IU defiende el acceso libre y sin selectividades de ningún tipo a la Educación Superior
El Área de Educación de IU rechaza el nuevo proyecto de Real Decreto de Educación que regula las pruebas de final de ciclo de Primaria, ESO y Bachillerato, las conocidas como reválidas en las que el grueso de los exámenes de ESO y Bachillerato tendrá formato test de 350 preguntas.
La nueva “ocurrencia” del Ministro Wert proponiendo un examen tipo test busca, no tanto evaluar capacidades y la aplicabilidad del conocimiento aprendido a la realidad, sino comprobar y revalidar conocimientos de tipo fundamentalmente memorístico. Y además el diseño desde Madrid de este tipo de test, que será evaluado por personal externo a los centros (o mediante máquinas que “abaratan los costes”), implica uniformizar y centralizar para, en último caso, controlar y determinar los contenidos que se van a impartir, pues el profesorado de todas las Comunidades Autónomas se verá obligado a centrarse en ellos si quieren que sus alumnos y alumnas superen dichas reválidas.
Este tipo de pruebas no tienen ninguna finalidad educativa, de mejorar el sistema y el proceso de aprendizaje, sino de clasificación y segregación, sino de carácter selectivo, es decir, su función es la de determinar quiénes pueden acceder a un cierto nivel de la enseñanza o la de acreditar una titulación. Facilitando además crear los añorados rankings de centros educativos que persigue el Ministro desde hace tiempo, pues según el borrador, "los resultados de las evaluaciones serán puestos en conocimiento de la comunidad educativa”, como si de una liga de fútbol se tratara. Lo cual permitirá al Ministro “pagar por resultados” a estas “empresas educativas” que se dedicarán a preparar a su “personal-usuarios” para superar esas pruebas y no bajar en la clasificación del ranking perdiendo la financiación necesaria.
En realidad se trata de un elemento más del dispositivo que gobiernos conservadores y social-liberales aplican para el control de centros y profesorado y para devaluar el sentido de la educación, orientándola básicamente hacia la mera consecución de resultados medibles y cuantificables, que potencian la estrategia memorística. Herederos, por tanto, de la vieja idea del capital humano, ese dispositivo pretende gobernar desde fuera de los centros escolares lo que ocurre dentro de ellos. Se trata, por una parte, de un modo de gestión de la educación inspirada en el fordismo más clásico, y, por otra, de una forma de trasladar la responsabilidad del fracaso a los centros y a los profesores.
Este dispositivo redefine el sentido de la educación en torno a los resultados, relegando a un segundo plano el conocimiento profundo y los procesos. Sin embargo, a la vista, precisamente de los resultados, no parece que el mecanismo funcione con éxito, pues no sólo no logra avances significativos, sino que aumenta las diferencias entre distintos tipos de alumnos, y todo ello produciendo, además, una serie de “daños colaterales” que menoscaban el ya de por sí tímido efecto de la escuela.
Este es, por tanto, el modelo de mercado que subyace en esta ideología de exámenes, test, clasificaciones, memorización, esfuerzo, presión y que convierte en el aprendizaje y la escuela, en vez de un viaje apasionante hacia el descubrimiento y el saber, en un viacrucis de pruebas a superar, donde quienes tienen más dificultades o necesidades educativas específicas van siendo segregados y apartados pues pueden ser un obstáculo para alcanzar las posiciones más elevadas en el ranking y donde se aprende que el aprendizaje es sufrimiento, dolor y memorización de respuestas a preguntas que ni siquiera se han formulado, volviendo a "la noche de los tiempos" en donde “la letra con sangre entra”.
La apuesta de Izquierda Unida, en cambio, siempre ha sido “planificar la oferta de plazas universitarias acorde con las necesidades sociales y supresión de todas aquellas pruebas de acceso generalizadas de carácter selectivo (como es el caso de la “selectividad”). No eliminando las evaluaciones y pruebas de diagnóstico, sino con una orientación formativa de los aprendizajes, de la práctica docente, del funcionamiento de los centros y del sistema educativo debe servir para la mejora de la acción educativa en sus diferentes vertientes, no para la clasificación y segregación ni del alumnado ni de los centros educativos, como pretende la ideología neoliberal del Ministerio de Educación del PP. Apostamos por ello un Plan de diagnóstico y seguimiento permanente de los problemas y logros de la educación pública para acometer nuevas mejoras. En ningún caso las evaluaciones externas sobre rendimiento del alumnado se pueden utilizar para fomentar la competitividad entre centros.
Entendemos, por tanto, el plante de las Comunidades Autónomas al Ministro en esta última ocurrencia que quiere de nuevo imponer “manu militari”, sin ningún diálogo, como forma de protesta, criticando el carácter centralizador y de control de estas reválidas de final de etapa, y que suponen un profundo desprecio a la labor de los maestros y maestras y mina la confianza que tiene la sociedad en el trabajo y la capacidad de evaluación de estos profesionales.
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