¿No puede ser de otra manera? (Manuel Menor)

 El reconocimiento por parte de la Conferencia Episcopal de un error en las inmatriculaciones que han hecho desde 1998 se queda corto. 

Desde los tiempos de Manuel Fraga, es decir desde la Ley 14/1966, de 18 de marzo de 1966 –con sus múltiples maneras de limitar la libertad de expresión- empezó a hacerse muletilla habitual de la supuesta normalidad en muchos asuntos, para no reconocer que la solución establecida era evidentemente corta. “-Como no puede ser de otra manera…”. casi siempre vino a querer decir que había sido más fácil dejarlo todo como estaba y dejarse ir con la rutina establecida. 

Acuerdos 

La reciente conversación, acuerdo o pacto entre el presidente del Gobierno y el de la Conferencia Episcopal, es de esos hechos mediáticos. Pero sus fotografías, subidas gráficamente a las redes sociales y difundidas en los medios convencionales, parecen destinadas a que le demos la vuelta a la reiterativa expresión de Fraga y preguntemos: ¿Es que no puede ser de otra manera? Y si no, ¿por qué no puede serlo? Esta es la cuestión que han dejado pendiente los dos jefes, en este momento, de dos instituciones principales. En lo que ha saltado a los medios, da la impresión de que, después del reconocimiento de un “error” –casi mil veces repetido- en la puesta a su nombre de propiedades que no le pertenecían, el asunto quedaba zanjado para la CEE, mientras el jefe de Gobierno se daba por enterado y estaba contento por la fluidez cooperadora entre ambas instituciones. En realidad, habría actuado como una especie de confesor laico decidido a no ser rigorista al haber advertido algún pesar en el penitente y se hubiera contentado con la devolución de unos bienes erróneamente puestos a nombre de la Iglesia. El gesto le daría fama e incluso puede que animara a algunos otros a  pasar por su confesionario en la Moncloa. 

Nada que objetar al respecto, salvo que esos bienes no son del presidente del Gobierno ni de su partido, quedan pendientes muchos otros y no hay información fiable de qué piense hacer al respecto como presidente y, por tanto, responsable de que este episodio tenga la consistencia que corresponde a un Estado democrático. En efecto, no basta con disculparse; la lesión del derecho de propiedad, la injuria in specie que conlleva la acción inmatriculadora indebida y la restitución propiamente tal no se saldan tan simplemente, al menos eso decía el libro de Teología Moral del P. Arregui in illo tempore, que no contradice el artículo 348 del Código de Derecho Civil. Por otra parte, la disculpa del “bien común”, a que se ha referido el presidente de la CEE, no pasa de excusa que llueve sobre mojado; las confesiones religiosas  la ponen siempre por medio para justificar sus actividades. Adicionalmente, en el caso de la Iglesia Católica, en los muchos siglos que lleva en esto ha dejado abundante documentación –desde la ´poca constantiniana, sobre todo- de la que se puede tirar con facilidad para mostrar exactamente lo contrario y que, ante un posible conflicto de intereses (confusamente temporales y espirituales), no ha dudado en defender, preferentemente, su interés particular en el lado más temporal, aunque el pretexto narrativo que haya empleado más tarde haya sido el de su noble misión espiritual o, incluso, “martirial”. La Historia de Europa, y la de España en particular, tienen múltiples acontecimientos –dramáticos muchos de ellos- en que se puede ver esta confrontación del “bien común”. Muchos “cristianos de base” han sido testigos, a menudo, de estas predilecciones, sobre todo desde mediados de los años sesenta. 

Presente-Pasado 

La relación de la Iglesia con el “bien común” suscita múltiples interrogantes. Cuantos creyentes tienen años suficientes para haber vivido los años anteriores a 1975, saben cómo era de  parcial y se movía hábilmente pro domo sua.  Metidos en aclarar la relación que tuvo en aquellos años, la jerarquía católica tal vez debiera poner en conocimiento de los ciudadanos lo jugosos que fueron diversos pactos y Convenios con aquel Estado Nuevo en 1941 y 1948 –años de mucha hambre en este país, en que se hicieron con un gran patrimonio de seminarios y templos, entre otros bienes-, o cómo el Concordato de 1953 repitió otro de 1851 en el que, entre tranquilidades con las desamortizaciones que venía teniendo desde Carlos III , quedó en manos de la Iglesia la “libertad de enseñanza” y condicionó la que iba a ser la primera ley general de enseñanza de los españoles, la Ley Moyano de 1857. Más cerca en ese largo pasado, desde la Ley Hipotecaria de 1948 tuvieron tiempo de inmatricular a su nombre otros cerca de 100.000 bienes que no han entrado en esta lista del  acuerdo de hace tres días. Queda pendiente, después de este gesto último, saber qué pasa con la Mezquita de Córdoba y otros bienes del Patrimonio cultural de todos –no reconocidos en ese “error” contable- , y si multitud de bienes que no son lugares de culto, por pertenecer a la Iglesia, seguirán sin pagar IBI. 

En este territorio de un pasado que sigue vivo en este presente, en esta conversación amistosa nada parece que se haya hablado tampoco de los bienes que afectan al sistema educativo. En todos los años que abarca la presencia oficial del nacionalcatolicismo, las sucesivas leyes educativas desde 1938, 1945, 1953, 1957, 1965 o 1970, recrecieron su patrimonio escolar mediante continuadas subvenciones a sus colegios; el pretexto de “su función social” los libraba de impuestos y les facilitaba créditos  de todo tipo. ¿Era por el “bien común” escolar?  ¿Qué patrimonio escolar –y urbano- extrajeron las diversas asociaciones, instituciones y agrupaciones religiosas dependientes de la jurisdicción eclesiástica de toda esa amplísima normativa monotemática y, en algunos momentos casi monopolística?  ¿Qué beneficio ha sacado con esa “función social” la enseñanza pública, la de todos? 

¿Y el futuro? 

Está muy bien que el presidente del Gobierno, “como no debe ser de otra manera”, se haya sentido a gusto en la sede de la CEE testimoniando unas “cordiales relaciones” con la Iglesia: nadie desea otra cosa. Pero debiera explicar con claridad la postura de su partido respecto a los Acuerdos con el Vaticano suscritos entre 1976 y 1979. Sin remitirnos a los cambios de postura que desde aquellas fechas ha sostenido,  y sin mencionar cómo la LODE, la LOGSE y la LOE los han confirmado, o cómo aumentaron sus beneficios con Zapatero a través del IRPF, desde 2013 viene dando un recital de adaptaciones semánticas respecto a estos Acuerdos, incluso con la LOMLOE no se entiende el apoyo de miles de millones de euros anuales a esos colegios, concertados desde 1985, y a la presencia “fundamental” de la Religión en el sistema escolar.  El “bien común” agradecería que la autoridad de un Gobierno -se dicente como mínimo socialdemócrata-, explicara por qué, en nombre de un supuesto “aconfesionalismo”, una confesión particular ha de nutrirse de los presupuestos de un Estado democrático, teniendo en cuenta que es habitual que su ética confesional discrepe de la de muchos ciudadanos, a los que limita su libertad de conciencia.  Todo indica, por demás, que esta institución, al reconocer una “pillería” con estas inmatriculaciones “erróneas” no muestra propósito de la enmienda, como exige una verdadera contricción, ni tampoco el viejo principio romano: res clamat domino suo. 

Manolo Menor

Madrid, 26.01.2022