La reforma laboral aprobada por el Gobierno del Partido Popular ya había facilitado esos despidos bajo el paraguas de la “insuficiencia presupuestaria” durante tres trimestres consecutivos para aligerar la plantilla de funcionarios. Con el nuevo reglamento de los ERE, ha fijado que sea suficiente para despedir una reducción en un 10% respecto al año anterior en las transferencias que se hacen a comunidades y ayuntamientos o las asignaciones presupuestarias en organismos, entidades o empresas públicas.
En la medida de que el propio Gobierno es el que decide las cantidades asignadas a través de los Presupuestos Generales del Estado, el deseado adelgazamiento de la plantilla de empleados en administraciones y empresas públicas será un hecho consumado, a más tardar, cuando entren en vigor los próximos presupuestos. La causa establecida por el Ejecutivo de que baste la reducción en un 10% en el presupuesto a las comunidades, ayuntamientos o empresas públicas para que puedan efectuarse despidos masivos podría afectar a los 700.000 empleados contratados por las Administraciones, según el Ministerio de Administraciones Públicas y a los asalariados de empresas con más del 50% del capital público, cifrados en más 140.000 personas.
La decisión del Gobierno de mejorar las cifras de déficit cargando la reducción sobre los asalariados y trabajadores públicos, al tiempo que renuncia a establecer nuevos impuesto sobre las rentas de capital o sobre las grandes fortunas, augura unos próximos meses de intensa conflictividad social. A la subida del IRPF y del IVA, el gobierno ya ha buscado en el bolsillo de funcionarios y empleados públicos con medidas como la supresión de su paga extra, la eliminación de los días de libre disposición, la reducción de créditos y permisos sindicales, la modificación del régimen retributivo del personal al servicio de las Administraciones durante la situación de incapacidad temporal y la congelación de oferta de empleo público. A todas estas medidas hay que añadir la reducción de las prestaciones por desempleo y el previsible fin, a partir del próximo día 15, del plan PREPARA, que dejará sin el mínimo ingreso de 420 euros a miles de trabajadores sin empleo, y que se entienden como medidas preventivas ante el evidente aumento del paro que la nueva norma sobre Expedientes de Regulación de Empleo supondrá cuando el Gobierno limite los presupuestos de administraciones y empresas públicas.
El Gobierno, que se muestra absolutamente incapaz de generar crecimiento de la economía y un horizonte de creación de puestos de trabajo, opta así por reducir el gasto público, aunque ello suponga más paro y más pobreza generalizada en nuestro país. La derecha sólo parece entender de reducción del gasto. Del que ella gestiona, porque con las medidas que ha venido aprobando desde su llegada a La Moncloa, no ha hecho más que aumentar el de las familias, vía impuestos directos e indirectos y tasas, y sin que ello suponga aumento del consumo, lo que, indefectiblemente, llevará a nuestro país a ahondar en la crisis económica y en la recesión durante tiempo indefinido.
Probablemente, y sabiendo las consecuencias de sus decisiones, Rajoy ya piensa en el rescate, lo que pondrá, de facto, la gestión de España en manos de la Unión Europea, descargando así de responsabilidades al presidente, y justificando el modelo neocon que siempre ha sido el objetivo del PP.
Publicado en diarioprogresista.es
CC OO: la nueva normativa sobre despido colectivo deja "indefensos" a los empleados públicos
El Área Pública de CC OO ha criticado, a través de un comunicado, que la nueva normativa sobre despido colectivo, que según algunos medios podría permitir regulaciones de empleo en un ente público por falta de dotación presupuestaria, deja "indefenso" al personal laboral de las Administraciones Públicas y "vulnera, una vez más, la Negociación Colectiva".
Para el Área Pública de CCOO la regulación de los procedimientos de despido colectivo en el ámbito de las Administraciones Públicas supone una "peligrosa novedad" para el conjunto del Sector Público al establecer, por primera vez, "cuál va a ser el procedimiento concreto y específico para el despido colectivo del personal laboral ya que se consagra, normativa y definitivamente, el posible despido colectivo con la aprobación del cauce a seguir, lo que puede contribuir a convertir a partir de ahora en algo habitual una cuestión excepcional y puntual".
Consideran que, "además del ensañamiento demostrado por el Gobierno con respecto al personal laboral del Sector Público, se observa un alto grado de determinismo en cuanto al objeto del procedimiento a seguir, en opinión del AP de CCOO"
Es decir, que una vez la Administración de turno "opte por aplicar un despido colectivo, su aprobación va a resultar prácticamente inevitable y, además, en los términos planteados inicialmente". De manera que la primera conclusión sobre este Reglamento es que se trata de un mero formalismo a seguir para llegar al objetivo fijado: el despido.
Mientras que lo regulado en el borrador para el sector privado deja la puerta abierta a una "posible negociación entre las partes, en el sector público se establece una presunción de que, como quien despide es una Administración Pública, el despido es inevitable, no hay más remedio y las razones que apunta gozan de una presunción de veracidad".
Además de dejar "indefensos" al personal laboral de las Administraciones Públicas, esta normativa dota a las Administraciones empleadoras de una capacidad "exorbitante y vulnera el derecho de negociación colectiva garantizado por la Constitución Española y los Convenios Internacionales ratificados por España".
Por último, el Área Pública subraya además que el empleo público es único, compuesto por personal laboral y funcionario, y habrá de determinarse, "so pena de incurrir en arbitrariedad, qué puestos de trabajo son los no precisos, algo que exige una justificación en el marco de un plan de Empleo negociado".
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