El barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del pasado mes de enero reflejaba que ningún miembro del equipo de Gobierno de Mariano Rajoy, él incluido, aprobaba en la valoración que le otorgaban los ciudadanos. De hecho, la nota más alta es un 3,34 que se queda el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete. Lo que no deja de ser curioso es que el peor valorado (tan sólo un 1,95) y uno de los más criticados es el único que cumple el programa electoral del PP.
El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, podrá ser acusado de muchas cosas, pero en ningún caso de no hablar claro ni de estar incumpliendo el programa electoral con el que concurrió el PP en la materia. Así, todas las medidas por las que está recibiendo críticas, siempre de sectores concretos y la oposición, estaban en los planes del Gobierno. Los recortes no serían atribuibles a su departamento, ya que son generalizados para todos los ministerios.
Todas las leyes, socialistas
El primero de los puntos de ese programa electoral que ha suscitado más recelos, y eso que nace con la intención de atajar los malos datos de fracaso escolar y abandono temprano de la escolarización, es la presentación de una reforma educativa. Wert puso sobre la mesa para ello el anteproyecto de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) y recibió críticas por sumarse a los sucesivos cambios de leyes que se producen siempre que cambia el signo político del Gobierno. Fuentes del Ministerio han señalado a EL IMPARCIAL que “eso no es así” y han insistido en recordar que “las anteriores leyes han sido todas de gobiernos socialistas”.
El primero de los puntos de ese programa electoral que ha suscitado más recelos, y eso que nace con la intención de atajar los malos datos de fracaso escolar y abandono temprano de la escolarización, es la presentación de una reforma educativa. Wert puso sobre la mesa para ello el anteproyecto de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) y recibió críticas por sumarse a los sucesivos cambios de leyes que se producen siempre que cambia el signo político del Gobierno. Fuentes del Ministerio han señalado a EL IMPARCIAL que “eso no es así” y han insistido en recordar que “las anteriores leyes han sido todas de gobiernos socialistas”.
Sobre su puesta en vigor, recuerdan que “primero hay que esperar a que el Consejo de Estado haga su dictamen (consultivo, no vinculante), después iría al Consejo de Ministros y luego pasaría al Congreso”. Añaden que “la tramitación parlamentaria acabaría en los meses de septiembre u octubre y después hay un periodo de 10 meses para adaptar los currículos. Es decir, la LOMCE estará perfectamente lista para entrar en vigor en 2014-2015”, como se ha indicado repetidas veces desde Educación.
Igualmente, desde el ministerio lamentan que para su elaboración los sindicatos de enseñanza han pedido reuniones y, “a pesar de llamarlos y reunirnos para recibir y debatir propuestas, siguen haciendo huelgas”. Sin embargo, las mismas fuentes valoran la posición de sindicatos como CSIF y ANPE, que han visto que existe la “posibilidad de introducir enmiendas durante el trámite parlamentario a través de distintos partidos políticos y por la postura del Ministerio a la hora de abordar en Estatuto del Docente, algo que venían demandando desde hacía años”.
Castellano y catalán
Del mismo modo, uno de los aspectos que más ampollas ha levantado, sobre todo entre los partidos nacionalistas y en concreto en Cataluña, es que el PP se comprometió a que todo aquel alumno que deseara recibir las clases en castellano pudiera hacerlo al margen de la comunidad autónoma en la que viviera. El propósito es firme y así lo están corroborando sucesivas sentencias. En cualquier caso, Wert se ha visto obligado a explicar la última resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ante la interpretación “interesada” que de ella se hizo desde la propia consejería catalana.
Del mismo modo, uno de los aspectos que más ampollas ha levantado, sobre todo entre los partidos nacionalistas y en concreto en Cataluña, es que el PP se comprometió a que todo aquel alumno que deseara recibir las clases en castellano pudiera hacerlo al margen de la comunidad autónoma en la que viviera. El propósito es firme y así lo están corroborando sucesivas sentencias. En cualquier caso, Wert se ha visto obligado a explicar la última resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ante la interpretación “interesada” que de ella se hizo desde la propia consejería catalana.
El ministro de Educación aseguró esta semana que dicha resolución del TSJC “no dice que porque un alumno lo pida toda la clase tenga que ser escolarizada con el castellano” y aclaró que lo que dice el Tribunal es que “el castellano se utilice como lengua vehicular en la proporción que proceda dado el estado de normalización lingüística alcanzado por la sociedad catalana”. Recordó, igualmente, que esta proporción le corresponde decidirla al Gobierno catalán.
EPyC y Religión
Otras de las propuestas cumplidas por el departamento de Wert es la eliminación de la asignatura Educación para la Ciudadanía, que tanta polémica generó desde su implantación en la Ley Orgánica de Educación en 2006 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero por considerarse que presentaba contenidos “adoctrinadores”. La materia se ha sustituido por el estudio de principios éticos y la condición social del ser humano.
Otras de las propuestas cumplidas por el departamento de Wert es la eliminación de la asignatura Educación para la Ciudadanía, que tanta polémica generó desde su implantación en la Ley Orgánica de Educación en 2006 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero por considerarse que presentaba contenidos “adoctrinadores”. La materia se ha sustituido por el estudio de principios éticos y la condición social del ser humano.
Igualmente, desde el Ministerio de Educación se ha advertido en la última etapa del PP que se haría todo lo posible porque existiera un mínimo en cuanto a los contenidos que se habrían de estudiar en las distintas materias. De esta forma, una asignatura como, por ejemplo, Historia no sería absolutamente distinta dependiendo de la comunidad autónoma en la que se imparta. Este punto también ha provocado el enfado en algunas consejerías, que consideran este punto una “injerencia” por parte del Gobierno.
Para terminar, a nadie puede sorprender que el Gobierno haya renovado los acuerdos con la Santa Sede para mantener la asignatura de Religión en los colegios. “Lógicamente —insisten desde del Ministerio de Educación— hay que dar una alternativa a los que no quieran cursar esta materia con una asignatura como Valores éticos y culturales”.
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