La paralización provisional de la LEMES como consecuencia de que Rectores que integran la CRUMA consideraban que la nueva ley autonómica madrileña suponía, tanto una intromisión en sus competencias, como un clarísimo intento de dirigismo que choca con la autonomía universitaria consagrada por la Constitución, dejo la ley en una situación extraña. La distancia que separaba ambas posturas era lo suficientemente grande como para pensar que no iba a resultar nada fácil una aproximación que permitiera encontrar una postura común.
Pero a la vez las dos partes se jugaban mucho, entre otras cosas afianzarse ambas como únicas voces dignas de ser escuchadas y atendidas, así como la defensa de un modelo de Universidad, muy similar en numerosos aspectos, pese a que, en ocasiones, las apariencias o las hipócritas declaraciones, enmascarasen la defensa común de numerosos intereses compartidos, lo cual es compatible con que, puntualmente, existieran discrepancias obvias, que responden, en numerosas ocasiones, a descarnadas luchas de poder.
Los hechos parecen demostrar que la CAM tiene un enorme interés – y al parecer también una notable urgencia- por llegar a un acuerdo que haga “viable” la ley, lo que supone que está dispuesta a transigir en temas cruciales y sustanciales que, a priori, dificultaban enormemente la posibilidad de acuerdo.
A lo largo del verano parece ser que se han llevado a cabo reuniones entre representantes de la CAM y los rectores-individualmente o/y en grupo- para tratar de limar los desacuerdos y acercar posturas. La idea inicial era tener listo un texto alternativo para finales de agosto, para que las previsibles protestas de gran parte de la comunidad universitaria -que una vez más ha sido excluida- pudieran minimizarse aprovechando las vacaciones veraniegas.
Pero los intereses defendidos estaban tan alejados que, a pesar de la voluntad entreguista de la CAM, las negociaciones han ido avanzando lenta y trabajosamente.
Remitimos al anterior comunicado de CUPUMA en que se analizaba con amplitud y precisión tanto los desacuerdos como la magnitud de las discrepancias. Con las debidas cautelas a las que obligan unas negociaciones todavía en curso, habría que precisar que los “progresos“ no son homogéneos, y como la CAM está dispuesta a olvidarse de la reforma del Consejo Social, y acepta la exclusión de las Universidades Privadas de la, ya de por sí, muy exigua financiación pública, en esos temas parece que el acuerdo está muy cercano o prácticamente cerrado.
En este tema de las privadas hay que resaltar que las informaciones habría que calificarlas, como mínimo de contradictorias. El día 1 de septiembre se publica en el Bocm ayudas destinadas a la “atracción de talento investigador para su incorporación a grupos de investigación de la Comunidad de Madrid”. Especificando los que pueden ser posibles beneficiarios dice textualmente “las Universidades, públicas o privadas, organismos y centros públicos de investigación con personalidad jurídica propia, Fundaciones de los Institutos Madrileños de Estudios Avanzados (IMDEAS) así como entidades e instituciones sanitarias públicas y privadas, vinculadas o concertadas con el Sistema Nacional de Salud que desarrollen actividad investigadora.” Esto coincide con la actual redacción de la LEMES y parece desmentir tajantemente las reiteradas afirmaciones de la CAM que con dinero público no se financiarían entidades privadas.
Hace escasas fechas CUPUMA afirmaba estar convencida de que lo único que importaba a la CAM era el acuerdo con los rectores, ignorando al resto de la comunidad universitaria, y que por eso siguió adelante con la LEMES, pese a que la opinión contraria al proyecto era ya clamorosa, además de prácticamente unánime, e incluía igualmente a rectores de las privadas.
Sin embargo, la financiación general del “espacio madrileño de educación superior” está suponiendo un escollo mucho más difícil de salvar. El tema es crucial, de enorme entidad, con numerosas ramificaciones y que, para resolverse mínimamente, requiere de un dinero que el Gobierno parece dispuesto a destinar a las eléctricas, a Defensa, o a rescatar autopistas, pero en modo alguno asignar a Educación.
Los problemas de financiación en la enseñanza pública vienen de lejos. En lo que respecta a las Universidades Públicas, en el momento actual, la CAM dedica 192 millones de euros menos que cuando comenzaron los recortes, lo cual precisa y cuantifica las dimensiones de la asfixia económica a la que han estado- y aún siguen- sometidas.
Como a estas alturas nadie ignora, la financiación, sobre todo si va acompañada de una adecuada voluntad de intervencionismo, es uno de los medios más eficaces para “convencer” a los receptores del dinero de cuál es la forma más “útil y adecuada “de gastarlo.
Si siempre la financiación es decisiva, la existencia de importantes restricciones económicas, hace que el reparto del dinero se convierta en una -o en numerosas ocasiones, la- baza fundamental para que las Universidades Públicas decidan “aceptar” las “sugerencias” de la CAM, si es que tienen la desmedida ambición de sobrevivir.
