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- Desde hace un par de cursos, la confederación de familias de la pública y la asociación de colegios privados, vienen realizando estudios sobre las cuotas que se cobran en centros concertados por medio país. En esta edición, han realizado su investigación en ocho comunidades. El 89 % de los centros estudiados obligan, de una manera u otra, a pagar cuotas mensuales. Solo un 11 % afirma que no hay que pagar estas cantidades. La ley dice que son ilegales.
«No es obligatoria, pero todo el mundo la paga y viene bien». Esta podría ser una de las explicaciones que una familia recibe durante el periodo de matriculación en un centro educativo concertado. Es, de hecho, una frase que recoge el estudio de CEAPA y CICAE, elaborado por Garlic B2B, empresa con la que vienen trabajando en este tipo de estudios desde el curso 2018-2019.
Nuevamente, los centros concertados (se ha hecho el informe con datos de 336 de ocho comunidades), aparecen en el punto de mira. Casi la mitad obligan al pago de una cuota mensual no adscrita a actividades como extraescolares, comedor o transporte. Es lo que se conoce como la famosa cuota voluntaria que, en estos casos, no lo es.
El informe se ha realizado durante la primavera pasada, a través del teléfono o por videoconferencia con los centros, con la metodología de hacerse pasar por una familia que busca plaza en algún centro concertado. Salvo en el caso de los centros catalanes, a los que se inspeccionó en el mes de noviembre de 2019.
El estudio recoge que un 10 % de la muestra realiza algún tipo de política de discriminación hacia el alumnado cuyos padres no abonan la cuota mensual. Normalmente, tiene que ver con la imposibilidad de que el niño o la niña participe en una actividad concreta (actividades extraescolares en horario lectivo, hora de comedor, etc.), de manera que obligan a las familias a recoger al alumno durante ese tiempo para que no quede sin vigilancia. Cabe destacar, según informan las organizaciones que hacen el estudio, que en la Comunidad de Madrid, este porcentaje es realmente del 28 % de centros que ejercen algún tipo de exclusión. En el resto de las autonomías, los porcentajes son muy bajos (un 2 o un 3 %) o inexistentes.
A este porcentaje se suma un 35 % que no excluye, pero que informa a las familias de que el pago de esta cuota, no adscrita a una actividad concreta, no es voluntaria, sino obligatoria, pues de ella se detraen fondos para pagar la actividad cotidiana del centro. En este grupo de centros, también hay importantes diferencias autonómicas. Mientras que en Cataluña o País Vasco esta obligatoriedad se da en más del 80 % (95 y 81 % respectivamente), en Aragón solo ocurre en el 11 % de los centros consultados.
Frente a estos datos se encuentra el 44 % de los centros que, preguntados por la obligatoriedad de este pago, informan a las familias de que no es condición sine qua non, aunque se agradece y ayuda a sostener el proyecto educativo concreto del centro. Según explica Amparo Núñez, directora del estudio en Garlic, estos mismos centros ejercen posteriormente algún grado de presión para que las familias acaben por pagar lo que se les pide. Nuevamente, las diferencias territoriales son muy importantes. Mientras que en Cataluña solo el 2 % de los centros asegura que no hay problema si no se paga la cuota, en Aragón lo hacen el 67 % de los colegios.
Quedaría un 11 % hasta la totalidad de centros investigados. En este caso, no informan a las familias de ninguna manera sobre las consecuencias o no que tendría el no pago de estas cuotas.
Una de las mayores diferencias con respecto a los estudios de años anteriores, además de incluir a varias comunidades autónomas en esta edición, es el aumento, al menos en el caso de Madrid, de la voluntariedad de pago de estas cuotas. En la edición del año pasado, el estudio puso el foco en lo que se conoce como «nueva concertada» y que, fundamentalmente, está sustentada por empresas sin ninguna o muy poca experiencia en el sistema educativo pero que han conseguido importantes conciertos en esta comunidad autónoma. Cuando este año, la muestra ha tocado la puerta de centros concertado sustentados por entidades de mayor trayectoria, la voluntariedad en el pago ha aumentado.
Transparencia
Además de la recogida de información sobre las cuotas «voluntarias» que se cobran en la totalidad de los centros concertados consultados, CEAPA y CICAE han querido destacar en su informe la falta de transparencia de la información que, en general, aportan los centros a las familias en relación a pagos por servicios.
Los colegios no se lo ponen nada fácil a las familias. O bien nunca terminan de dar toda la información que se les pide, o no la recogen en un documento que les hagan llegar. O, incluso, cuando sí lo hacen, este no tiene membrete ninguno del centro educativo.
De hecho solo el 45 % de los 336 centros ha facilitado documentación relativa a la cuantía de las cuotas complementarias, aunque muchos no han actualizado la información con respecto a la del curso 2019-2020.
A esto se suma que buena parte de la muestra no facilita información clara sobre horarios o qué tipo de actividades se realizan bajo el paraguas de estas cuotas complementarias, de manera que solo el 22 % especifica qué, cuándo y a qué precio.
Enorme variedad de precios
Los precios de estas cuotas, como no podría ser de otra manera, son muy dispares de unos territorios a otros. El precio más elevado de la cuota complementaria lo han encontrado los investigadores en Cataluña, en el coletio St. Paul’s que, según explican, cobra 950 euros al mes por diferentes servicios (el año pasado era de 860 según los datos del mismo estudio). En las antípodas están los centros concertados en los que esta cuota complementaria es de cero euros mes.
De cualquier manera, según han recabado CEAPA y CICAE, el 90 % de los centros consultados cobran algo de dinero, siendo Madrid, Catalula y País Vasco comunidades en las que ese porcentaje es del 100 %.
La cuota promedio de lo que se cobra, está más o menos cerca de los 60 %, una cifra que esconde importantes diferencias, ya que, por ejemplo, en Cataluña, el promedio mensual es de 225 %. Y, en cualquir caso, en todas las comunidades hay centros que cobran más de 100 % mensuales a las familias.
Los centros que más cobran, sostienen las organizaciones que han contratado el estudio, además, limitan la posibilidad de no pagar o reducir lo que pagan a través de una más o menos compleja estructura de cobros. Por ejemplo, la cuota se condiciona a los servicios contratados. Es decir, que si yo no quiero que mis hijos vayan al comedor, la cuota será igual porque el previo de los otros servicios que sí quiero que utilicen, como las extraescolares, ascienden. A esta fórmula se le unen otras como la creación de packs para cobrar varias actividades en un conjunto. Si estas mismas actividades se quieren pagar por separado su precio asciende por encima de la cuota.
Finalmente, en Cataluña y País Vasco, ebn no pocos centros también se cobra una cuota a la entrada de los estudiantes en los centros. Un pago que puede ir desde los 100 euros hasta los 3.000.
Aquí puede consultarse el resumen ejecutivo del informe de CEAPA y CICAE.
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