El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León reconoce, en una sentencia pionera, que no dar la posibilidad de titular la ESO a una alumna con discapacidad intelectual supone una vulneración de sus derechos fundamentales.
Irene González Magdaleno tiene síndrome de Down, además de otros problemas de salud asociados (problemas de visión, escoliosis) que elevan su grado de discapacidad por encima del 65%. Pero también, a lo largo de sus 20 años, ha tenido unas ganas enormes de aprender y de vivir, y por eso ha sido siempre una excelente estudiante. Durante toda la escolaridad obligatoria, en Cuéllar (Segovia), casi siempre sacó notables y sobresalientes, pero al acabar 4º de la ESO en su instituto le comunicaron que no iba a graduar. La razón que le dieron: esas buenas notas se debían al hecho de que había cursado algunas asignaturas con adaptaciones curriculares significativas y que, por tanto, no daba el nivel.
Para Irene el título de la ESO no es un capricho ni un trofeo con el que decorar la pared, sino que lo necesita para acceder a la que le gustaría que fuera su próxima etapa formativa, un grado medio de administración. Pero para acceder a un ciclo formativo necesita la ESO y, como no la tiene, ahora mismo está cursando una FP Básica de electricidad, que es la única oferta formativa para esta etapa de formación postobligatoria que tenía a su alcance en Cuéllar. «Este año lo ha cursado todo sin adaptaciones y ha aprobado todas las materias troncales», añade su madre, Chus Magdaleno. Irene sabe que jamás será electricista, pero sigue demostrando que le gusta estudiar.
La perversión del sistema
Cuando los padres de Irene supieron de la negativa del centro a concederle el graduado le respondieron lanzándole un órdago: “Si el problema son las adaptaciones curriculares significativas, pues que repita el curso con adaptaciones curriculares no significativas”. Pero la dirección se negó. Entonces la familia recurrió a la dirección provincial de Educación, que avaló la decisión del centro, y a partir de aquí se inició el litigio judicial que la semana pasada desembocó en una sentencia pionera de la sala del contencioso administrativo del TSJ de Castilla y León. Según la sentencia, la decisión de no permitirle realizar la ESO por su cuenta supone una vulneración de los derechos de la estudiante y una discriminación, y el hecho de que las adaptaciones sean un impedimento para obtener el título es una perversión del sistema.
«La Administración –apunta la sentencia 172/2019, de 24 de junio de 2019– al concluir que, pese a que se aprobaron todas las asignaturas con adaptaciones curriculares significativas, no se habían alcanzado las competencias básicas y objetivos de la etapa, convirtiéndose dichas adaptaciones, al no haberse permitido la renuncia a las mismas, en un obstáculo o limitación para dicha titulación, es por lo que dichas adaptaciones han venido a significar de facto una discriminación que ha impedido a la alumna alcanzar los objetivos y la titulación correspondiente a dicha etapa, por lo que se ha de convenir que con ello se provocan unos efectos perversos de las citadas adaptaciones curriculares que
se han convertido no en una medida para obtener una educación inclusiva».
Así, el tribunal confirma la posición de la fiscalía, que en este asunto se puso del lado de la familia. “La fiscal hizo un informe demoledor, en el que venía a decir que si la permites estudiar con adaptaciones y no titulas, y luego no la permites estudiar sin adaptaciones la estás abocando a un callejón sin salida porque no va a conseguir el título haga lo que haga”, recuerda Magdaleno.
Camino del Supremo
¿Significa esto que, según el tribunal, las adaptaciones curriculares no deben ser un impedimento para la titulación?, ¿o significa que la vulneración de derechos se produce solamente porque no se le permite repetir curso sin adaptaciones? “Hemos pedido varias aclaraciones sobre la ejecución de la sentencia, el tribunal confirma que se ha vulnerado un derecho pero no cómo se repara el daño causado”, comenta Magdaleno. Con todo, es bastante probable que el asunto acabe en el Tribunal Supremo, bien sea porque la dirección provincial presente recurso o porque lo haga la familia, puesto que había pedido que el tribunal se pronunciase directamente a favor de la concesión del título y en este punto falla en su contra.
