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miércoles, 2 de marzo de 2016

Moción de Ganar Móstoles relativa al compromiso de solicitud al gobierno de la Comunidad de Madrid de paralización de la aplicación de la LOMCE

Moción relativa al compromiso de solicitud al gobierno de la Comunidad de Madrid de paralización de la aplicación de la LOMCE

El pasado 14 de enero, la Asamblea de Marea Verde de Madrid, valoró la situación política actual en relación a la lucha por la defensa del Derecho a la Educación.

Desde este punto de vista, se evidenció que el objetivo inmediato de la comunidad educativa en todo el estado es la derogación de la LOMCE y los Decretos de Universidad aprobados el curso pasado.

Porque si no teníamos bastante con la degradación de la calidad educativa que afecta a docentes, alumnado, familias etc, este año además hemos sumado los que ha generado la implantación de esta Ley.

Una ley que genera una cantidad de elementos que empobrece nuestro sistema educativo y discrimina a los sectores más desfavorecidos y con menos posibilidades.

Llevamos años asistiendo y sufriendo una brutal política de recortes, que se han ejecutado en todos los territorios del Estado y en todos los niveles del sistema, que empezó allá por el año 2004 para los primeros, los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales, privándoles de los apoyos que precisaban de pedagogía terapeútica, audición y lenguaje.

En el 2008-2009 los mismos recortes llegaron a los ciclos de Educación Infantil y Primaria, saliendo “por la puerta grande” la escuela privada-concertada.

Educación Secundaria ha sufrido ataques como nunca desde el 2011: aumento de ratios, despidos de docentes, la supresión de los equipos de apoyo, la competencia entre los centros por sus proyectos (bilingüismo, excelencia educativa, etc.); con peores condiciones para el profesorado funcionario de carrera e interino, siendo especialmente dura, por ejemplo, para los profesores de dibujo, muchos sin destino, compartiendo centros e impartiendo otras asignaturas.

Y la Formación Profesional, también es atacada, dirigiendo de forma velada a ella a los alumnos y alumnas con peores resultados, ejecutando un cambio en el modelo de ciclos existentes cuyas consecuencias han sido demoledoras. Aumento de las tasas en más de un 100% para gran parte del alumnado y la implantación de la llamada FP Dual. Si la filosofía de cualquier empresa la podemos resumir en “obtención de beneficios económicos” cuando aparece una formación, como ésta, impartida a medias entre empresas y gobiernos ¿cómo vamos a pedir que aparten su filosofía y prime la formación por encima del beneficio económico? Estos estudios solo proveen de mano de obra barata a las empresas.

En la Universidad el 3+2 (tres años de grado y dos para maestrías o posgrados) provocando con la reducción a tres años en las antiguas licenciaturas la pérdida de todo su valor. Estudios tan generales que obligan a especializarse en maestrías cuyo precio oscila entre 4000 y 7000 euros por curso. Solo unos pocos podrán permitirse estudios universitarios y descenderá igualmente el número de profesores.

Una ley que elimina la democracia en los centros y niega la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa, que potencia la figura de las y los directores asignándoles funciones más propias de un jefe que de un representante del claustro; que desarticula los Claustros y los Consejos Escolares desproveyéndolos de las tomas de decisiones de la vida diaria en los centros educativos.

Que fortalece la asignatura de religión, católica claro, equiparándola al resto de áreas, cuya presencia contradice los más elementales principios de la escuela pública en un Estado aconfesional, provocando además verdaderos problemas de organización y funcionamiento al profesorado y equipos directivos así como situaciones de discriminación entre el alumnado.

Que permite y promueve la segregación de alumnos y alumnas por sexo (aduciendo una declaración de la Unesco de 1960 e ignorando convenciones posteriores aprobadas por la ONU y sentencias al Tribunal Constitucional).

