Recomendamos la lectura de un artículo que es en sí mismo una defensa del derecho a la Educación y de la necesidad de garantizar la Educación Pública
Cuando hablamos de enseñanza pública tendemos a identificar “lo público” mismo con los conceptos de gratuidad, universalidad y laicismo, y estos tres rasgos, a su vez, con el protagonismo central del Estado. No es exacto. “Lo público” es más bien un principio: el de que ciertos derechos fundamentales
sólo pueden garantizarse a condición de delimitar un espacio común protegido de la intrusión de los intereses particulares.
Podemos imaginar una enseñanza semigratuita y universal y, al mismo tiempo, privada, como viene ocurriendo de hecho en España con el sistema de las escuelas concertadas; podemos imaginar una élite ilustrada educando a sus hijos en valores clasistas y, al mismo tiempo, laicos e incluso antirreligiosos; y
podemos imaginar, desde luego, un Estado que pone dinero público a disposición de centros educativos de propiedad y gestión privadas.
La separación entre público y privado, que engloba todas las demás, tiene que ver, ante todo, con la definición de los sujetos de derecho. Me explico. Antes de que comenzara la crisis, los ataques a la enseñanza pública por parte de los dos partidos mayoritarios se justificaban en nombre del derecho de
los padres a elegir la educación de sus hijos.
[...]
El derecho a la enseñanza no puede ser en ningún caso un derecho de los padres. Entiéndaseme bien: no quiero decir que deba ser un derecho del Estado, como en la antigua Esparta o como en las inexistentes sociedades “totalitarias” de la absurda propaganda anticomunista. Quiero decir simplemente que la enseñanza es un derecho de los niños.
[...]
Gratuidad, universalidad y laicismo no definen lo público, pero son su condición. ¿Cuál es la única instancia que puede asegurar esa triple condición y, por lo tanto, la apertura permanente, contra todas las presiones, del medio público? A la espera de inventar otra cosa mejor, tendrá que ser el Estado.
[...]
Muchas generaciones han luchado y a veces sacrificado sus vidas para reclamar el derecho de los niños a no ser una repetición de sus padres; y el derecho de las escuelas a liberar todas las aulas. También para reclamar el derecho de los jóvenes a redescubrir por sí mismos todos los senderos y todos
los rastros de los que los han precedido; y el derecho de las universidades a conservar y revisar colectivamente, sin descanso y sin distracciones, el saber de la humanidad. Es fácil estremecerse al pensar en la reaparición de la tuberculosis y en la desaparición de los elefantes. Es fácil estremecerse al
imaginar un mundo sin mar Mediterráneo o sin Pirámides de Egipto. ¿Y no nos escandalizan los que vuelan con explosivos las estatuas de Buda en Afganistán o los santuarios sufíes de Tombuctú? ¿No nos escandalizaríamos también ante la propuesta de derribar la Alhambra de Granada o la catedral
de Santiago para ahorrar dinero? ¿Consideraríamos “debatible” la reactivación del virus de la viruela o la demolición del Museo del Prado con todos sus cuadros dentro? Pues bien, una catástrofe aún mayor, cuyas consecuencias para las generaciones venideras no podemos todavía calcular, es la desaparición
de la escuela y la universidad públicas.
No llamemos “crisis”, por favor, a los talibanes que las están destruyendo premeditadamente.
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