“ Lo triste de la beca es que para obtenerla tienes que comprometerte a pagar tú hasta que te llega la beca y eso es imposible, si pides una beca es porque no puedes pagarla y eso es algo que nunca he entendido. Uno de los requisitos es que fueras asiduo al comedor, si eres asiduo es que lo pagas, si lo pagas es porque puedes, entonces, ¿por qué pides beca? Es incoherente.
Yo creo que ese es un requisito importante, ¿cómo paga una persona un comedor si pide una beca porque no lo puede pagar?”
Se trata del testimonio de la directora del Colegio de Educación Infantil y Primaria Palma, en Palma de Mallorca y participante en el estudio sobre equidad educativa en España La sombra de la inversión educativa en España. En busca de la gratuidad y la equidad en educación, elaborado conjuntamente por las entidades Ayuda en Acción y Educo y que presentamos hoy. En dicho informe analizamos el impacto que la desinversión e inversión insuficiente en educación ha tenido en los niños, niñas y adolescentes de nuestro país en cuanto a su acceso a la equidad y calidad educativa.
Desinversión pública: el derecho a la educación que el Estado no garantiza
En España, con la irrupción de la crisis, la decisión política adoptada por los distintos gobiernos fue la de reducir la inversión en educación. Aunque en 2017 el Gobierno ha aumentado el presupuesto en educación en un 1,7 % (destinado en su mayoría a becas generales, ayudas para libros de texto y de movilidad), el gasto público en esta materia se sitúa por debajo de la media de la Unión Europea (4,9 %) y de la OCDE (5,3 %), representando el 4,36 % del PIB.En el capítulo concreto de becas y ayudas al estudio, la inversión entre 2010 y 2014, durante el periodo más duro de la crisis se produjo un descenso de 629 millones de euros. Analizado desde otra perspectiva, y según datos del Consejo Económico y Social, para el curso 2014/2015 había un 43% menos de becas y un 46% menos de alumnado becado con respecto al curso 2008/2009, previo a la crisis. A día de hoy, España invierte en becas y ayudas la mitad que la media de la UE-28.
Como consecuencia de estas decisiones políticas, las familias han tenido que asumir y compensar las obligaciones que corresponden al Estado. Para muestra, un botón: durante los años más duros de la crisis (2009-2015) el gasto medio de los hogares españoles en educación aumentó un 34%, según la Encuesta de los Presupuestos Familiares del INE.
Funcionamiento deficitario de los protocolos de acceso a las becas y ayudas
“Las personas que más necesidad tienen de esta ayuda económica son personas que probablemente no hayan hecho la declaración de la renta nunca y al estar fuera del sistema administrativo, salen denegadas por no justificar los ingresos del padre o de la madre” (trabajadora social del centro educativo San Antonio, en Madrid). Se trata de uno de los demoledores testimonios que aparecen en nuestro informe. En efecto, debido a las deficiencias de los protocolos de acceso y gestión de estas ayudas, se producen en la práctica situaciones de discriminación no deseada y gran parte de los niños y niñas más vulnerables quedan privados del disfrute de los derechos de los que son titulares, como son el derecho a una alimentación adecuada y suficiente o el derecho al juego y la recreación, que precisamente han de garantizar las becas comedor y las becas de refuerzo educativo y extraescolares.
La complejidad y burocracia de los procesos de tramitación y admisión, el retraso en el pago de las ayudas, la falta de coordinación por parte de las Administraciones y el criterio en algunas Comunidades Autónomas que obliga a las familias a adelantar el pago de la beca dificultan el acceso de aquellas familias más vulnerables. En particular, para las de origen inmigrante y aquellas con mayores dificultades económicas y con menor nivel socioeducativo de las personas adultas.
Los efectos de la no equidad en la población más vulnerable
Como consecuencia de los recortes en educación, muchos de los niños y niñas en España se ven privados del acceso y disfrute de actividades extraescolares y de refuerzo educativo, pero también de la única comida de calidad que muchos de ellos pueden hacer.
En el estudio que hoy presentan Ayuda en Acción y EDUCO hemos constatado que el sistema fracasa especialmente con niñas y niños que viven en hogares de menor renta y, en muchos casos, aquellos pertenecientes a minorías étnicas o de origen extranjero. En España los costes indirectos de la educación quedan, en su mayoría, cubiertos por las familias, lo que hace que cuanto más coste dependa de estas para obtener una educación de calidad, más desigualdad habrá en función de la renta familiar.
Los espacios de educación no formal, en horario extraescolar son esenciales para el aprendizaje, la convivencia el sentido de identidad, de ciudadanía y de pertenencia a la comunidad. Por ello, han de ser considerados como una parte integrada de la educación y ha de garantizase la universalidad y gratuidad del servicio para aquellos niños y niñas que se encuentran en riesgo o situación de pobreza infantil y cuyas familias no pueden asumir el coste privado de estos espacios y servicios. De lo contrario, se agrava la brecha entre clases sociales y se elevan las tasas de abandono y fracaso escolar a medida que el alumnado avanza académicamente, y el sistema educativo, más que corregir las desigualdades de origen, profundiza en ellas y las reproduce, condenando a muchos de los niños y niñas a la exclusión social y la marginación.
La escuela: el templo de la igualdad
La escuela es el espacio en el que se compensan las desigualdades de origen, en el que todos los niños y niñas pueden desplegar el máximo de sus capacidades y talentos y desde el que proyectan su futuro y aspiran a realizar sus sueños y esperanzas. En palabras de presidente del AMPA de un colegio de A Coruña, “la escuela tiene que ser el templo de la igualdad, de la igualdad de oportunidades”. Por ello, la inversión en educación ha de estar al nivel de las necesidades del momento y garantizar el disfrute y ejercicio pleno de los derechos de la infancia, o, como nos dice Xavier Bonal, profesor de Sociología de la UAB, “las necesidades no las pueden marcar los presupuestos para infancia sino la propia situación de la infancia”.
No podemos perder de vista que en nuestro país 1 de cada 3 menores se encuentra en situación de pobreza. El Estado, como garante de obligaciones en la realización de los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes, ha de garantizar una educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad, en línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 y la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Tal y como decimos en nuestra campaña Candidatos 3.0 la política sí es cosa de niños. Por ello, reclamamos situar en el centro de las políticas públicas a la infancia y exigimos un Pacto de Estado por la Educación, que garantice la gratuidad real del sistema, la calidad y la equidad. Mientras esto no se alcance, la gratuidad real de la educación en nuestro país será un mantra con pies de barro.
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