Que maltrata los lenguajes artísticos; porque con la LOMCE las asignaturas destinadas a impulsar la creatividad de los más pequeños han visto reducida su carga horaria. Las materias de música o enseñanzas artísticas han dejado de ser troncales en primaria y secundaria, quedando en manos de las Comunidades Autónomas ofrecerlas y del alumnado cogerlas: un estudiante podría realizar todo el periplo educativo obligatorio sin recibir ni una sola clase de música o artes. Y les da igual que todas y todos los expertos afirmen una y otra vez que la música en general y tocar un instrumento aporte beneficios múltiples. Cada vez son más los especialistas que recomiendan el mantenimiento de la formación musical en los programas educativos para mejorar las habilidades lectoras y de escritura, la plasticidad cerebral o la memoria. Con la Filosofía ha ocurrido algo parecido. Pasa de obligatoria a optativa también y depende de la voluntad de los gobiernos regionales. Un modus operandi de este gobierno con la LOMCE que choca con las recomendaciones del Parlamento Europeo que incluyó la competencia cultural y artística entre las competencias básicas para el desarrollo integral de los niños y niñas. Así la creatividad de los niños irá decreciendo y la curiosidad y la búsqueda creativa darán paso a comportamientos más rígidos.

Que potencia las pruebas externas y las reválidas para poner en valor aquellos centros elitistas con más posibilidades económicas. El sistema de evaluación y calificación que introduce la LOMCE solo ha generado preocupación e indignación en toda la comunidad educativa. Es irracional. Odiosos “estándares de aprendizaje” que están indicados para valorar pruebas de tipo censal o muestral, pero que son inútiles en una evaluación individualizada del alumnado. Una recogida de datos despersonalizada que desprecia el trabajo del profesorado y de los alumnos y alumnas y lo convierte en una tarea burocrática. ¿Qué clase de ley desconfiaría del trabajo del profesorado? Ésta. De ahí la obsesión por las evaluaciones externas y las revalidas.

Hay que denunciar también el proceso de recentralización que realiza la LOMCE y la pérdida de autonomía para las comunidades, municipios y centros, en dos puntos: el porcentaje de contenidos del currículo fijados por el Gobierno y el control sobre las evaluaciones al que mencionábamos, y en las trabas que pone al reconocimiento de las lenguas nacionales o propias de las Comunidades Autónomas. No podemos dejar de mencionar los ataques a la política de inmersión lingüística en Cataluña, o los cambios realizados por su gobierno en las comunidades autónomas gallega y valenciana.

Y así, en medio de todo esto, se inició este curso. Para el profesorado con una sobresaturación de trabajo al tener que ajustar sus programaciones a la LOMCE: evaluaciones iniciales, criterios formales, todo ello restando tiempo a coordinaciones, preparación de clases y materiales, atención a la diversidad, es decir a la importante labor pedagógica y no a las formalizaciones que exige la administración. Para las familias con la imposición de un cambio de libros que ha supuesto un desembolso de cerca de 300 euros de media, desembolso imposible para las maltrechas economías de muchas de ellas.

¿Por qué, entonces, esta ley segregadora, injusta, retrógrada y favorecedora de las desigualdades?

Para educar exclusivamente según las concepciones ideológicas del PP. Que pretenden imponernos a cualquier precio y de ahí que no dejen espacio real para participar en el debate a asociaciones, docentes, estudiantes interesados por la Educación. Para potenciar a los centros privado-concertados, para favorecer a empresas que pretenden lucrarse de un bien común, para hacernos más pobres y menos cultos, para fomentar asignaturas como “iniciativa emprendedora empresarial (ideada y puesta en práctica por la propia banca), por encima de áreas que fomenten un desarrollo pleno del individuo, para adiestrarnos e instruirnos, para mercantilizar el primero de nuestros derechos.

Pues NO. Porque reivindicamos una Educación que enseñe a ver, pensar, hablar y escribir, que eduque en valores de cooperación, solidaridad, justicia, equidad, respeto, esfuerzo personal, que enmancipe al profesorado y al alumnado es que reclamamos la urgente derogación de su Ley.