El proyecto estrella de José Ignacio Wert llega al mismo Tribunal Constitucional, que ha admitido a trámite los seis recursos de inconstitucionalidad presentados contra la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).
Los recursos presentados contra la reforma educativa liderada por el ministro José Ignacio Wert los interpusieron el grupo parlamentario socialista en el Congreso, el Gobierno y el Parlamento de Cataluña y los Gobiernos de Andalucía, Asturias y Canarias.
Los recursos presentados contra la reforma educativa liderada por el ministro José Ignacio Wert los interpusieron el grupo parlamentario socialista en el Congreso, el Gobierno y el Parlamento de Cataluña y los Gobiernos de Andalucía, Asturias y Canarias.
El TC ha acordado dar traslado de cada una de las demandas al Congreso, al Senado yal Gobierno, que dispondrán de 15 días para personarse en los distintos procedimientos y formular las correspondientes alegaciones.
La admisión a trámite, añade el comunicado, "no supone un pronunciamiento alguno sobre el fondo de los recursos", que este Tribunal resolverá en "próximas fechas".
Tampoco implica la paralización de la Lomce, que entró en vigor el pasado 30 de diciembre y que comenzará a implantarse el próximo curso en Primaria y en la nueva Formación Profesional Básica.
INVASIÓN DE COMPETENCIAS Y SEGREGACIÓN
Fuentes del Gobierno vasco han explicado a Efe que, aunque el recurso de inconstitucionalidad contra la Lomce está formalizado, se ha pedido una comisión bilateral Estado-País Vasco -que el Gobierno ha aceptado- para, en el plazo de seis meses (desde febrero), llegar a un acuerdo.
Si se consiguieran acuerdos satisfactorios se retiraría el recurso ante el TC, han añadido las mismas fuentes.
En general, los recursos de las autonomías apuntan a la invasión de competencias, como subraya Canarias, y hacen hincapié en el asunto lingüístico, como es el caso Cataluña.
Tanto el recurso de la Generalitat como el del Parlamento catalán recurren, entre otros puntos, la disposición adicional 38 por la que el Gobierno asumirá el coste de la escolarización privada en castellano de los alumnos que lo deseen cuando no se les garantice una oferta razonable sostenida con fondos públicos. Estos gastos se repercutirán después a la comunidad.
Según el recurso de los diputados socialistas, la ley segrega a los estudiantes en itinerarios académicos, también los divide por sexos al permitir financiar con fondos públicos colegios de educación diferenciada.
Además, los centros pueden seleccionar a los alumnos, se impide la participación real de las familias en los centros escolares, se elimina Educación para la Ciudadanía y se impone Religión como alternativa obligatoria a una clase sobre Valores.
Andalucía enfatiza que la norma "vulnera", entre otros, el artículo 14 de la Constitución, que garantiza la igualdad y no discriminación, o el 16.3, que declara el carácter aconfesional del Estado.
El Gobierno asturiano entiende que la Lomce es una normativa que da la espalda a la Carta Magna y persigue dejar fuera del sistema a un gran número de estudiantes mediante la imposición de barreras como las "reválidas o los ránking de centros".
El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha afirmado tras conocerse esta admisión que se trata de "un trámite absolutamente automático".
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