El compañero Manuel Menor nos envía este artículo
Tras la saqueadora
corrupción que nos inunda y ya hace tambalear instituciones eminentes, están
las políticas pseudomodernas de atraso colectivo que, en Educación, son especialmente dañinas
Estamos en fase de culminar el atlas histórico-topográfico con que
entender mejor el funcionamiento del sistema educativo español tal como lo ha
dejado la LOMCE. Hasta ahora, el complicado bosque legislativo con que lo
habían ido trenzando, especialmente las últimas leyes y decretos, más
relevantes si cabe desde 2012, era motivo de agrias disputas acerca de lo que
está bien o está mal, cómo mejorar su “calidad” o sumirse en el atraso.
Del “tamayazo” a la
dimisión
La confusión era grande porque, igual que pasaba con la
cartografía más historiada precolombina, salirse del círculo de lo más próximo
al poder triunfante era irse a una terra
incognita donde acechaban todo tipo de vientos mortíferos y males
imprevisibles. Ahora, con las últimas aportaciones de la UCO y sus derivaciones a la cúpula de PP
madrileño, conocemos mejor el entramado de obediencias internas a que responde
buena parte de lo propagado, divulgado y ejecutado en estos años que, en la
Comunidad de Madrid –buque insignia del PP- afectan a todo lo posterior al “tamayazo”
de 2003, pero también contamina la gestión de Esperanza Aguirre desde el
Ministerio de Educación a finales de los noventa. Ahí ya dejó reiteradas
muestras de que la enseñanza pública era un derecho de todos a disminuir y que
la privatización de la enseñanza era la gran aportación a la sociedad que querría esgrimir como logro. Lo segundo a
expensas de lo primero y con el negocio provechoso de los amiguetes a cuenta de
hacer rehenes de intereses particulares, y contando con la complicidad de que a
los padres y madres de familia en posición de merecer les encantaría la
“libertad educativa”, como les encantaría igualmente la “libertad sanitaria”,
la privatización del Canal de Isabel II y otras menudencias.
En los últimos días anteriores a su 3ª dimisión –ahora la de la
portavocía del PP en el Ayuntamiento madrileño-, su última gran preocupación
era dejar bien parado el currículum de contribuciones que había hecho a la vida
colectiva desde los diversos cargos desempeñados. La real Academia de Historia
hace tiempo que la ha homenajeado en su
Diccionario Biográfico y alguna editorial escolar no ha dudado en
magnificar su labor liberalizadora. Después
de tanto acierto en la elección de sus consejeros, asesores y jefes de distintas
unidades administrativas –empezando por la de
su propio gabinete de gobierno-, el legado que deja no es precisamente
para echar cohetes. Es mucha gente –particularmente del mundo de la enseñanza-
la que los ha echado y, de celebrarse la gran
manifestación que en algunos círculos ya
se está preparando contra la basura de corrupción a que en estos últimos
años no han logrado acostumbrarnos, se podrá ver la pena que han producido sus
lloros finales. Lo ciudadanos quieren un Estado bien gestionado y muy atento a
las cuestiones que les incumben a todos y no una finca particular donde algunos
se aprovechen de su selecta exquisitez de nacimiento.
Nadie puede olvidar lo que proclamó, recién nombrada ministra de
Educación, sus objetivos de “libertad” educativa el 20.05.1997, en el Club
Siglo XXI, y lo que aseguró haber logrado cuando cedió los trastos de este
Ministerio a Mariano Rajoy. Qué significara ello quedó grabado en decisiones
que empezaron a escribirse enseguida en el BOE,
porque nadie olvidará tampoco que ella puso a Ignacio González en la
Subsecretaría ministerial en 1996: el mismo personaje que, además, dejaría al
frente de la Comunidad madrileña por cooptación directa, en su otra dimisión
en 20012. Porque ella favoreció igualmente al otro gran muñidor de recursos
públicos para concesiones educativas privadas, Enrique Granados quien no
desdeñó tampoco su provecho propio y el de sus amigos constructores.
Cipayos de la
privatización educativa
Los madrileños tampoco podrán olvidar a Lucía Fígar, una selecta
niña del clan Becerril elegida en 2007 para la Consejería de Educación y para
implementar –como ella mismo confesó en Rímini ante una congregación de
cielinos- la privatización fervorosa de la escuela pública y, conchabada
con la Gürtel, en los posicionamientos de su imagen frente a las reclamaciones,
demandas y protestas de la comunidad educativa y MAREAVERDE
en particular. Y, entre otros muchos testigos, testaferros y ejecutores
directos y aprovechados de las nuevas corrientes neoliberales con que trataron
de imitar las políticas de Margaret Thatcher y similares, nunca olvidaremos
tampoco a dos huidos de la tiza que estuvieron
directamente implicados en esta movida con sus aportaciones. Alicia
Delibes ha dejado suficiente rastro de su quehacer en la Consejería de
Educación madrileña bajo tutela de la Fígar y, entre otras, con repercusión en
la mala formación del profesorado. La sectaria versión de la “libertad” a que
se entregó desde que dejó de dar clase en el IES Isabel la Católica de Madrid, dejó
graves errores de tipo histórico en su panfletario libro La gran estafa (Unisón, 2006) y en sus contribuciones al mundo de
su correligionario Jiménez Los Santos, la FAES y la COPE. El tiempo que en ello
empleó desde que dejó su trabajo docente en el IES Isabel la Católica hubiera
tenido mejor destino si no se hubiera entretenido en ejercer de Juana de Arco
ofendida por supuestos agravios. Algún provecho personal y familiar ha tenido su trabajo en la Consejería
madrileña. Nos ha dejado una lección –un Exemplum- de cómo funciona la
meritocracia liberal made in Espe, al
dar acomodo a sus vástagos en el entorno de la Administración pública que otros
amigos consideraban propia y debida, ese nebuloso mundo de consejeros que
cobran y no se sabe qué pueden aconsejar.