La sentencia establece que la resolución de la Consejería no es conforme a derecho, por vulneración del derecho fundamental a la educación en igualdad de condiciones, pero la pretensión última de Magdaleno es que la Justicia reconozca sin ambages lo que establece el artículo 22.7 de la Ley Orgánica de Educación (LOE), y que sigue vigente ya que no fue derogado por la LOMCE: “Las medidas de atención a la diversidad que adopten los centros estarán orientadas a la consecución de los objetivos de la educación secundaria obligatoria por parte de todo su alumnado y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente”.
La advertencia de Naciones Unidas
De hecho, uno de los puntos del informe elaborado hace un par de años por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, en relación al cumplimiento por parte de España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, era precisamente el de la titulación. Entre muchas otras críticas y aspectos que mejorar, el Comité no dudaba en calificar de injusto que en España se permita que muchos alumnos que finalizan la ESO con adaptaciones curriculares “no obtengan la misma titulación que sus compañeros”.
En este sentido, hace unos meses unos padres de Sant Boi (Barcelona) con una problemática similar iniciaron una recogida de firmas a través de change.orgpara que el Gobierno apruebe una legislación que reconozca el título de la ESO adaptado. Llevan casi 140.000 firmas, pero el parón electoral abortó la interlocución que se había abierto con el Ejecutivo a finales de 2018. Según explica Joan Cabezas, el padre promotor de esta iniciativa, en las últimas semanas han recibido una carta del Defensor del Pueblo en la que les confirman que la legislación no prevé este título pero que el Gobierno en funciones prevé una modificación legislativa para hacerlo posible.
“Irene quiere estudiar, le apasiona estudiar y le dedica mucho tiempo”, subraya su madre, Chus Magdaleno. “A pesar de tener una discapacidad –añade–, Irene nunca ha ido a una escuela a calentar la silla, sino que va a aprender, a participar y a convivir, como el resto de los alumnos, y por supuesto a obtener lo mismo que el resto cuando se aprueban unos exámenes”.
“¿O sea que ya puedo estudiar para ser administrativa?”, le preguntó Irene a su madre cuando le explicó que había salido la sentencia. “Todavía no”, le contestó Chus. “Y entonces… ¿de qué me sirve ganar?”.
Para Irene el título de la ESO no es un capricho ni un trofeo con el que decorar la pared, sino que lo necesita para acceder a la que le gustaría que fuera su próxima etapa formativa, un grado medio de administración. Pero para acceder a un ciclo formativo necesita la ESO y, como no la tiene, ahora mismo está cursando una FP Básica de electricidad, que es la única oferta formativa para esta etapa de formación postobligatoria que tenía a su alcance en Cuéllar. «Este año lo ha cursado todo sin adaptaciones y ha aprobado todas las materias troncales», añade su madre, Chus Magdaleno. Irene sabe que jamás será electricista, pero sigue demostrando que le gusta estudiar.
La perversión del sistema
Cuando los padres de Irene supieron de la negativa del centro a concederle el graduado le respondieron lanzándole un órdago: “Si el problema son las adaptaciones curriculares significativas, pues que repita el curso con adaptaciones curriculares no significativas”. Pero la dirección se negó. Entonces la familia recurrió a la dirección provincial de Educación, que avaló la decisión del centro, y a partir de aquí se inició el litigio judicial que la semana pasada desembocó en una sentencia pionera de la sala del contencioso administrativo del TSJ de Castilla y León. Según la sentencia, la decisión de no permitirle realizar la ESO por su cuenta supone una vulneración de los derechos de la estudiante y una discriminación, y el hecho de que las adaptaciones sean un impedimento para obtener el título es una perversión del sistema.
