El nuevo año acelerará la redacción de las propuestas que servirán
para atraer posibles votantes. Sobre todo, entre quienes aspiren a desbancar,
solos o asociados, al actual partido gobernante.
Justo ahora cuando Rajoy estará 55 días sin control parlamentario
-cuando Congreso y Senado también se van de vacaciones casi dos meses-, queda
casi un año para que, si todo se ajusta a lo previsible, tengan lugar las
elecciones generales. Los partidos concurrentes a ellas acostumbran presentar a
los más leídos de sus posibles votantes un conjunto proposicional que trata de
enunciar qué harían si obtuvieran de los electores la posibilidad de gobernar.
Suele ser habitual, sin embargo, que muchas de estas propuestas conformadoras
de un programa o agenda futura no son tenidas en cuenta luego, so pretexto de
imponderables superiores. Sabido es que los programas no son exactamente un
contrato con los electores –aunque así debieran ser considerados-, y que a lo
que cumplen es al acomodaticio papel de dejar oír a los afines y adeptos
irreductibles cuáles sean las razones de que no se enfríe su entusiasmo, suceda
lo que haya sucedido en la legislatura que agoniza, y que mantengan su favor.
Este es el momento
La producción de este género literario, que tanto servirá para la
oratoria mitinera preelectoral, ya está en marcha. Los gobernantes actuales lo
han lanzado ya desde que han dicho a la gente que debemos estar de
“enhorabuena” porque éstas son “las Navidades de la recuperación”. Su programa
educativo no sólo está ya disponible y con un cronograma crecientemente publicitario
en la narrativa cotidiana de los medios –que se intensificará a partir de
enero-, sino que cuando llegue la campaña de las elecciones estará en fase de despliegue
total, sobre todo con la LOMCE, su buque insignia. Ahí está la parte que atañe
a la inmensa mayoría ciudadana, explicando qué entienden por enseñanza obligatoria
y enseñanza pública.La precisión de sus detalles ha sido recientemente confirmada en los Presupuestos
de 2015 para reafirmar una pedagogía de la absoluta limitación para atender a
los más necesitados, formar bien a los docentes y segregar los asuntos
problemáticos o ideológicamente intocables. También propugna una fragmentación
creciente del trabajo educativo, un dirigismo mayor del quehacer en las aulas y
el logro de la presunta calidad de un pequeño grupo selecto a costa del abandono
de la mayoría de estudiantes a la subsidiariedad de una hipotética
empleabilidad dócil y dependiente. No les importa, además, la anulación práctica
de la gratuidad de una enseñanza infantil de calidad ni el cuidado de una
universidad pública con recursos suficientes para que puedan acceder a ella cuantos lo merezcan y que tales enseñanzas no
resulten frustrantes. En este conocido programa sólo falta por saber cuántas vueltas más le darán a la
empleabilidad, el emprendimiento, la rentabilidad y la calidad, un campo
semántico especialmente propicio para justificar una incursión más decidida en
el ámbito universitario, nivel al que en
esta legislatura no han tenido tiempo suficiente para hacerlo regresar a la
estrecha y recortada dimensión social que ambicionan para todo el sistema educativo: las
privatizaciones no han hecho más que empezar, pero ¡felicidades!
