La Plataforma en Defensa de la Educación Pública Majadahonda nos envía este correo:
Os adjuntamos una nota de prensa sobre la moción del PP aprobada en el Pleno de septiembre apoyando la enseñanza privada concertada.
Un saludo
Plataforma en Defensa de la Educación Pública Majadahonda
NOTA DE PRENSA, 7-X-2018
EL PP DE MAJADAHONDA DEFIENDE LA ENSEÑANZA PRIVADA CONCERTADA Y MALTRATA A
LA PÚBLICA.
Para el PP (y al parecer también para C’s) la educación, más que un derecho fundamental, es una mercancía, sometida a la ley de la oferta y la demanda. Y las preferencias e intereses de particulares, que denominan eufemísticamente “demanda social” y “libertad de enseñanza” deben primar, según su criterio, a la hora de ofertar un puesto escolar “sostenido con fondos públicos” a toda la población. Es decir, para PP y C’s la educación forma parte del mercado y debe someterse a su lógica, pero con la peculiaridad de que ese mercadeo, según sus postulados, se debería financiar con el dinero de todos.
Semejante planteamiento desprecia olímpicamente las desiguales condiciones de partida de quienes pueden y deben ejercer el derecho a una educación de calidad en condiciones de igualdad. Más bien se trata de lo contrario: de reproducir y afianzar las desigualdades sociales existentes mediante un sistema educativo que cuente con centros privados y privados concertados para un sector de la población que puede “elegirlos”, si dispone de medios para ello; y por otra parte una red de centros públicos para el resto. El resultado ya lo conocemos: segregación escolar a costa del erario público.
Resulta bastante sorprendente, por otra parte, que alguien pueda pensar que aquí en Majadahonda la enseñanza concertada necesite un apoyo mayor que el que ha tenido y tiene desde hace muchos años. A los últimos colegios concertados, S. Jaime y Caude, el gobierno del PP les cedió durante 50 años dos valiosísimas parcelas para construir sus centros educativos y montar sus respectivos negocios en Valle de la Oliva y Los Negrillos. En este último caso con la intervención de Alfedel, la empresa de la trama Púnica que cobraba como mínimo 900.000 € de comisión por cada colegio concertado que conseguía.
Además, durante años y años, el gobierno del PP no ha cobrado el IBI correspondiente a los colegios concertados, asociado a la parte del edificio donde no se imparten enseñanzas concertadas, o sea, donde prima el afán de lucro puro y duro. Y como remate, desde el año 2003 se aplica en toda la Comunidad de Madrid el cheque-guardería, que oscila entre 100 y 160 euros, y contribuye a subvencionar plazas escolares de 0 a 3 años en centros privados, en lugar de dedicar esos recursos a incrementar la red pública de escuelas infantiles.
Lo cierto es que, en contraste con este apoyo a la enseñanza privada concertada, tanto el gobierno del PP de Majadahonda como el de la Comunidad han maltratado a la enseñanza pública. Narciso de Foxá decidió arbitrariamente suprimir el primitivo colegio público de Santa Catalina, a pesar de tener “demanda” con creces año tras año y de la oposición de toda su comunidad educativa. Y en el año 2012 se elevaron considerablemente los precios de las escuelas infantiles públicas, a sabiendas de que era una forma de derivar la “demanda” a los centros privados, que con el cheque-guardería resultaban en muchos casos más asequibles que los públicos. No obstante, todos los años han seguido faltando plazas públicas de Escuelas Infantiles en Majadahonda, sin que el Ayuntamiento haya atendido esa creciente “demanda”, a pesar de que ya existía en el año 2006, cuando se aprobó la creación de una nueva Escuela Infantil en la calle Las Norias, que a día de hoy sigue sin construirse. Todo parece indicar que el PP aplica su teoría de la “demanda social” sólo cuando se trata de atender las preferencias e intereses de quienes quieren segregar y privatizar la educación.
Habría que añadir a todo esto los recortes en la enseñanza pública impuestos por el PP de la mano del ex ministro Wert: el despido de miles de profesores, el aumento de la jornada laboral docente y del número de estudiantes por aula, la disminución del presupuesto en educación, la supresión de aulas en centros públicos, el cierre de algunos de ellos, las sustituciones pasados 10 días cuando se produce la baja de un profesor, etc. etc. Todo vale para ir deteriorando la educación pública con el fin de potenciar la enseñanza privada.
Desde la Plataforma en Defensa de Educación Pública consideramos que la educación es un derecho universal y que solo la escuela pública puede garantizar el acceso de todos y todas a la educación sin discriminación alguna por diferencias de origen social o geográfico, etnia, sexo o creencias; que la obligación de los poderes públicos es garantizar una escuela pública de calidad, dotándola de los recursos personales y materiales necesarios; y que el dinero público debe ser empleado para mejorar la educación pública”.
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