Puede que las reválidas no se acaben implantando, pero si el objetivo de la ley Wert era deteriorar, descapitalizar y desmantelar la educación pública a favor de la privada su éxito resulta incontestable
Seguramente el exministro se fue enterando sobre la marcha de cómo funciona la política educativa. Pero Rajoy le dejó hacer como a un niño en una juguetería siendo consciente del desastre que habría que rectificar antes o después
Dos legislaturas perdidas después hemos vuelto a la casilla de salida: a la selectividad. El mismo gobierno que le respondía al Congreso que pensaba desatender su petición de desactivar la LOMCE porque implicaba aumento de gasto público anunciaba un acuerdo para recuperar la selectividad y desactivar las reválidas. A día de hoy la confusión es tal que las dos cosas pueden ser verdad y mentira al mismo tiempo así que lo prudente es no creerse ni las palabras ni los anuncios hasta que salgan publicados en el BOE.
No se puede hacer una ley educativa contra todo el mundo y solo con tus votos. Para durar e institucionalizarse los cambios educativos requieren acuerdo, negociación y tiempo. Pero eso ya lo sabía desde el principio Mariano Rajoy, que fue el ministro de Educación en los gobiernos de Aznar y tuvo que apagar todos los incendios que dejó desatados Esperanza Aguirre.
Seguramente el exministro José Ignacio Wert se fue enterando sobre la marcha de cómo funciona la política educativa. Pero Rajoy le dejó hacer y deshacer como a un niño en una juguetería siendo perfectamente consciente del desastre que se provocaba y que habría que rectificar y arreglar antes o después. La conclusión no puede ser otra que sostener que provocar el desastre era y sigue siendo el verdadero objetivo, no tanto cambiar el modelo y en absoluto mejorar la calidad de la educación pública.
Desde ese punto de vista el éxito de la ley Wert resulta incontestable. A su amparo la educación pública española se ha visto sometida a la mayor descapitalización humana y financiera de la historia reciente. Sanitarios y educadores conforman el grueso del casi medio millón de trabajadores públicos despedidos entre 2011 y 2015, mientras se arrastraba su prestigio social por el suelo la inversión en educación retrocedía a niveles de principio de los años ochenta y se proclamaba a diario su inminente quiebra y colapso.
Puede que las reválidas no se acaben implantando, pero ahí queda el daño causado con su contribución a extender el mensaje y la percepción de que la educación pública representa un desastre, una máquina cara y averiada que deforma y abandona a los niños a su suerte.
El daño causado al diseño curricular por pura cerrazón ideológica, o el desbarajuste generado en el sistema por un proceso de centralización tan irracional como sectario, suponen daños permanentes y de difícil y muy lenta reparación.
No basta con parar la LOMCE, ni siquiera cambiar la ley. El objetivo era deteriorar, descapitalizar y desmantelar la pública a favor de la educación privada y se ha cumplido más que con creces. La ley se derogará pero a Rajoy y Wert siempre les quedará París, esa embajada y “la vie en rose”.
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