El
Artículo 27 ante el 40º aniversario de la Constitución
La
CE78 envejecerá más en la medida en que se ciña al nominalismo y se siga
abusando del Tribunal Constitucional como tercera cámara política.
De las
muchas maneras de aprender, todavía goza de prestigio, pese a estadísticas
dispares, la de quienes persisten en leer. Otra socorrida manera es la andariega.
Gozó de gran predicamento desde antiguo, cuando salir de donde se había nacido
era casi impracticable. Hoy, moverse es fácil con solo un clic en el móvil.
Andar y leer
Pero aprender a base de andar y
viajar sigue siendo signo de distinción, porque ser viajero ha conllevado
siempre posibles de tiempo, dinero y afán por entender lo que se ve. El que se
mueve con un “paquete turístico” suele ser visto como alguien muy conformista:
Jean Didier-Urbain lo calificó como El idiota que viaja (Endymion, 1993). Siempre
cabe, en todo caso, andar y leer. Sobre todo, cuando los años “nos han andado” y lo que se lee, casado con
lo vivido, hace emerger la “experiencia”, esa síntesis en que se confunden
autoridad y desesperanza.
Pronto tendremos ocasión de
comprobarlo cuando comiencen -este año más solemnes por razón de su 40º
aniversario- lecturas públicas de la CE78, que podremos contrastar con lo
experimentado desde que existe. Habrá gran variedad de cuestiones que asaltarán
a la diversidad de lectores. A la desigualdad de acceso se añade, como en casi todo lo relacionado con lo cognitivo, la
desigualdad de uso. Muchos se agarrarán a lo escrito como a algo solo interpretable
al pie de la letra y sin contexto. Difícil
será para otros que lo vivido estos años no les haga ver obsoleto el texto en
bastantes de sus artículos. El riesgo de esclerosis existe tras 40 años,
acunado por la aquiescente conformidad de los congresistas y la aquiescencia de los jueces constitucionales turnantes.
Tómese lo acontecido con la
Educación, materia en que el artículo 27CE es principal. Pactado para permitir versiones
alternantes, ha producido un sistema en que la igualdad de acceso y de uso de
lo educativo por todos los españoles sigue siendo, después de 40 años, aleatoria.
Indirectamente, lo acaba de mostrar la huelga del profesorado –última en una larga cadena- que, con otros servicios públicos, ha
desmentido en Cataluña que ni el procés ha podido ocultar cómo
se ha laminado la atención a todos. Y como complementaria acusación frente a lo
que proclama otro artículo constitucional, el 47, el suicidio de esa mujer de 65 años ante su desahucio, en el
centro de Madrid, ha sido bien expresiva.
Interpretar
No debieran conmemorarse estos
40 años sin ver cómo haya sido traducido el 27CE en las Autonomías,
instituciones teóricamente próximas al ciudadano en que, pese a ello, puede ser
minimizado el alcance de los preceptos constitucionales. En asuntos educativos,
la de Madrid ha sido pionera, sobre todo desde 2003, en esta labor. Para darle
cumplimiento, desde la Consejería de Educación de Gallardón, Aguirre, González,
Granados, Cifuentes y, ahora mismo, Garrido, solo se han guiado por cómo lo
tradujo la LOCE en 2002 y, desde 2013, la
LOMCE. Elevaron al rango de ley orgánica los artificios con que pregonaban a
sus votantes que solucionaban un asunto
vital, cuando más lo orientaban hacia el negocio particular y las
privatizaciones.
Léanse, pues, en paralelo con la Constitución,
las notas de prensa, discursos y gestión diaria de estos personajes y sus
adláteres, y se tendrá la estrategia interpretativa que las comunidades educativas han tenido que sufrir en el día a día de
sus centros. Cómo recortaron los presupuestos para la educación pública: la
disminución de su profesorado, la elección a dedo de sus directores, el aumento de las ratios de
alumnado por aula o la desatención a los más necesitados de tutoría. Cómo
redujeron las becas de libros de texto y comedor, eliminaron las rutas escolares, cerraron
los bachilleratos nocturnos o suprimieron
el ciclo 0-6 en las escuelas infantiles públicas. Y, en paralelo, cómo frenaron
la demanda de plazas en centros públicos con tácticas diversas, regalaron solares
de los ayuntamientos a empresas privadas o utilizaron “cheques escolares” para
potenciar las redes de colegios privados. O cómo para privilegiar a las élites
cercanas a cuenta de los derechos legítimos de la ciudadanía, hicieron gala de prepotencia agresiva
atacando a las personas, asociaciones y
sindicatos discrepantes de sus políticas educativas. Y, para colmo, mientras
pagaban para que se manipulara su propia imagen personal en los medios, etiquetaban
a los profesores de vagos, a los padres y madres de irresponsables y al
alumnado de delincuentes en potencia…
Tan sistémica interpretación del artículo 27CE en nada reparó; ni
siquiera en sórdidas prácticas que siguen
bajo investigación judicial. Pero el resultado es que “la calidad” hoy legalmente vigente en el sistema
educativo español –el escolar y el universitario- obedece a las restricciones
que impusieron para “mejorarlo”. Cuando el equipo de Celáa se
apunta a derogar lo más controvertido de la LOMCE, no debiera olvidar que, amén de otros más
conocidos, son estos los “valores” que nutrieron su articulación. Tampoco
debiera obviar que quienes en los centros públicos decidieron resistir durante
estos quince años últimos, no dejan de preguntarse para quién laboraban como selectos
zipayos estos políticos tan bien organizados, pagados con el dinero de todos.
¿Aprender?
En vísperas del 06.12.2018, aniversario estricto de la CE78, la cuestión
ya no es tanto, aunque también, cómo se deroga la LOMCE con más o menos celeridad y eficacia, o si se revisa el art. 27, sino cómo se logran disminuir -hasta su desaparición si fuera posible-,
estas mixturas entre absolutismo despreciativo
y gratuito rencor que el común de los
administrados ha padecido como si fueran seres inferiores.
Una larga tarea, con mucha historia detrás. Pero lo acontecido estos años no ha sido en vano y, para afrontar con tino los problemas
comunes que puedan descarriar a una democracia sana, no basta con mirar para otro lado o pasar
página. Al menos, no deberíamos perderlo de vista en la conmemoración de estos
40 años, el futuro de otros 40 anteriores sin partitura constitucional.
Manuel Menor Currás
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