El polémico Tratamiento Integral de Lenguas (TIL), una medida que instauraba la educación trilingüe, introduciendo asignaturas troncales tanto en castellano como en inglés, además de en catalán, ha sido declarado nulo por el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) tras estimar los recursos presentados por los sindicatos STEI, CC OO y UGT. En éstos se recoge que el TIL iba "en contra de la Constitución, del Estatut d´Autonomia, de la Ley de Normalización Lingüística e incluso de la LOMCE".
El TIL ya fue suspendido de forma cautelar en septiembre de 2013 por el TSJIB. Sin embargo, la medida fue esquivada por el ejecutivo presidido por José Ramón Bauzà (PP) aprobando otro Real Decreto sólo dos horas después de conocerse su suspensión con el fin de forzar su aplicación durante el pasado curso.
No obstante, las sentencias conocidas en el día de hoy, las cuales responden a los recursos presentados por los sindicatos, no son firmes y pueden ser recurridas al Tribunal Supremo. Asimismo, las sentencias afirman que el decreto por el cual se puso en marcha el TIL vulnera la Ley de buena administración y de buen gobierno, la cual obliga a que se realice una evaluación previa, concretada en la memoria del análisis del impacto normativo, que consideran insuficiente.
Hablamos con Miquel Ángel Tortell, de la Asamblea de Docents, quien declara a Diagonalque para la comunidad educativa esta sentencia "ha supuesto una alegría inmensa, en los centros se ha sentido un gran desahogo tras tanto tiempo de estrés y lucha". Asimismo, afirma que la sentencia reconoce que el Govern "no había consultado a la Universitat de les Illes Balears, la cual tiene entre sus funciones la de asesorar del Govern en todo lo relativo a la lengua catalana, por lo que no se puede dejar de atender su intervención en este aspecto". Además, apunta que "la puesta en marcha de esta ley suponía un impacto económico en los presupuestos de educación de Baleares, un gasto que debería ser conducido en estos tiempos de crisis a los alumnos con mayores necesidades en estos momentos".
El TIL ya fue suspendido de forma cautelar en septiembre de 2013 por el TSJIB. Sin embargo, la medida fue esquivada por el ejecutivo presidido por José Ramón Bauzà (PP) aprobando otro Real Decreto sólo dos horas después de conocerse su suspensión con el fin de forzar su aplicación durante el pasado curso.
No obstante, las sentencias conocidas en el día de hoy, las cuales responden a los recursos presentados por los sindicatos, no son firmes y pueden ser recurridas al Tribunal Supremo. Asimismo, las sentencias afirman que el decreto por el cual se puso en marcha el TIL vulnera la Ley de buena administración y de buen gobierno, la cual obliga a que se realice una evaluación previa, concretada en la memoria del análisis del impacto normativo, que consideran insuficiente.
Hablamos con Miquel Ángel Tortell, de la Asamblea de Docents, quien declara a Diagonalque para la comunidad educativa esta sentencia "ha supuesto una alegría inmensa, en los centros se ha sentido un gran desahogo tras tanto tiempo de estrés y lucha". Asimismo, afirma que la sentencia reconoce que el Govern "no había consultado a la Universitat de les Illes Balears, la cual tiene entre sus funciones la de asesorar del Govern en todo lo relativo a la lengua catalana, por lo que no se puede dejar de atender su intervención en este aspecto". Además, apunta que "la puesta en marcha de esta ley suponía un impacto económico en los presupuestos de educación de Baleares, un gasto que debería ser conducido en estos tiempos de crisis a los alumnos con mayores necesidades en estos momentos".
Por ultimo, Tortell comenta que que "el 80% de los centros educativos de Baleares no tenían aprobado el proyecto del TIL, ya que lo consideraban inaplicable". Respecto al posible recurso que puede elevar el Govern al Tribunal Supremo, afirma: "Suponemos que realizaran el recurso, pero esta última sentencia creemos que viene a reafirmar nuestras reivindicaciones y nos da más razones si cabe para seguir pidiendo la inmediata dimisión de la consejera de ineducación Joana Maria Camps"
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