Cuando el Gobierno aprobó un incremento de tasas de hasta el 66%, aseguró que no iba a afectar a la equidad porque se compensaría con un sistema de becas para los estudiantes con menos recursos. Algunas comunidades, como Andalucía o Galicia, mantuvieron congeladas las tasas, pero la mayoría aplicó ya el curso pasado importantes incrementos. Cataluña, la comunidad con las tasas más altas, subió las matrículas un 67%, y para este año, pese a que la Generalitat anunció que las congelaría, en la orden emitida aparece un aumento del 84% en las ingenierías, lo que significa que una de cada cuatro carreras casi doblará el coste. Madrid aplicó el año pasado un incremento más moderado, pero el aumento del 20% anunciado para el curso que viene da una subida del 65,6% en dos años.
Estos aumentos, unidos al endurecimiento de los requisitos para disfrutar de una beca que entraron en vigor el curso pasado, han provocado ya las primeras víctimas. Miles de estudiantes han tenido que abandonar los estudios. Las cifras de Madrid son elocuentes. Mientras el número de solicitudes de becas aumentó el curso que ahora termina en 9.000, se concedieron 3.000 menos que el anterior. El número de becas denegadas pasó del 51,9% al 54%. Según estimaciones de este diario, en toda España se han denegado alrededor de 40.000 becas más que el año anterior. Estos datos proyectan una sombra muy seria sobre el proyecto de ley educativa que prepara el ministro José Ignacio Wert, en el que se prevé endurecer todavía más los requisitos para tener una ayuda. Hay que aquilatar bien, a la luz de estos datos, el alcance de la reforma, pues puede suceder que acabe teniendo un impacto muy limitado sobre la mejora del rendimiento académico y, en cambio, tenga consecuencias irreparables sobre la igualdad de oportunidades.
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