Las tentaciones
En el amplio abanico de opositores, en gran parte comprometidos
por que, si cayera la mayoría absoluta del PP, estaría entre sus prioridades la
retirada de la LOMCE. Sin que se haya cazado al oso ya se están repartiendo su
piel: tienen sobre el tablero varias tentaciones y no precisamente
convergentes. Sin que se sepa todavía bien de qué van las aspiraciones de los
ascendentes en intención de voto -Podemos y Ciudadanos-, algunos tienen ya
encargada o prácticamente diseñada una nueva ley orgánica a sumar a las que
hemos ido desechando o modificando,mientras otros manejan más bien la idea del
consenso o pacto educativo, ya ensayado en anteriores legislaturas del PSOE, y
sobre todo en la etapa de Gabilondo, previa a Wert. Estos últimos se inclinan
por que se acuerde un número de asuntos en que habría que actuar a fondo para
que el sistema educativo se fortaleciera y que, a ser posible, quedara incluso
blindado frente a tentaciones privatizadoras y empobrecedoras como las que
presiden el gobierno de Rajoy. Querrían facilitar así una enseñanza lo más digna
posible a las generaciones más jóvenes, con independencia de las posibilidades
económicas y de las condiciones de sexo, creencia o ideología de cada cual. Es
importante retener que no todos los grupos a la izquierda del PP son
concordantes y que, por tanto, un pacto en este aspecto principal no será
fácil. Hay discrepancias profundas en cuanto a qué sea primordial tomar en
consideración, como las habrá, y más todavía, respecto a las medidas de
eficiencia contrastadas que deban tomarse para poner atención a esas cuestiones
primordiales. De hecho, mientras unos tienen muy avanzados o casi terminados
sus programas electorales, otros no cesan en su predilección por una concertación
consensuada, necesariamente genérica. Todos parecen acordes, en todo caso, en
una secuencia con dos momentos principales: primero, derogar algunas de las
medidas más reaccionarias de la LOMCE –que al inicio de la siguiente
legislatura ampliaría significativamente su implantación-, para dignificar
mínimamente el asfixiante panorama; y segundo, redefinir qué deba hacerse para
revertir de verdad la situación, momento en que deberá decidirse entre un
programa de pactos puntuales según grado de urgencia, o una nueva ley orgánica,
que muchos rechazan visceralmente para no repetir la reiterada ineficiencia
programada desde el BOE; prefieren la gestión directa.
Sea cual sea el
desarrollo de estas alternativas –para el
hipotético escenario de que el PP perdiera las elecciones generales-, en este
momento todos coinciden en la urgencia de al menos dos o tres objetivos clave: a)
recuperar lo perdido en el sistema educativo en estos tres últimos años, b)prestar
especial atención a la enseñanza desde el ángulo de las desigualdades que
encierra todavía e impulsar las
metodologías apropiadas para erradicarlas –lo que implicaría centrarse en la
educación infantil, los sistemas de becas, las formas de segregación existentes
de manera explícita o encubierta, y en procesos de enseñanza-aprendizaje para
todos y no sólo para los más espabilados-, y c) una revisión profunda del
quehacer profesional del profesorado, lo que conllevaría una seria atención a
las modalidades de reclutamiento y formación, incentivos e investigación pertinentes
para una mejor “calidad” docente, entendiéndolo todo no como propaganda sino de
manera cuantificada en los presupuestos del Estado -los del dinero de todos-, y
rendición de cuentas subsiguiente.
Así están las cosas cuando termina este viejo 2014 y se inicia un 2015 de incierto
recorrido pero con muchas cartas marcadas. Es fructífero, en este sentido, no
esperar mucho de la evasiva Lotería y prestar atención a los programas de los
distintos sindicatos de profesores para las elecciones de hace unos días:
continúan en sus revistas y webs, indicandopor dónde vayan a ir los afanes de
unos y otros por reforzar la “comunidad educativa”.Sólo falta
saber hacia donde se inclinará la intención de voto en 2015: si los votantes
preferirán que la educación de sus hijos transcurra con dignidad cívica o como mera
rutina escolarizadora que no altere las
desigualdades de partida. Y también quedará en el aire el cumplimiento de las
promesas de cambio en este momento crecientes, otra de las formas corruptas de
una cultura semidemocrática en que el significado de las palabras dura poco. Si
tenemos derecho a reclamar que al menos se enseñe a entender lo que se leeen
asuntos que nos competen, como la factura de la luz o los programas de gobierno
-y a que se cumpla con la palabra acordada-, ¿no se estará expandiendo, desde
las deficiencias del sistema educativo que tenemos, la metástasis de problemas
graves que nos afligen?
Manuel Menor Currás
Madrid,
21-12-2014
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