José López aún no sabe si el próximo curso podrá continuar sus estudios de Ingeniería Química en la Universidad Complutense de Madrid.
La nueva subida de hasta el 20% en las tasas que el Gobierno de Madrid ha aprobado este jueves y que afecta a las seis universidades públicas de la comunidadseis universidades públicas de Madrid, le ha pillado desprevenido. Nunca imaginó que después de la subida del pasado curso, del 38%, la tijera iba a volver a las aulas universitarias madrileñas.
"Mis padres han vendido el coche para deshacerse de un agujero negro de gastos. Aún así, no sé si podremos pagar la nueva matrícula", cuenta el estudiante de 23 años, que el próximo septiembre debería empezar tercero de carrera. El curso pasado pagó 1.600 euros de matrícula y, con la nueva subida, del 21% en las ingenierías, deberá desembolsar cerca de 2.000.
Hasta ahora la estrategia de sus padres, ella trabajadora temporal y él mileurista, consistía en matricular a su hijo en unas pocas asignaturas al año. "Con las subidas de los últimos años, nos resulta imposible pagar un curso completo", cuenta José. Ahora ya no saben si ese apaño bastará. "Estoy buscando trabajo, pero lo veo difícil", lamenta.
José asegura que este curso ha visto "desaparecer a muchos de sus compañeros de las sillas", al no poder pagar las tasas. "El PP está engendrando una máquina de expulsar a la gente del sistema educativo. Cada vez es más difícil tener una vida digna", lamenta.
Tras aprobar la medida, que afecta a unos 188.000 alumnos, la consejera de Educación, Lucía Figar, ha explicado que el Gobierno regional autorizará a las seis universidades públicas madrileñas para que apliquen los calendarios y mecanismos propios para flexibilizar el pago de la matrícula de los estudiantes madrileños.
NUEVA HUELGA EN OCTUBRE
El Sindicato de Estudiantes (que representa a secundaria, FP y universidad) ya ha fijado una nueva "semana de lucha". Los días 15,16 y 17 de octubre los alumnos están llamados a la huelga. "Ya hay más de 7.000 universitarios pendientes de expulsión por no poder pagar las tasas. Hay que frenar esta cruzada hacia la privatización", subraya la portavoz del sindicato Ana García.
Desde la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE) su portavoz, Álvaro Ferrer, se muestra muy indignado. "Nuestra respuesta es obvia: están cometiendo un grave error". Considera que la subida del 50% de las segundas matriculaciones aprobada el pasado curso no busca "penalizar a los malos estudiantes como explicó el Gobierno, sino beneficiar a los ricos".
"Hay muchos estudiantes que con el plan Bolonia están sobrecargados de trabajo y no pueden aprobar todas las asignaturas. Se ven obligados a trabajar para pagar las tasas y, por lo tanto, suspenden materias y se vuelven a matricular", explica.
Desde CANAE han propuesto al Gobierno poner en marcha "becas a tiempo parcial", de modo que aquellos estudiantes que deben compaginar estudios y trabajo puedan acogerse al régimen de becas pese a no matricularse de 60 créditos al año. Además, solicitarán a la Consejería de Educación que, siguiendo el ejemplo de Andalucía y Cataluña, den marcha atrás y congelen las tasas universitarias.
El nuevo incremento del 20% dejará a muchos estudiantes fuera de las aulas, vaticina Ferrer. "¿En qué se va a convertir este país?".
"NO PODRÉ PAGAR PESE A TRABAJAR EN VERANO"
Diego Parejo, estudiante de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid, ha conseguido un trabajo para el verano en una empresa de limpieza. Cobrará 800 euros por dos meses, pero la cantidad es insuficiente para pagar por los 36 créditos que le quedan para licenciarse: "con la subida tendré que pagar unos 900 euros por 36 créditos. Voy a tener que pedirle un crédito a mis padres".
Fuera de Madrid, en Zamora, Jonathan de Anta, de 19 años, sufre las consecuencias del recorte en las becas universitarias aprobados por el Gobierno central. Su media de selectividad y Bachillerato es de 5,4, pero el requisito del Ministerio de Educación para cursar un grado de informática es tener, al menos, un 5,5. "La cuantía de la beca son unos 5.000 euros. Sin esa cantidad, no puedo matricularme en la Universidad de Salamanca".
Jonathan ya ha renunciado a la posibilidad de acudir a la universidad y se matriculará en un curso de informática de Formación Profesional (FP), que en Castilla y León todavía es gratuito.
LEE EL ARTÍCULO COMPLETO AQUÍ
No hay comentarios:
Publicar un comentario