Bienestar escolar: una condición indispensable
Es un reto principal, de los muchos que tiene pendientes el sistema educativo. Si no se logra, el tiempo escolar puede ser un martirio.
Crear el ambiente apropiado para que los años de escolarización de los niños y adolescentes tengan revaloricen sus vidas, es fundamental. A ese tiempo le sobra siempre la coacción moral y la segregación, nefastas en el desarrollo personal y social.
Las grandes palabras de referencia
Desde que en 1857 la Ley Moyano estableció la primera ordenación general de la educación en España, en las leyes que han seguido hasta hay términos que dan las claves del sentido que pretenden, casi siempre muy ajustado a un sustrato sociopolítico, económico y cultural preexistente. “Universalidad” y “libertad” son desde la Constitución de 1978 los que fundamentan las leyes orgánicas que han venido después; su repetición indica lo difícil que es consensuar los ingredientes que conlleve su plasmación en las aulas. Sucede lo mismo en otros ámbitos legislativos. En la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789), “la igualdad, la libertad, la seguridad y la propiedad” (que decía el art. 2), son las divisas que se impusieron con más prevalencia, autolimitándose mutuamente y condicionando, además, el otro gran emblema revolucionario, “la fraternidad”. Esta consigna, expresiva de la laicidad que se pretendía frente al Antiguo Régimen, es nombrada habitualmente con las dos primeras, está inscrita en las fachadas de algunos edificios públicos franceses desde 1880, pero no llega a una constitución hasta 1846 y 1958. Si analizáramos su concreción social sería peor, pero es que hasta las solemnes palabras no suelen pasar de declaración y aspiración de futuro; los procesos socioculturales en que se inscriben no dan para más, y cuando los conjuntos legislativos persisten en repetir los mismos conceptos, reflejan más el tiempo largo de las carencias que cambios efectivos.
En Educación, las reiteraciones que vemos en sus muchas leyes indican bien qué fallos siguen activos en el sistema. Piénsese, por ejemplo, en lo que está sucediendo con la eficiencia de leyes recientes como la llamada del “Sí es sí”, y contrástese con la secuencia de vaivenes que ha tenido la educación de las mujeres en España desde la Ley Moyano, diferenciada de la de los varones. Eran para algo más de la mitad de la población, pero hasta 1910 -53 años después- a 10,3 millones de mujeres le estuvo prohibido el acceso a la universidad y sus profesiones. De todos modos, muy pocas pudieron entrar en ella, y la coeducación escolar apenas duró lo que la Segunda República. Vetada desde 1938, hasta los años ochenta las escuelas e institutos públicos no fueron mixtos y, desde entonces, no necesariamente han implantado una coeducación de verdad, ni han desaparecido problemas de género. Sigue vivo, además, el debate en torno a si –por tabú, negocio o distinción- los colegios que segreguen por sexo deben recibir subvenciones publicas; no todos los que tienen algo que ver con el mundo educativo se expresan del mismo modo respecto a esta cuestión, tan condicionante de “la igualdad”, la “universalidad” y la “libertad” educativas.
Coordinadores de bienestar escolar
El art. 124 de la LOMLOE introdujo, al inicio de este curso en la organización de los centros, la figura del “coordinador o coordinadora de bienestar y protección en la comunidad escolar”, encomendándole la prevención, detección y protección de los niños y adolescentes frente a situaciones de violencia y acoso en el entorno escolar. Reafirmando su importancia, el art. 35 de la Ley de protección a la infancia (LOPIVI) ha vuelto a insistir en su relevancia.
Su implantación en este curso, sin embargo, es variopinta. Si se tienen en cuenta los medios de que dispone, el perfil de los candidatos y la formación requerida para su desempeño, no en todas las Comunidades autónomas se ha implementado esta figura y, donde se ha hecho, los informes de los sindicatos de profesores son expresivos del poco cuidado puesto en ello. La presencia de nuevas figuras en un organigrama administrativista ya despertó en Larra algunos de sus mejores artículos. En la historia reciente de la educación española, fue improvisada la introducción del “tutor”, diferenciado del docente, que urgía a este a que no fuera un simple enseñante y actuara en su aula como educador. Aconteció igualmente con la inclusión del “coordinador docente”, que en muchos casos venía a suplir competencias que todo profesor debía tener para ajustarse al “proyecto de centro” en “colaboración didáctica” con otros profesores. De seguir esa tónica, sería un gran problema que la normalización en los claustros de los cometidos del “coordinador del bienestar del alumno” necesitara el mismo tiempo: la “convivencia” se seguiría resintiendo, y la “calidad” de la educación como derecho garantizado en el art. 27CE, solo sería una palabra banal.
No será fácil lograr la complicidad necesaria en los equipos docentes para que la “cultura del bienestar” –que concreta y explicita los derechos civiles y sociales- alcance en cada centro escolar consistencia relevante entre sus señas de identidad. Si este educador no tiene medios, solo será un trampantojo inútil. En el ejercicio de sus funciones chocará con hábitos que llegan a las aulas por ósmosis de su entorno, empezando por la propia “comunidad escolar”, palabra que no siempre responde a la realidad; ni en todas las familias, ni en todos los barrios, se dan los pautas optimistas de convivencia: compasión, la tolerancia y el cuidado; tampoco e quienes dicen ejercer de líderes políticos, culturales y, a veces, incluso religiosos, son ejemplares. Está, además, la tradición pandillista de fiestas y demostraciones adolescentes, que juegan ahora con las redes sociales. Y asimismo, los tiempos que corren no son bonancibles; los problemas que muchas familias tienen para salir adelante, cuando la inflación se dispara y las hipotecas suben, propician que florezcan candidatos a dar la nota con demostraciones de superioridad sobre quienes parezcan más débiles o simplemente distintos.
En todo caso, en este panorama más bien desolador, es plausible -si expresa voluntad de enmienda- la disculpa de la Consejería de Educación catalana, a causa del acoso sufrido por dos menores en Sallent (Barcelona): “el suicidio o tentativa de suicidio de una persona menor de edad es un fracaso del sistema”. Pero no es suficiente.
MMC (01.03.2023)
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