de las propias dinámicas surgidas en los desarrollos reivindicativos que brotan por todas partes. Los mineros de Asturias, Teruel, León,… han marcado el camino: su huelga general, contundente e indefinida, ha logrado arrastrar a todos los sectores productivos y al conjunto de la población de comarcas enteras, que ven peligrar su inmediato porvenir. Ahora vienen a Madrid para plantear sus reivindicaciones, que se resumen en el derecho al trabajo y al salario y que coinciden con las de la mayoría, ante los centros de decisión (el gobierno y las Cortes), buscando el apoyo del resto de los trabajadores. Es una ocasión para unir fuerzas al proceso de Huelga General que ellos han iniciado.
Aunque nadie puede predecir cuándo y dónde puede producirse la chispa que prenda la indignación social generalizada, la acción de los mineros constituye el referente más serio y próximo, frente a las políticas que dejan pasar una medida tras otra y aplazan hacia un futuro incierto las respuestas necesarias. Como mínimo, la manifestación expresa de solidaridad y apoyo a los mineros, que vienen a Madrid para quedarse hasta lograr una solución a sus demandas, es una iniciativa a difundir entre todos los sectores en lucha, empezando en nuestro caso por las asambleas y movimientos en defensa de la enseñanza.
Debemos permanecer atentos para sumar, en cualquier momento, la capacidad de movilización demostrada en nuestro sector a un plante generalizado de la ciudadanía, no podemos hacer dejación de nuestra propia responsabilidad. Hay motivos más que suficientes para que, llegado el caso, la defensa del derecho a la educación ante ataques de tan amplio espectro pueda convertirse también en uno de los motores decisivos de una auténtica Huelga General. La idea de que, en las condiciones actuales (con miles de interinos en la calle y los centros en condiciones de máxima precariedad), “no se inicia el curso” empieza a calar entre muchos profesores, padres y alumnos. La experiencia nos dice que, de aceptar la puesta en marcha del nuevo curso en todos sus niveles y bajo el lastre de los recientes decretos y las próximas medidas, las protestas “verdes” a toro pasado tendrán escasa o nula incidencia. Que esa idea no quede en una propuesta retórica -o simple moratoria sin compromisos- depende de que desde ahora se vayan dando pasos serios en su preparación y organización, conscientes de que, esta vez, la paralización del sistema educativo ha de tener dimensión estatal y no debe limitarse a un paro testimonial.
