MadridXUnaNuevaPolíticaEducativa
Colectivos firmantes:
31-03-2021
En la reunión del 20 de marzo el conjunto de diferentes colectivos expresamos la preocupación por la educación madrileña y las medidas que están en curso: cierre de aulas y centros públicos previos al proceso de admisión con el término de cierre preventivo de aulas.
Esto sucede en Getafe, donde se cierra un aula de 3 años en el CEIP Mariana Pineda y también en los centros San José de Calasanz, Fernando de los Ríos y Julián Besteiro; en Alcalá de Henares se cierran dos colegios públicos: El Juncal y el Reyes Católicos y el instituto de secundaria Isaac Albéniz; en Ajalvir se cierra una escuela pública completa de Educación Infantil; en Leganés se suprime un grupo de Educación Infantil de 3 años en el CEIP Miguel Hernández, otro en el CEIP Aben Hazam, otro en CEIP Marqués de Leganés y, por último, otro en el CEIP Víctor Pradera. Y habrá seguramente muchos otros con esta dinámica.
Es especialmente dramático el cierre de aulas de infantil porque condiciona y asfixia el crecimiento de los centros y nos sumamos al llamamiento de la última asamblea de Marea Verde Madrid para luchar contra el cierre de las aulas de educación infantil en los centros públicos.
Asimismo, el número de plazas públicas es muy insuficiente, especialmente en las zonas de nueva construcción donde es alarmante la negativa de la administración madrileña a abrir centros públicos: el Ensanche de Vallecas cuenta con un único IES público para hacer frente a una población de más de 50.000 habitantes y en Villa de Vallecas hay tres IES públicos para más 116.000 habitantes. O el caso de los barrios Las Tablas y Montecarmelo en la zona norte de Madrid y en las zonas de reciente urbanización en pueblos como Parla, Getafe, Valdemoro, donde están pendientes de construir dotaciones escolares públicas. En el caso del barrio nuevo del Cañaveral ya directamente han cedido el único suelo público para la construcción de un colegio privado-concertado.
Además, el gobierno de la CAM está paralizando todas las licitaciones y retrasando los trámites administrativos en la cesión y construcción de centros públicos para beneficiar el negocio de la concertada. Como consecuencia, encontramos varios ejemplos como el IES Blanca Fernández Ochoa, que no podrá abrir el curso que viene como estaba previsto.
La Consejería de Educación del Partido Popular crea una situación de desequilibrio entre los centros públicos en cada zona escolar, masificando unos centros y reduciendo líneas (aulas) en otros, provocando una situación difícil en los centros afectados y a las familias y alumnado. Denunciamos la estrategia de Ayuso para ir disminuyendo el número de plazas escolares en la red pública y llamamos por tanto a una campaña de matriculación, exigiendo plazas públicas en todos los distritos y pueblos madrileños, pues son nuestros derechos: acceder a la educación pública y gratuita.
Todo esto sin contar con el cierre de cientos de aulas para el curso 2021-22 al eliminar las llamadas “aulas COVID”, implementadas este curso para así bajar las ratios y ofrecer seguridad en nuestras aulas.
La Consejería de Educación madrileña ya ha decidido unilateralmente el incremento de ratios al nivel pre-pandemia. La bajada de ratios ha significado una mejora de la calidad educativa constatada por el profesorado, estudiantes y las familias como consecuencia de contar con 23 alumnos y alumnas en secundaria y 20 en primaria y en el segundo ciclo de infantil. No obstante, seguimos considerando que el número óptimo son 15 alumnos y alumnas por aula para conseguir una atención más acorde a las necesidades de la diversidad del alumnado. La bajada de las ratios, como ya han demostrado muchos estudios, posibilita una educación más individualizada, más inclusiva y participativa y debería ser un objetivo de cualquier sistema educativo. Además, es una medida irresponsable porque la pandemia continúa y es previsible que se mantenga durante al menos parte del próximo curso escolar.
Es incomprensible también la eliminación de los refuerzos COVID en el segundo trimestre tras una paupérrima situación de recursos personales y de atención a la diversidad, arrastrada de cursos anteriores, que ha aumentado los desequilibrios entre el alumnado. Nos preguntamos por el destino de los fondos de financiación europeos otorgados a tal efecto: ¿en qué se están gastando?
Con la posibilidad de una cuarta ola, nos sorprende cómo la Comunidad de Madrid vuelve a precipitarse en sus medidas para el próximo curso escolar y nos encontremos de nuevo con la desastrosa gestión del curso anterior que, ante el malestar y la movilización de la comunidad educativa, solventó con improvisación y subcontratación. Un curso escolar que al final se ha afrontado con profesionalidad por el trabajo de los equipos educativos, el profesorado, el alumnado y las familias.