Evidentemente, para que todo quede en casa ahí ha estado como
apoyo insustituible y fuerte su marido, Regino García-Badell, también
exprofesor en el mismo centro público harto de ejercer como tal y que, después
de hacer valer ante Esperanza su pedigree entre progre y familiar –más lo
segundo que lo primero-, había jurado que esto de la pública había que
arreglarlo porque era una mamandurria de cuidado. Considerados sus saberes y
habilidades como el mejor apoyo de Esperanza en su trayectoria, pues son
múltiples los testimonios que hablan de que, desde antes del “tamayazo” –donde
le pudimos ver escribiendo réplicas en aquel horrible día- todo y todos pasaban
por él-, los votantes madrileños también guardarán un gran recuerdo de cómo ha
contribuido a que la Comunidad madrileña –ese adelantado de las políticas
peperas- se esté aproximando rápidamente a las cifras de
Bélgica en cuanto a privatización de la enseñanza: ya somos el segundo país
de Europa en este gran ranking, cada vez más alejados de cómo es la estructura
del sistema educativo en Francia o en la tan alabada Finlandia.
Los colegas exprofesores –especialmente los del del instituto que
había sido Sección de Retiro del Instituto Escuela- con quienes han trabajado están contritos. Los fundadores
de ese centro en 1918, cuando se disputaba a fondo el sentido auténtico que en
educación tenía la palabra libertad, estarían poco orgullosos de las
aportaciones de estos dos exprofesores escolares para transformar el glorioso
término de “libertad” en algo similar a lo que Benetton
anuncia en sus revistas de colorines: la ficción de lo que deja, por
ejemplo, en la Patagonia de los Mapuches. El extraordinario mensaje de
arrivismo correcto para ejercer de cipayos de los espabilados colonizadores
tampoco tiene desperdicio. Progresías hay de los años setenta y ochenta, tan
afanadas en la diferencia que hubiera sido lamentable desvarío que las ascendencias familiares, regaladas como capital
no elegible, no se hubieran impuesto como elección propia.
El atlas de los
intereses educativos
Poco nos queda para completar el Atlas. Hay una segunda parte que
es más más inteligible. La de los beneficiarios de tan extraordinaria gestión neoliberal
trufada de arreglos peculiares de la picaresca hispana a gran escala. Las
empresas pagadas con dinero público para evaluar la nada, las sufragadas para
sostener una imagen que se cae, y las beneficiadas con concesiones
externalizadoras de servicios forman por sí mismas una extensa nómina. Han de
agregárseles, además, los grupos de última generación interesados en el negocio
educativo, entre los que han de contarse desde grandes multinacionales
interesadas en el amplio mundo de la formación y de los medios digitales más
modernos, como Pearson, Avina o Ashoka. Y no se han de olvidar los clásicos que, en
nuestro país, han ido creciendo acompasadamente con el desarrollo del campo
educativo, a veces en nombre del Antiguo Régimen dieciochesco y, otras, del
negocio puro y duro que ha crecido en los circuitos más conservadores de la
Iglesia Católica, aprovechando, la permisividad que le abrieron los sucesivos
concordatos desde 1851, especialmente en sus artículos 2 y 3. Tanta fuerza y
poder han tenido que que la propia Ley Moyano tuvo que plegarse a sus
exigencias en 1857. Como se han ido plegando sucesivamente las siguientes
etapas de la educación española al compás del Concordato
de 1953 o los Acuerdos de 1979, y
que el artc. 27 de la Constitución anticipó que protegería. Ellos solos
representan hoy más del 60% de la enseñanza privada y concertada en España, y
han seguido creciendo al amparo de la muy poco liberal mano proteccionista de
Esperanza y sus compinches.
¿Se imaginan de otro modo
cómo habríamos podido llegar a algunas prescripciones de “mejora” que ha
impuesto la LOMCE en 2013? ¿Se imaginan que hubiera podido llevarse a cabo en
España un debate abierto, público y sin elementos prederterminados como los que
Durkheim o Juarés y muchos otros intelectuales como Zola o Anatole France
llevaron a cabo en la Francia anterior a la Ley Briand en 1905? ¿Se imaginan lo
que habrá que hacer para revertir a su debido dueño lo que la rapiña, el
desconcierto y la dejación han puesto en manos que no debían estar, y que se
cumpla el viejo refrán jurídico de que res
clamat pro domino suo?
Manuel Menor Currás
Madrid, 27.04.2017.
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