Los sindicatos han decidido poner toda la carne en el asador para tratar de frenar los planes de Lucía Figar, que ha anunciado el cierre de algunos niveles de ESO y Bachillerato en varios institutos madrileños de cara al curso que viene. Tanto es así que han decidido poner esta situación en conocimiento de la Defensora del Pueblo, a la que piden que exija a la consejera de Educación que “cumpla la legalidad”.
Tal y como ha informado CCOO en una nota, hoy mismo ha presentado un informe ante el organismo que dirige Soledad Becerril en el que le pide que “actúe” ante la situación que se está viviendo en la Comunidad de Madrid debido a la “decisión unilateral y arbitraria de la Consejería de Educación de suprimir las enseñanzas de la ESO y Bachillerato de varios institutos”.
Los centros afectados por esta medida son el IES Luis Buñuel (Alcorcón), IES Barrio de Bilbao (Ciudad Lineal), IES Rosa Chacel (Hortaleza), IES Carlos María Rodríguez Valcárcel (Moratalaz), IES Luis Braille (Coslada) y el IES Alonso de Avellaneda (Alcalá de Henares), que perderán ciclos de secundaria y bachillerato para, según ha dicho el departamento de Figar, favorecer ciclos de Formación Profesional.
El objetivo de CCOO es que la Defensora del Pueblo “exija a la Consejería de Educación que cumpla la legalidad vigente”, ya que a su entender con el cierre de estos ciclos Figar “está vulnerando entre otras normativas la Constitución, el RD 127/2014 por el que se regula la FP Básica o el Decreto 29/2013 de libertad de elección de centros”.
Concretamente, en su escrito el sindicato argumenta que el Ejecutivo autonómico “ha vulnerado el derecho de la comunidad educativa a ser informados en tiempo y forma lo que conlleva que se lesione el derecho a la elección de centro que marca la Constitución”. Aunque no se queda ahí, ya que CCOO considera también que Figar “no garantiza los principios de transparencia y participación a los que la Administración Pública está obligada por la Ley 30/1992, en tanto a que la forma de comunicación y el momento no se ajustan a la normativa”.
Por otro lado, en cuanto a la libertad de elección de centro, la organización carga contra la Comunidad de Madrid por “vulnerar su propia normativa”, ya que “el hecho de suprimir oferta educativa en centros que podrían ser objeto de elección por parte de las familias una vez abierto el plazo de reserva de plazas constituye una vulneración del Decreto 29/2013”.
Asimismo, CCOO denuncia ante la Defensora del Pueblo que con estos cierres de unidades de primer curso de la ESO “se van a producir traslados de profesorado a otros centros” que deben realizarse sin pérdida de derechos laborales adquiridos, lo que podría conllevar movimientos de más profesorado en los centros de destino. Es decir, el sindicato afirma que se va a crear “un problema donde no lo había” y critica que la Consejería haya “privado del derecho de participar en el Concurso de Traslados” a los maestros afectados, “ya que desconocían en todo momento que se iba a dar esta situación”.
Por ello, el sindicato ha pedido a Soledad Becerril que evite esta “actuación arbitraria” de Lucía Figar y la “desviación de poder con la que ha demostrado que dirige esta administración educativa”. Asimismo, exigen que la consejera “respete los derechos que el ordenamiento jurídico protege de alumnos, madres, padres y profesionales de la enseñanza”.
Tal y como ha informado CCOO en una nota, hoy mismo ha presentado un informe ante el organismo que dirige Soledad Becerril en el que le pide que “actúe” ante la situación que se está viviendo en la Comunidad de Madrid debido a la “decisión unilateral y arbitraria de la Consejería de Educación de suprimir las enseñanzas de la ESO y Bachillerato de varios institutos”.
Los centros afectados por esta medida son el IES Luis Buñuel (Alcorcón), IES Barrio de Bilbao (Ciudad Lineal), IES Rosa Chacel (Hortaleza), IES Carlos María Rodríguez Valcárcel (Moratalaz), IES Luis Braille (Coslada) y el IES Alonso de Avellaneda (Alcalá de Henares), que perderán ciclos de secundaria y bachillerato para, según ha dicho el departamento de Figar, favorecer ciclos de Formación Profesional.
El objetivo de CCOO es que la Defensora del Pueblo “exija a la Consejería de Educación que cumpla la legalidad vigente”, ya que a su entender con el cierre de estos ciclos Figar “está vulnerando entre otras normativas la Constitución, el RD 127/2014 por el que se regula la FP Básica o el Decreto 29/2013 de libertad de elección de centros”.
Concretamente, en su escrito el sindicato argumenta que el Ejecutivo autonómico “ha vulnerado el derecho de la comunidad educativa a ser informados en tiempo y forma lo que conlleva que se lesione el derecho a la elección de centro que marca la Constitución”. Aunque no se queda ahí, ya que CCOO considera también que Figar “no garantiza los principios de transparencia y participación a los que la Administración Pública está obligada por la Ley 30/1992, en tanto a que la forma de comunicación y el momento no se ajustan a la normativa”.
Por otro lado, en cuanto a la libertad de elección de centro, la organización carga contra la Comunidad de Madrid por “vulnerar su propia normativa”, ya que “el hecho de suprimir oferta educativa en centros que podrían ser objeto de elección por parte de las familias una vez abierto el plazo de reserva de plazas constituye una vulneración del Decreto 29/2013”.
Asimismo, CCOO denuncia ante la Defensora del Pueblo que con estos cierres de unidades de primer curso de la ESO “se van a producir traslados de profesorado a otros centros” que deben realizarse sin pérdida de derechos laborales adquiridos, lo que podría conllevar movimientos de más profesorado en los centros de destino. Es decir, el sindicato afirma que se va a crear “un problema donde no lo había” y critica que la Consejería haya “privado del derecho de participar en el Concurso de Traslados” a los maestros afectados, “ya que desconocían en todo momento que se iba a dar esta situación”.
Por ello, el sindicato ha pedido a Soledad Becerril que evite esta “actuación arbitraria” de Lucía Figar y la “desviación de poder con la que ha demostrado que dirige esta administración educativa”. Asimismo, exigen que la consejera “respete los derechos que el ordenamiento jurídico protege de alumnos, madres, padres y profesionales de la enseñanza”.
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