Unos 700 profesionales dedicados a la atención de alumnos con necesidades especiales dejaron de ser contratados este año por la Consejería de Educación, que no respetó la bolsa de trabajo. Desde el departamento dirigido por Lucía Figar se argumentó que encadenar más contratos era incumplir la ley, mientras que los sindicatos aseguraron que de esta manera también se violaban las normas laborales y la bolsa de trabajo establecida. Ante esta situación, que ha provocado que es este año se contrate a nuevo personal sin experiencia, la consejera ha anunciado este jueves en el Pleno de la Asamblea que su intención es convocar oposiciones, pero que para ello tendrá que conseguir el permiso del Gobierno central.
"Vamos a reclamar una tasa de reposición también para este personal, al igual que tiene el docente", ha señalado la consejera, quien ha añadido que, si lo consiguen, su "compromiso para principios de 2014" es tener "plazas suficientes convocadas". En cualquier caso, ha señalado que todos los alumnos están atendidos. Así ha respondido a las críticas del diputado de UPyD Marcos Allo, quien ha denunciado que la Comunidad lleva contratando en fraude de ley a este personal desde 2002, lo que va a suponer, en su opinión, la condena de la Comunidad en los tribunales y que el coste lo tengan que asumir los madrileños. Allo también ha recordado que esta imposibilidad de convocar plazas por parte de la Administración es reciente y que se podría haber solucionado el problema antes.
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