La cuestión (Manuel Menor)

La atención social es la gran cuestión subyacente

Prosigue la perspectiva de intemperie para 2019, salvo que el voto de los ciudadanos sea más proclive a  la hegemonía del bien común sobre el privado.

Una reciente sentencia del TSJM frente a una demanda sobre la recién inaugurada medida municipal que restringe el tráfico automovilístico en Madrid Centro, arguye que "existe un indudable interés público en la aplicación inmediata de las normas que la componen". Según este tribunal, los querellantes, el PP y Comunidad de Madrid, no detallan en qué consistan los prejuicios que calificaban de irreparables si se aplicaba esta norma; “una mera invocación genérica" no es suficiente. Por otra parte, no serían procedentes “medidas cautelares” en contra salvo que las consecuencias derivadas del proceso resultaran “irreparables”. No sucediendo así, aplicarlas sería “un enjuiciamiento sobre el fondo del proceso".

Esta sentencia tiene indudable interés en el terreno de las políticas educativas, por la similitud de posibles conflictos entre  bien general e intereses individuales. Una de las pugnas que protagoniza la posible reforma de la LOMCE es la relativa a una supuesta “demanda social” (art. 109.2), el motivo en que se apoyaría la “libertad de elección de centros” potenciando su libre creación con concierto de por medio. Esa supuesta “demanda social” es proclive a fragmentar el sistema educativo por razones ajenas a los derechos fundamentales de los ciudadanos, soportando asimismo particularidades que, a gusto de los consumidores y bajo amparo de dinero público, facilitaría el negocio privado de la educación. Esta hábil maniobra que Wert introdujo en la ley orgánica todavía vigente, faculta la interpretación neoliberal del derecho universal a la educación lesiva para una educación igual de todos los españoles.

La versión neoliberal

Si hubiera dudas, José Luis Pazos ha mostrado en ¡No nos callarán! la interpretación práctica que, con sus decisiones sistémicas, haya dado  la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid a esa presunta “demanda social” y a su tutelada libertad de negocio educativo. Ese abanico de medidas ha facilitado que su sistema educativo fuera cambiando de signo –cada vez más favorable al subsistema privado y privado-concertado- a cuenta de detraer recursos a su parte pública, dificultando innecesariamente que pueda haber un sistema de cohesión compartido por toda la población en nombre de supuestos idearios particulares. No es casual, además, que cuando algunas de estas decisiones han sido recurridas y ganadas ante los tribunales, hayan tenido poco recorrido efectivo; qué destino aguarde a algunos de los implicados en diversas investigaciones judiciales sobre corrupción está por ver. Después de 9 años, a la Gürtel le falta mucho por decir en sus conexiones con políticas educativas, igual que al caso Lezo y al de los usos y abusos a que –según indicios-  haya sido sometida la “Agencia Informática y de Comunicaciones de la Comunidad de Madrid” para presuntamente pagar a proveedores del PP.

Entre 2010 y 2014, sobre todo, muchos gestores de la autonomía madrileña favorecieron los intereses privados con el pretexto de servir a los intereses públicos. No solo en Educación, sino también en Sanidad y, entre otras  actividades, las de la sociedad pública de Arrendamientos y Promociones, donde –¿para ahorrar?- se vendieron edificios céntricos a compradores con los que se había estipulado que se les alquilarían para sede de diversos organismos. La misma técnica, por otra parte, del “capitalismo extractivo” que se ha empleado en más de 100 solares municipales para instalar colegios concertados de entidades amigas.

Los exégetas

En este contexto, se puede entender mejor buena parte del cabreo constante que teatralizan Casado y Rivera respecto ante los posibles aciertos que pueda tener la gestión de Sánchez en Cataluña y en otros frentes políticos. Estando por medio los Presupuestos, protestan por no poder gestionarlos ellos y su clientela. También es más inteligible el sermonario de Aznar cuando se erige en hacedor de la constitucionalidad de los demás sin mirarse a sí mismo, su trayectoria y la de sus dilectos seguidores. Este exclusivo sentido patrimonialista, aplicado al artículo 27 y a cómo deba ser la educación de los españoles, transpiran quienes proclaman que la pretensión de Isabel Celáa con el anteproyecto que presentará en enero al Congreso de Diputados, es “una ley contra la enseñanza y contra el país”.

Borroso 2019

La discordancia entre el bien común y el muy estrictamente privado hace recordar cómo casi siempre media en nuestras opiniones una bruma de historia difícil de compartir. A un símbolo tan importante como el de la Navidad le sucede igual: sin dejarse seducir por sus versiones más pegajosas, no solo contiene interpretaciones enfrentadas, sino que ejemplifica desajustes en que nuestro propio pasado de lo actual nos resulta  borroso y deformado. Mircea Cartarescu,  en el prólogo  de su gran trilogía, Cegador, cuenta cómo “el vivaz y absurdo hoy” versa “sobre la tensión y la falta de entendimiento entre mi mente de ahora, la de hace un instante y la de hace diez años; sobre su interacción, sobre la injerencia de una en la imaginería y las emociones de la otra. […] ¡Cuanta fascinación por la ruina y la putrefacción!”. Bueno sería terminar 2018 con la ambición de que tanto manoseo, y tanta fascinación por un pasado desigual como está aflorando, no sea lo más deseable para un venturoso 2019.

Manuel Menor Currás

Madrid, 23.12.2018