«La Administración –apunta la sentencia 172/2019, de 24 de junio de 2019– al concluir que, pese a que se aprobaron todas las asignaturas con adaptaciones curriculares significativas, no se habían alcanzado las competencias básicas y objetivos de la etapa, convirtiéndose dichas adaptaciones, al no haberse permitido la renuncia a las mismas, en un obstáculo o limitación para dicha titulación, es por lo que dichas adaptaciones han venido a significar de facto una discriminación que ha impedido a la alumna alcanzar los objetivos y la titulación correspondiente a dicha etapa, por lo que se ha de convenir que con ello se provocan unos efectos perversos de las citadas adaptaciones curriculares que
se han convertido no en una medida para obtener una educación inclusiva».
Así, el tribunal confirma la posición de la fiscalía, que en este asunto se puso del lado de la familia. “La fiscal hizo un informe demoledor, en el que venía a decir que si la permites estudiar con adaptaciones y no titulas, y luego no la permites estudiar sin adaptaciones la estás abocando a un callejón sin salida porque no va a conseguir el título haga lo que haga”, recuerda Magdaleno.
Camino del Supremo
¿Significa esto que, según el tribunal, las adaptaciones curriculares no deben ser un impedimento para la titulación?, ¿o significa que la vulneración de derechos se produce solamente porque no se le permite repetir curso sin adaptaciones? “Hemos pedido varias aclaraciones sobre la ejecución de la sentencia, el tribunal confirma que se ha vulnerado un derecho pero no cómo se repara el daño causado”, comenta Magdaleno. Con todo, es bastante probable que el asunto acabe en el Tribunal Supremo, bien sea porque la dirección provincial presente recurso o porque lo haga la familia, puesto que había pedido que el tribunal se pronunciase directamente a favor de la concesión del título y en este punto falla en su contra.
La sentencia establece que la resolución de la Consejería no es conforme a derecho, por vulneración del derecho fundamental a la educación en igualdad de condiciones, pero la pretensión última de Magdaleno es que la Justicia reconozca sin ambages lo que establece el artículo 22.7 de la Ley Orgánica de Educación (LOE), y que sigue vigente ya que no fue derogado por la LOMCE: “Las medidas de atención a la diversidad que adopten los centros estarán orientadas a la consecución de los objetivos de la educación secundaria obligatoria por parte de todo su alumnado y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente”.
La advertencia de Naciones Unidas
De hecho, uno de los puntos del informe elaborado hace un par de años por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, en relación al cumplimiento por parte de España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, era precisamente el de la titulación. Entre muchas otras críticas y aspectos que mejorar, el Comité no dudaba en calificar de injusto que en España se permita que muchos alumnos que finalizan la ESO con adaptaciones curriculares “no obtengan la misma titulación que sus compañeros”.
En este sentido, hace unos meses unos padres de Sant Boi (Barcelona) con una problemática similar iniciaron una recogida de firmas a través de change.orgpara que el Gobierno apruebe una legislación que reconozca el título de la ESO adaptado. Llevan casi 140.000 firmas, pero el parón electoral abortó la interlocución que se había abierto con el Ejecutivo a finales de 2018. Según explica Joan Cabezas, el padre promotor de esta iniciativa, en las últimas semanas han recibido una carta del Defensor del Pueblo en la que les confirman que la legislación no prevé este título pero que el Gobierno en funciones prevé una modificación legislativa para hacerlo posible.
“Irene quiere estudiar, le apasiona estudiar y le dedica mucho tiempo”, subraya su madre, Chus Magdaleno. “A pesar de tener una discapacidad –añade–, Irene nunca ha ido a una escuela a calentar la silla, sino que va a aprender, a participar y a convivir, como el resto de los alumnos, y por supuesto a obtener lo mismo que el resto cuando se aprueban unos exámenes”.
“¿O sea que ya puedo estudiar para ser administrativa?”, le preguntó Irene a su madre cuando le explicó que había salido la sentencia. “Todavía no”, le contestó Chus. “Y entonces… ¿de qué me sirve ganar?”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario