La LOMCE y la competición educativa

DIARIO CÓRDOBA.COM: Cuentas de la Reforma Wert


Uno de los aspectos más singulares del ordenamiento constitucional español es que en la distribución de las competencias entre las comunidades autónomas y la Administración central no siempre quien paga es el que manda. Ocurre, por ejemplo, en materia educativa, totalmente transferida, pero que debe someterse a las leyes orgánicas sancionadas por las Cortes españolas. Sin embargo, el coste de su aplicación, cuando lo tiene, va por cuenta de las administraciones territoriales de las comunidades autónomas.

 La memoria económica de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), puesta en marcha por el ministro José Ignacio Wert y que tanta polémica ha desatado en algunas comunidades autónomas, especialmente las no gobernadas por el PP, establece que su coste será de solo 7,5 millones de euros en sus dos primeros años de aplicación: los próximos 2014 y el 2015. Y que correrá a cargo del Ministerio de Educación. A partir del 2016, el balance entre los ahorros que la ley pueda generar gracias al nuevo bachillerato y el coste de la renovada formación profesional será negativo, y no se sabe a cargo de qué cuentas públicas irá. Cabe sospechar que será endosado a las autonomías.

 No es únicamente una reforma decidida desde Madrid que deben pagar las comunidades autónomas, sino que deja abierta la puerta a la competencia entre estas para mejorar las evaluaciones de sus estudiantes. Es difícil entender que el mismo Gobierno que se preocupa por la unidad de mercado y porque el uso de las lenguas propias de cada territorio no dificulte la movilidad de los españoles fomente en paralelo la competición educativa.