El aumento de las ratios es una brecha que Ayuso abre bajo la línea de flotación de la educación madrileña, revelando la falta de proyecto e interés del Partido Popular por la educación pública.
Estamos en uno de los territorios europeos que más segrega, efecto agudizado por el bilingüismo impuesto en los últimos años pasando por encima de claustros y familias y pisoteando al alumnado, y un gobierno de la derecha y de la ultraderecha no va a salvar a quienes más lo necesitan y a quienes más ha afectado la crisis. La realidad nos deja a un alumnado que se va quedando atrás sin que se destinen recursos para los centros públicos que acogen la diversidad madrileña más necesitada, ni para el servicio público de Orientación y de Atención Temprana. En Madrid se han vulnerado los más elementales derechos humanos, como ha sucedido con los niños y niñas de la Cañada y de tantos otros hogares anónimos que han corrido la misma suerte.
No queremos la política de la derecha madrileña del sálvese quien pueda. Nos encontramos en una situación de emergencia educativa. Necesitamos de la responsabilidad de todos y de todas. Es el momento y, por tanto, nos sumamos y llamamos a la asamblea del día 8 de abril: tenemos que defender la Educación Pública madrileña, porque es de todos y todas, para todos y para todas. La educación de calidad no es una elección, sino un derecho constitucional por el que han de velar los poderes públicos.
No se nos debe olvidar que los proyectos neoliberales y la ultraderecha defienden medidas antidemocráticas como el veto al ejercicio de los derechos y libertades democráticos en la escuela: libertad de expresión (veto a la Ministra Montero), libertad de cátedra, derechos a la propia expresión de género y opción sexual en la infancia y adolescencia (veto parental) y que propone blindar la educación concertada y vetar los aspectos más progresistas de la LOMLOE. No olvidemos que ya comenzaron a implementar el veto parental en las instrucciones de 2020-21, al obligar a los centros a presentar antes del curso su proyecto educativo con sus programas y actividades extraescolares.
Ante la falta de respeto al derecho de los niños y niñas madrileños a una educación de calidad y en condiciones de seguridad, los colectivos que integramos Madrid por una Nueva Política Educativa exigimos, en primer lugar, el descenso de las ratios para el próximo curso escolar y pedimos además la disminución de las ratios de educación infantil de primer ciclo, así como en toda la secundaria y formación profesional, eliminando la semipresencialidad que tan malos resultados educativos ha supuesto para el alumnado afectado.
Llamamos a una campaña de matriculación en la escuela pública y exigimos el mantenimiento de todas las plazas públicas en todos los distritos y pueblos madrileños, así como el aumento necesario de plazas públicas para poder acoger a todo el potencial alumnado. Es nuestro derecho.
Reclamamos la construcción de más centros públicos, así como la apertura de nuevas líneas en lugares en los que no hay suficientes plazas públicas. La construcción de centros privados concertados no son una alternativa válida cuando las familias no pueden elegir enseñanza pública de calidad, ello es solo un incremento del negocio privado de la concertada.
Asimismo, no podemos consentir la vulneración de los derechos del profesorado de la Educación Pública y las presiones que se le hacen desde arriba para someterlo porque defendemos la libertad de cátedra. Los períodos lectivos de 18 horas de docencia directa del profesorado en todos los niveles educativos, ampliados en la crisis de 2008, son necesarios para asegurar una educación de calidad para todos y todas.
Por otra parte, es prioritario mejorar la atención a la diversidad en todos los niveles educativos. Requerimos mayor número de profesionales de los Equipos de Orientación, de Atención Temprana, maestras de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje para poder atender al alumnado que más lo necesita. Además, debemos eliminar los impedimentos para los diagnósticos de los alumnos y alumnas con trastorno del espectro autista, para que puedan acceder de forma temprana a una escolarización inclusiva acorde a sus necesidades.
Por todo lo expuesto, llamamos a la acción, a la movilización social y a la responsabilidad que concierne a cada cual desde su ámbito y su capacidad de actuación. El 4 de mayo tenemos la oportunidad de echar al actual gobierno de la derecha y la ultraderecha, un gobierno corrupto que atenta contra el derecho de los niños y las niñas, adolescentes, jóvenes y adultos a una educación pública y de calidad. Es el momento de pasar a la acción.
MadridXUnaNuevaPolíticaEducativa
Colectivos firmantes:
31-03-2021
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