Los recortes en los presupuestos públicos para escuelas y universidades (más de 7.300 millones de euros entre 2010 y 2014, un 16% de bajada) y una reforma educativa que ha levantado en su contra a buena parte de los profesores, alumnos, padres y oposición parlamentaria (la Lomce, recién aprobada) han conformado la madeja en la que están envueltos hoy la política educativa y el ministro del ramo, José Ignacio Wert.
Blanco de todas las iras (incluso de algunas desde dentro del PP), Wert se mantiene firme en el puesto con el apoyo de Rajoy a pesar de su delicada situación, agravada en varios momentos, sobre todo, por polémicas en torno a las becas: por el endurecimiento de los requisitos para obtener las ayudas a alumnos con escasos ingresos y el recorte de las becas Erasmus.
Ahora, llega una puesta en marcha de la ley que se prevé también peliaguda por la falta de dinero y el afán de los opositores de que no llegue a aplicarse. Los siguientes objetivos del ministerio son la reforma universitaria y un estatuto que fije una carrera profesional para los profesores de la escuela pública que, sin duda, serán también polémicos, no solo por el contenido que puedan tener, sino por la situación de guerra abierta que vive hoy la educación.
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