¿Es
posible un pacto educativo desideologizado?
Con un pacto aséptico,
alejado de asuntos conflictivos, sin privilegiados y postergados, todos serían
igualmente libres ante la LOMCE.
Cuando en 1929 Karl Mannheim explicó cómo en la conformación de la opinión pública –parte vital de la
democracia- entran diversidad de medios e intereses, nos dejó advertidos de que
“no hay discurso más ideológico que el que se presenta como no ideológico”.
Sucede que, en el contexto habitual de disparidad de perspectivas, “el concepto
particular de ideología implica que este término expresa nuestro escepticismo
respecto a ideas y representaciones de nuestro adversario”. Suele en estos
casos ser recurso próximo a la mentira para esquivar, en nombre de una supuesta neutralidad, las
interpelaciones de cualquier situación.
Hay momentos, sin embargo, en que no hay modo de que no resulte
sectario lo que los estrategas políticos pretenden “natural” o de “sentido
común”. Tales tópicos, inductores del prejuicio y del miedo, siempre son
superados por la reincidencia empírica del sesgo tendencioso y, en esta
renqueante Legislatura, hacen cada vez más incoherente el plan de pacto educativo que Méndez de Vigo exhibe–supuestamente dialogante- desde
junio de 2015.
Sin profundas averiguaciones,
los desconciertos del día a día traicionan su sonrisa. Que unas cremas cuenten más que las falsedades de un título educativo es preocupante:
son tradiciones parejas a las que sonrojan e intimidan por confundir abuso y violación en sentencias como
la de los de “la manada”. Pero que el “caso Cifuentes” haya cuestionado determinados cimientos de la universidad no debiera dejar en el limbo de la
incompetencia al ministro de Educación y no tuviera nada que vigilar antes de
remendar irregularidades y prestigios perdidos. Y que el “caso Casado” se haya presentado como normal, de alguien a quien venga bien
lucir un titulillo aparente, tampoco sería problema si la privacidad de pagar
un certificado acreditativo de las competencias que fueren no pusiera en riesgo
el prestigio del sistema educativo.
Súmense también los ardores guerreros que Cospedal y Méndez de Vigo quieren introducir en el
currículum escolar, como si de lo más natural se tratara –por nostalgia de
aquella “Formación del Espíritu Nacional” y, por supuesto, en contra de la “Educación
para la Ciudadanía” que en 2006 trató de introducir la LOE-, y debiera ser así la integradora educación para
la paz en las aulas escolares.
Ideologías sin escrúpulo
ni crepúsculo
Pero lo que más evidencia una ideología sectaria son las
decisiones que denotan valor bursátil contable. Imposiciones de este tenor,
denunciadas regularmente por plataformas diversas, pueden verse en lo que CCOO
había informado al comienzo de este curso (nº 362 T.E.) y que el
pasado día 16 mostró claramente la SER: en estos años de crisis, el PP le ha sustraído
a la enseñanza pública 6.000 millones de euros –pese al aumento de su
alumnado-, mientras a la concertada le ha subido la dotación en 160 millones
más. A este ejemplar gestión ideologizada de la universalidad y libertad
educativas que prescribe el art. 27 CE –cambiando
la relación entre pública y privada- se añade lo que cuenta el último número de
T. E., el 365: “El Gobierno se ha comprometido ante Bruselas a reducir la
inversión educativa al 3,67% del PIB y a un 3,4% en 2030, cifras que nos
remiten a los años 80 del siglo pasado”; y, por otra parte, en las desgravaciones fiscales de los
PGE-2018, hay “un monto de 1484 millones de euros para beneficios fiscales a
familias que han podido sufragar cuotas en escuelas infantiles privadas,
uniformes escolares, clases de idiomas, etc.”. Agréguese, en fin, que el TC
acaba de mostrarnos con su sentencia sobre los colegios segregadores –un 70% del Opus Dei y el ponente del fallo judicial también- al lado de qué ideologías se ponen ocho de sus
miembros.
Por eso Méndez de Vigo no entiende que tejer un sentido común
compartido para resolver las urgencias del sistema educativo –más allá de la
escueta escolarización-, requiera otros mimbres. Para empezar, no ofender con
argucias a quienes reclaman atención a los intereses comunes, los de todos.
Manuel Menor Currás
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