Cerrada
la comparecencia de expertos para el
posible “Pacto Político y Social en Educación”, Méndez de Vigo ha dejado clara la ruta a seguir por la Subcomisión del
Congreso.
La LOMCE ya tiene “calidad”
Primer mensaje a deducir: si la LOMCE ya tiene “calidad”, no necesita demasiados cambios. La metodología seguida en la Subcomisión parlamentaria durante casi un año ha permitido que, entre tanto ruido de intereses contrapuestos, quedara en sordina, sobre todo, el saber de los expertos. Si una mayoría acepta ahora, por compromiso o por aburrimiento, lo que sea -pues ni de inversión de la tendencia del peso de la Educación en los PGE se ha hablado- se está incidiendo en que sigan vivos el espíritu y gran parte de la letra de la LOMCE. Ventaja del método seguido hasta aquí es que, sin este engorroso trámite, no se habría mantenido algo alejado el conflicto educativo existente. Y los estrategas del PP tampoco dispondrían de un pretexto “legal” con que acallar a los disidentes.
Segundo: no se discute el protocolo seguido en este “diálogo”, pues ya entra en su segunda fase. Si el procedimiento ha sido aceptado hasta aquí, todo apunta a que su proceder culminará adecuadamente, con la diplomática sonrisa de este ministro más satisfecha que nunca.
Tercero: al aceptar que lo que se redacte ahora sea la expresión canónica de un proyecto común “de todos”, quedarán fuera de juego otros proyectos en que, de lo que se trata –además- es de lograr que una buena educación también sea “para todos y para todas”. Quedará marginada, además, la expectativa de cuantos propusieron que era una buena ocasión para que el art. 27 de la Constitución fuera sometido a una relectura que no dejara tanta flexibilidad interpretativa como la que se ha desarrollado en estos casi cuarenta años. Y puede augurarse, por tanto, que, en adelante, no se cerrará la proliferación alternante –y democrática- de leyes educativas. El regocijo de quienes fían la bondad del sistema a la legalidad como si de un mantra se tratara, sólo será superado por el de los hermeneutas del ramo. El ansia por acumular cambiantes nominalismos en el BOE les seguirá proporcionando abundante trabajo. También acrecentará la indiferencia de profesores y maestros, mientras aumenta la fe en las profecías autocumplidas.
Y cuarto: en el supuesto proyecto “común” a que se aspira seguirán rigiendo –para que el sistema sea “estable”- conocidas fórmulas de la doctrina del Shock que –denostada por guardianes del orden neoliberal- ha sido puesta en práctica, desde los años noventa y más explícitamente desde 2011, frente al pacto por un Estado de Bienestar. Su buque insignia, la “libertad de elección de centro”, contará con el agradecimiento especial de la red privada/concertada -dada la cantidad de “iniciativa social” en que tiene puesta su esperanza- y tendrá la bendición de la Conferencia Episcopal. Con el sistema de becas como recurso concesivo –“flexible”- tratará de dar cobertura a una aparente igualdad de oportunidades, con que pretenderán satisfacer la exigencia constitucional de la universalización educativa. Y las situaciones generalizadas de segregación que queden sin atender serán casuística coyuntural a paliar “flexible” y benevolamente, aunque el imperfecto desarrollo de una educación democrática apenas sobrepase la mera escolarización en demasiados casos, constituidos en indicador -práctico- de inequidad educativa.
Unha perna tapa a outra
El cancionero popular gallego aconsejaba esto a las mozas casaderas que no tenían el ajuar indispensable. Similarmente sucede con la sonrisa del ministro cuando habla de Educación, de la aplicación a Cataluña del artículo 155 de la Constitución o del adoctrinamiento que -pese a tanto observador, ministros y asesores, como han proliferado en 40 años- señala al sistema escolar como causante de conflictos graves como el catalán.
Tras esa sonrisa ministerial corremos el riesgo de que, superada esta fase coyuntural, sea peor. El rictus desaprobador que a veces no oculta, tampoco impedirá que, aunque los conflictos urgentes de estos días habrán valido para tapar la cortedad de su plan para la educación democrática de los españoles, desaparezca el latente malestar. El hurto democrático a los ciudadanos que se pretende con este proyecto de pacto educativo seguirá ahí en la medida en que siga limitando el derecho “de todos” a una buena educación.
En caso de que la habilidad del heredero de Wert logre llevar a buen puerto lo que al comienzo de esta legislatura parecía imposible, y que sea firmado, previsiblemente por la misma mayoría que apoya al PP en este incierto y preocupante mes de octubre, sus limitaciones limitarán el futuro cívico. Seguirá sin estar disponible “para todos” los ciudadanos y ciudadanas que puedan saber y enterarse de lo que sucede, y, también, que sea potenciada su aptitud para compartir mejor un conflictivo mundo globalizado
Por lo demostrado hasta ahora, nuestra política educativa ha estado lastrada, casi siempre, por el arte de la improvisación, en que lo urgente se ha comido siempre a lo indispensable. Que la ignorancia y la manipulación pongan en riesgo la sana convivencia futura de los españoles, ni ha importado mucho históricamente ni parece que preocupe en este momento. Puede, pues, que se logre un oportunista “pacto político” de urgencia, pero el desinterés por un “pacto social” volverá a poner pronto en entredicho las expectativas desusadas que había despertado.
Manuel Menor Currás
Madrid, 26.10.2017
No hay comentarios:
Publicar un comentario