Los redactores de la ley son extremadamente conscientes de las consecuencias de lo que defienden y tratan de imponer: “La financiación pública del sistema universitario se canaliza a través de unas aportaciones que cubran las necesidades básicas de las universidades públicas; y dos fórmulas de financiación variable, mediante las que se pretenden hacer efectivos los objetivos de la ley.” [1]
Es fácil comprobar cómo se evita cuidadosamente especificar en qué consisten esas necesidades básicas, y se reconoce que la financiación a través de 1) “contratos programas” y 2) “convocatorias competitivas o de incentivos” abiertas -al menos por el momento- a las universidades privadas, tiene como finalidad señalar y marcar el camino que la CAM pretende imponer a las universidades, por medio de ”la aplicación voluntaria y controlada de las medidas propuestas por CAM”, lo que representa una evidente y explicita intervención en el funcionamiento de las universidades, que lógicamente supone un gravísimo riesgo para la existencia misma de la autonomía de las Universidades Públicas.
En lógica prolongación de la defensa de sus intereses, los rectores tratan de minimizar su dependencia con la CAM, reclamando compromisos de financiación mediante convenios plurianuales, y tratando de que la Comunidad explicite y cuantifique las llamadas “necesidades básicas de las Universidades Públicas”. Y todo hace suponer que ahí puede residir la mayor fuente de discrepancias y desacuerdos entre ambas partes, porque dada la no prioridad que tiene la enseñanza para el gobierno de Mariano Rajoy, afrontar esos problemas implicaría necesariamente al ministerio de Montoro. En este punto, el gobierno de Cifuentes, cuyo interés por la educación es puramente coyuntural e instrumental, parece que no va a encontrar excesivas facilidades para alcanzar ese objetivo.
La más inmediata y evidente conclusión que se desprende del actual proyecto de la LEMES es que consolida los recortes y las pérdidas humanas y materiales de los últimos ocho años. Si no se cuenta con una adecuada y sustancial subida presupuestaria, ¿cómo se va modernizar el EMES, si el propio articulado de la LEMES prevé que precisa un notabilísimo incremento del gasto?
Si cerráramos en este punto nuestro análisis, obviaríamos uno de los problemas cruciales que gravitan sobre la LEMES. Incluso en el hipotético -pero perfectamente posible- caso de que el texto actual fuera sustituido por uno que contentara a CRUMA y a CAM, subsistiría un tema capital sin resolver, que a su vez implica muchas e importantes derivaciones.
En todo el proceso -y muy especialmente en estas últimas negociaciones-ha quedado meridianamente claro que la CAM y los rectores son los únicos que se consideran representantes de la comunidad universitaria, y por lo tanto que están habilitados en exclusiva para negociar.
Además de un tema sustancial de procedimiento, que proviene, de la defensa de un modelo gerencial de la Universidad Pública, semejante concepción - compartida por CAM y Rectores - supone igualmente que algunos de los problemas fundamentales, apenas tienen importancia ni cabida, ni en la LEMES, ni en la negociación del nuevo proyecto de ley. Eso explicaría el escaso interés que suscita en los “altos” negociadores algunos de los problemas clave de la Universidad Pública.
Resulta extraordinariamente significativo, a la vez que esclarecedor, que temas de excepcional trascendencia como los perjuicios causados por los recortes en la calidad de la enseñanza, la reducción de personal tanto en PDI como en PAS, las demenciales subidas de las tasas, y reducción de becas que han provocado la exclusión de más de 100.000 estudiantes universitarios, la discusión del modelo de lo que debe ser fundamentalmente una universidad pública, si un servicio público o un negocio rentable, sin olvidarnos de la monstruosa precariedad laboral que lastra como una losa cualquier posible mejora de la universidad, la manipulación tramposa, y muy posiblemente fraudulenta, de las figuras de asociados y visitantes que ha sido utilizada sin escrúpulos tanto por las Universidades como por la propia CAM, etc., etc.
Renunciamos a hacer un listado completo -valgan los anteriormente citados como ejemplos -porque sería interminable, pero conviene recordar que la amenaza que se cierne sobre las Universidades Públicas reviste tales dimensiones que llevó, en este final de curso a que todos los estamentos, -PDI, PAS y estudiantes -en representación de la comunidad Universitaria, y numerosas asociaciones relacionadas con la enseñanza, con el apoyo de sindicatos y partidos políticos, en representación de la sociedad civil, firmaran un “ manifiesto contra el proyecto de ley del espacio de educación superior de la comunidad de Madrid (LEMES)” exigiendo-entre otras cosas “ la elaboración de una ley que se construya junto a la comunidad educativa, garantizando unas condiciones laborales dignas para todo el personal laboral”.
La alergia reiterada a todo lo que lejanamente huela a trasparencia, hace factible -y lo que es más grave, posible- que en breve plazo de tiempo nos encontremos con una redacción de la LEMES, “consensuada “-por CAM y CRUMA- con similares problemas a los planteados por la anterior redacción rechazada, y de la que no sería nada extraño que fuésemos los últimos en enterarnos.
Si esto sucede existen dos opciones:
1) Ser coherentes con lo que firmamos y afirmamos en el manifiesto, y luchar contra una ley que puede suponer el inicio del fin de un modelo de Universidad Pública al servicio de la sociedad y de los ciudadanos.
2) Abdicar de nuestros derechos y obligaciones, aceptando un modelo de Universidad Pública Gerencial al servicio de las empresas, que constituya prioritariamente un atractivo negocio económico, contribuyendo a que la Universidad sea un elemento decisivo en el progresivo aumento de la desigualdad en la sociedad española.
CUPUMA, 5 de septiembre de 2017
Twitter: @cupumad
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