lunes, 17 de septiembre de 2012

El Constitucional mantiene la suspensión de las oposiciones para profesores en Andalucía

  • Los magistrados dejan paralizado el concurso por "la necesidad de preservar la contención del gasto público" y por "la difícil reparación de las situaciones jurídicas que pudieran consolidarse"
El Tribunal Constitucional ha decidido mantener la suspensión cautelar de la oposiciones para el cuerpo de profesores que la Consejería de Educación andaluza pretendía realizar este verano. El pleno del Constitucional entiende que este concurso de oposiciones, que derivó en un enfrentamiento entre el Gobierno central y la Junta, debe permanecer en suspenso debido "a la difícil reparación de las situaciones jurídicas que pudieran consolidarse". Además, los magistrados entienden que la orden andaluza de convocatoria debe paralizarse por "la necesidad de preservar la contención del gasto público en el actual contexto económico y financiero de reducción del déficit público". 
El Constitucional, que no se ha pronunciado sobre el fondo de esta disputa, hace suyos los argumentos de la Abogacía del Estado, que se opone al levantamiento de la suspensión. La Junta, por su lado, sostiene que no poder celebrar las oposiciones "afecta directamente a la prestación del servicio público educativo, considerado de carácter esencial, pues impide, de un lado, culminar los procesos de consolidación de empleo (...) y, de otro, reponer los efectivos salientes en los porcentajes permitidos legalmente, con el evidente perjuicio para el servicio público".
El trasfondo de este enfrentamiento judicial radica en las restricciones presupuestarias que el Gobierno de Mariano Rajoy impuso a través de un real decreto de 30 de diciembre de 2011, donde se fijaban importantes limitaciones para la reposición de los funcionarios. Andalucía presentó a finales de 2011 su oferta de empleo público, que luego se concretó en la orden de 13 de febrero de la Consejería de Educación por la que se convocaban 2.389 plazas de profesores. El Gobierno central entiende que ese número de plazas sobrepasa los límites de su real decreto, por lo que el 20 de abril presentó un conflicto positivo de competencias.
La presentación de ese conflicto supuso la paralización automática de las oposiciones. Pero el Constitucional tenía un plazo de cinco meses para pronunciarse sobre esta medida cautelar. El pleno, en un auto fechado el 13 de septiembre, mantiene esa suspensión. Aunque el tribunal reconoce que esta decisión, y los argumentos que emplea, "ha de quedar desvinculada de la que en su día se adopte respecto del debate de fondo".
Publicado en elpais.com

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