La Conferencia de Rectores rechaza la LEMES

BEZ.ES: Los rectores rechazan la reforma universitaria de Cifuentes



Los rectores creen que Cifuentes pretende controlar las universidades, restando poder a sus órganos de gobierno
Creen que Cifuentes se centra más en controlar las universidades que en brindar un servicio público de calidad
Consideran que exigir un mínimo de 10 titulaciones de grado y máster para crear una universidad es muy poco


La Conferencia de Rectores de Universidades de Madrid (CRUMA) ha rechazado el anteproyecto de ley del Ejecutivo de Cristina Cifuentes para reformar el sistema de estudios superiores de Madrid, con un informe con lenguaje duro y lleno de cuestionamientos. El Ejecutivo consideraba que la aprobación de los rectores era una condición para sacar adelante la Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior (LEMES).


"La versión actual del texto presenta carencias e insuficiencias, por lo que requiere cambios sustanciales con el fin de servir al propósito de la definición y mejora permanente de la calidad de dicho servicio público", reza un comunicado de la Cruma al que tuvo acceso bez.es.

Una fuente que solicitó el anonimato dijo a este medio que una de las condiciones que la presidenta de la Comunidad de Madrid puso para llevar adelante la LEMES que tuviera el visto bueno de la CRUMA: algo que, evidentemente, no tiene.

Cuestionamiento 1: Avance sobre la autonomía universitaria. Quizás el más importante que le hacen los rectores al borrador de Cifuentes, sea que "la Comunidad de Madrid no puede ejercer simultáneamente los papeles de regulador y prestador del mismo servicio, contrariamente a lo que manifiesta el preámbulo del anteproyecto en su redacción actual".

En tono particularmente duro, los rectores subrayan que "la actual redacción del texto del anteproyecto está planteada más como regulación de las universidades públicas que del servicio público universitario".

Cuestionamiento 2: Universalidad. No quedan definidos "los servicios mínimos con calidad regulada, que debería ofertar cualquier sujeto prestador –en las misiones universitarias de docencia, investigación e innovación y transferencia de conocimiento–para que pudiera denominarse Universidad, evitando el riesgo de considerar como tal a un modelo de academia o college".

Cuestionamiento 3: Investigación. "Apenas la incluye como requisito cuando el sujeto prestador es de naturaleza privada o procedente del exterior de la Comunidad de Madrid", mientras que creen necesaria una mayor presencia en su articulado de referencias a la innovación y transferencia de conocimiento como componente del servicio universitario.

Cuestionamiento 4: Doctorados. "El texto lo deja en un simple nivel de promesa [al doctorado], sin aclarar qué ocurrirá en caso de incumplimiento", mientras los rectores entienden que "el doctorado tiene que ser un requisito imprescindible en la oferta de estudios universitarios para el establecimiento de nuevas universidades".

Cuestionamiento 5: Los rectores consideran que el mínimo de diez titulaciones de grado y máster exigibles para la creación de una nueva universidad es "claramente insuficiente", en especial "porque no hay referencia alguna sobre el número de los ámbitos (ramas y áreas de conocimiento) o el nivel de las mismas (si han de ser de grado, de máster o de ambos)".

Cuestionamiento 6: El centro de los cuestionamientos es la nueva función que el anteproyecto de Cifuentes pretende darle al Consejo Social. "El texto actual del anteproyecto atribuye al Consejo Social competencias que parecen estar relacionadas con interpretaciones de control sobre Organismos Autónomos de la Administración, cuya naturaleza nada tiene que ver con la de las universidades públicas", señalan con dureza los rectores.

Cuestionamiento 7: Los rectores dicen que el actual anteproyecto, en lo referente a la financiación de las universidades, no es claro respecto a que "la financiación con cargo a los presupuestos de la Comunidad de Madrid tiene que ser únicamente para las universidades públicas de Madrid", dejando abierta la posibilidad de que se financien en centros privados, algo que éstos rechazan de plano. "Los sujetos prestadores del servicio público universitario de naturaleza privada, o procedentes del exterior de la Comunidad de Madrid, han de optar a la prestación del servicio al margen de dichos presupuestos públicos", sostienen los rectores.

Cuestionamiento 8: Otra reclamación es que el texto no explicita "claramente" la obligación de la Comunidad "de mantener sus compromisos de financiación mediante convenios plurianuales que den la necesaria estabilidad y confianza a las universidades públicas a la hora de definir y acometer nuevos objetivos. El texto actual, por el contrario, deja una puerta abierta a la Comunidad de Madrid para incumplir dichos compromisos".

Cuestionamiento 9: Hay que clarificar "el procedimiento de convocatorias para el profesorado, ya que esta competencia corresponde únicamente a las universidades públicas por Ley Orgánica, mientras que el anteproyecto se refiere a 'convocatorias autonómicas'".

Cuestionamiento 10: En lo referente al Personal de Administración y Servicios (PAS), el anteproyecto no contempla el desarrollo de su carrera profesional como parte de la financiación consolidable en los recursos humanos de las universidades. "Cualquier plan de mejora de la calidad del servicio público que prestan nuestras universidades debe hacerse contando con el PAS, por lo que sería necesario considerar propuestas concretas de actuación en esta dirección –debidamente dotadas–incluyendo la certificación, si es posible de ámbito internacional, de su formación".

Cuestionamiento 11: "El borrador de anteproyecto no contiene referencias a la dotación de un sistema de becas para los estudiantes, ni al establecimiento de tasas y precios públicos asequibles para el acceso y la continuación de la formación superior en sus diferentes niveles, situación que posiblemente se deba a esa falta de clarificación en la definición del servicio universal en el contexto del correspondiente servicio público. En consecuencia, sería conveniente modificar el texto para incluir estos aspectos".

Los rectores estiman que, siendo la primera vez que, históricamente, se propone un texto de estas características en la Comunidad, "todo el tiempo que ahora se emplee en mejorar y consensuar su redacción debe verse como una inversión porque minimizará los posibles errores –difícilmente corregibles a posteriori–que pudieran ser producto de una precipitación en los plazos".