La Junta ya trabaja para buscar alternativas a la aplicación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que ha diseñado el ministro de Educación de José Ignacio Wert. La consejera de Educación, Mar Moreno, anunció este martes, tras el Consejo de Gobierno, que ya está en marcha el diseño de un “plan B” para analizar alternativas a la aplicación de la norma en Andalucía. Para ello, ha convocado a 500 expertos que, además, estudiarán a partir de junio la constitucionalidad de la norma conocida como ley Wert.
La Junta de Andalucía pretende, en palabras de la consejera “minimizar los efectos negativos” de la aplicación de la LOMCE en el alumnado andaluz una vez que la ley sea aprobada en el Congreso y, sobre todo, si el nuevo marco legal no incluye los cambios que se le están reclamando.
El Gobierno de Andalucía no se va a quedar “de brazos cruzados”, advirtió Moreno ante una ley que, según dijo la consejera, no persigue el éxito escolar ni la mejora educativa, sino la creación de un sistema “duro” con los que tienen dificultades, “blando” con la enseñanza privada y “cargado de ideas del pasado que bloquean el futuro de los jóvenes”.
La reforma ha sido duramente criticada por parte de la comunidad educativa, partidos políticos nacionalistas y de izquierda y comunidades autónomas gobernadas por formaciones diferentes del PP.
Para diseñar una alternativa viable, la Junta va a convocar a 500 expertos en docencia que realizarán un examen a fondo de la normativa propuesta por el Gobierno central.
Este grupo estudiará las posibles causas de inconstitucionalidad que, según sospecha la Junta, se incluyen en los cambios que el Gobierno quiere fijar. El objetivo es, dijo la consejera, abrir un debate participativo que movilice al conjunto de la comunidad educativa y cuyas conclusiones se cierren en el seno del Consejo Escolar con un “consenso amplio”.
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