Artículo de Mónica Zas Marcos para eldiario.es
- El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha renunciado a una segunda cantidad que le correspondía del programa del Gobierno #PROA+, orientado a prevenir el fracaso escolar y el abandono temprano
27 de noviembre de 2020
"Se comunica que la Comunidad de Madrid no participará en el segundo reparto". Con esta simple frase, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha renunciado a casi dos millones de euros de un paquete de ayudas estatales orientadas a reducir el fracaso escolar y el abandono temprano del alumnado más vulnerable, según consta en la carta remitida por la Consejería de Educación al Ministerio y a la que ha tenido acceso elDiario.es.
Los fondos estaban englobados dentro del plan #PROA+ y forman parte de un segundo reparto de 20 millones de euros que ofrece el Gobierno a las Comunidades Autónomas y por el que le correspondían exactamente 1.904.699 euros. El primer paquete de ayudas consistía en 40 millones, de los cuales 3,8 fueron a parar a las arcas de la región y han servido para financiar a 96 institutos de la comunidad madrileña.
La misiva no explica a qué se debe la decisión de desmarcarse de las ayudas, solo indica que, "a la vista del desarrollo del programa y de la participación de los centros en el mismo durante este curso 2020-2021", la Comunidad de Madrid se desliga del reparto anunciado. Sin embargo, consultado por este periódico, un portavoz del Ejecutivo madrileño incide en que se han adecuado al número de centros que presentaron solicitud, en que la Consejería ya cuenta con un programa de Apoyo para Primaria (PAE) y que por eso decidieron "concentrar todo ese presupuesto estatal en la etapa de Secundaria". Además, vía correo, asegura que la Comunidad "ha puesto en marcha diversas acciones de refuerzo con un presupuesto de cerca de 23,4 millones de euros", aunque no explica qué problema había con sumar esos dos millones de euros que les ha ofrecido Educación.
Según fuentes del Ministerio de Educación, además del refuerzo docente al que va dirigido el plan PROA, el segundo paquete pretende potenciar las soft skills, o "habilidades blandas", para responder a las necesidades que surjan durante este curso con el alumnado vulnerable. Las comunidades deben evaluar los proyectos que incluyan una orientación personalizada, por ejemplo, mediante tutorías, trucos para la organización del tiempo o el impulso de las actividades extraescolares, fundamentales para la integración de los estudiantes con necesidades especiales, la gran materia pendiente de la enseñanza española.
Las últimas estadísticas publicadas sobre el apoyo educativo a chavales rezagados tanto por factores socioeconómicos y culturales, como por discapacidades y trastornos graves, muestran que la atención es desigual dependiendo del territorio español en el que nos centremos. En el año 2019, las comunidades autónomas que tuvieron un mayor porcentaje de alumnado con apoyo educativo son Navarra (20,8%), Baleares (15,6%), Murcia (14,5%) y Valencia (14%). Al otro lado, Ceuta (5,5%), Melilla (5,2%), Aragón (5,1%) y la Comunidad de Madrid (4,8%) encabezando la lista por detrás.
Por eso, una parte de los sindicatos y de la comunidad educativa no entiende cómo han podido decir que no a unas ayudas que "no tendrían ningún coste para la Comunidad", se lamenta Isabel Galvín, secretaria general de Enseñanza de CCOO en la región. Para ella, la decisión se fundamenta sobre "una lógica política y una cerrazón desde la Consejería por confrontarse con el Gobierno de España a toda costa".
Según la última resolución publicada por la Comunidad de Madrid, 96 de los 97 centros que presentaron su solicitud para acceder a las primeras ayudas del plan #PROA+ fueron aceptados. Miguel Recio, director de instituto que ha puesto en marcha estas ayudas en varios centros a lo largo de estos años, recuerda que en su momento "había peticiones de más y nos ponían limitaciones". En su caso, solo podía ofrecer dos clases de refuerzo semanales a dos grupos de entre 10 y 15 alumnos porque "no había dinero para contratar a más profesores externos", que eran los encargados de impartirlas fuera del horario escolar. Ahora que lo hay, no sabe por qué no se reparte entre el centenar de centros que se han presentado.
"Existen 330 institutos en Madrid, así que los 97 que lo han solicitado ya son casi un tercio. Seguro que sus equipos directivos sabrían qué hacer con esos dos millones extra", afirma el docente. Isabel Galvín, de CCOO, va más allá y critica que la Comunidad de Madrid "no haya promocionado en condiciones un plan con eficacia avalada". La Comunidad lo desmiente a este diario y asegura que "se insistió y recordó en diversas ocasiones a los centros la posibilidad de participar e incluso se amplió en 15 días el plazo de presentación de proyectos".
No obstante, en la línea de Recio, la representante sindical también critica que no se le dé la oportunidad a los centros que lo han pedido de aumentar sus grupos de refuerzo o de poner en marcha otras iniciativas para la integración: "El dinero que rechazan compromete el plan porque, según los números de la propia Consejería, habrá 3.000 alumnos que cumplen el perfil y que no podrán acceder a él", dice Galvín.
Una investigación realizada a partir del análisis de los efectos del Plan PROA en tres cursos consecutivos, desde el año 2008 al 2011, mostró que existe una apreciación positiva sobre la incidencia del programa en la mejora de tres áreas (hábitos de trabajo, lectura y escritura) y que tanto monitores y profesores como estudiantes creen que el programa ayuda a la mejora del alumnado. "Nosotros hicimos un seguimiento interno a los alumnos que formaron parte del programa y a los que no pudieron acceder a él aunque se adaptaban al perfil, y se cumplió que los primeros obtuvieron mejores resultados académicos", cuenta Miguel Recio.
"No soy amigo de dar recursos si no se hace un seguimiento y evaluación de sus resultados, pero en el caso del PROA se ha visto que la comparativa es favorable", incide el docente. Rememora lo que ocurrió con el programa Escuela 2.0, en 2010 que ofrecía dotar de ordenadores y otros dispositivos tecnológicos a los colegios españoles, y que Madrid rechazó porque "las pantallas eran pequeñas": "Fue una cosa absurda y que tenía un trasfondo de negar las ayudas únicamente por cuestiones políticas", compara Recio.
Por su parte, la portavoz de CCOO cree que la decisión de la Comunidad de Madrid deja al alumnado madrileño en desventaja y que lo saca fuera del mapa español y europeo en un contexto de crisis por la COVID-19. "Ya estamos a la cola de la desigualdad, pero ahora seremos los campeones de la desventaja y de la exclusión", reprocha.
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