El
coste cero como precepto tiene corto recorrido.
“Pataleta”
para unos o marketing para otros, ¿el
decreto que suprimirá el recorte obligatorio del gasto educativo será
advertible pronto en las aulas?
Como primera medida para frenar la LOMCE no está mal, aunque sea
corta y no va a estar disponible en su totalidad para el curso próximo. Pero se centra en lo principal: la
inversión y, de paso, ataja aquel desparpajo retórico de Wert respecto a que,
con menos recursos, podía haber una buena educación. Los recortes vinieron
antes de la LOMCE, con el famoso R.D.-ley 14/2012 que ahora Pilar Celáa
pretende revertir y que la LOMCE certificó.
Reversión
El coste total de lo uno y lo otro, con todas las secuelas en
sucesivos decretos de Wert y Méndez de Vigo, y su tratamiento en el déficit con Bruselas –soportado
especialmente por la escuela pública-, fue objeto de todas las reivindicaciones
de los profesionales de la educación en estos años marianos. Dan fe de ello los comunicados y
manifestaciones de mareaverde, CEAPA y colectivos de maestros y profesores. En la
Comisión parlamentaria para el Pacto Social y Político en Educación hay abundantes
referencias a ello, igual que en sesiones del Consejo Escolar del Estado. Y una
síntesis de lo que supuso aquel afán de desmantelamiento privatizador, está
accesible en un reciente libro de FE-CCOO,
conmemorativo de su 40º aniversario. El capítulo dos recoge cuanto la revista Trabajadores de la Enseñanza (T. E.) testimonió:
las medidas que en cada comunidad fueron tomándose -incluidas las que ahora
ponen reparos a la supresión del decreto originario- y las cuantías globales de
lo recortado. Permite ver, sin trampas, el favorable trato que –durante todo el
tiempo de la supuesta crisis- tuvo la enseñanza privada. Es un buen baremo,
además, para cuantificar el diferencial que pueda alcanzar esta reversión del decreto
de 2012 que ahora quiere iniciarse.
Con esta medida Celáa retoma el testigo donde Méndez de Vigo lo
dejó. En su proyecto de pacto estaban los recursos; la discrepancia conocida
con el PSOE estuvo en su cuantía. Puede, pues, ser un buen camino para preparar
una alternativa a la LOMCE y su contexto. No obstante, una vez que las cinco
comunidades del PP han hecho su gesto de retirarse, después de tres horas de reunión para
enterarse de la derogación del penoso decreto, superado el empate de rabietas las
cuestiones principales siguen en pie y no son de poca importancia.
¿Coste cero?
Aquí -como en lo concerniente al techo de gasto-, se dirime la
posibilidad política de este Gobierno y, por supuesto, su voluntad de ejercerla
con un grado de compromiso convincente. Ambas
cosas van juntas, dada la precariedad de votos parlamentarios con que cuenta
para salir adelante día a día, en intensa negociación cruzada con otros asuntos
de no menor enjundia. Pero es una ocasión
para demostrar la calidad política de los gestores del Ministerio en este
momento, que se acabará midiendo no por consensuar, sino por la categoría de los
acuerdos a que sean capaces de llegar. Es de desear que no se cansen al primer
rifirrafe. Esta medida no tiene coste cero -especialmente para las Comunidades-,
pero los otros asuntos, con ser el del soporte normativo del ahorro en
educación muy significativo, lo tienen menos. En primer lugar, el alcance
global de la reversión de lo recortado a que se aspira, con sus plazos
correspondientes. Y en segundo lugar, el empleo real de esos recursos en situar
a la escuela pública en las condiciones que necesita. Ahí se verá que el valor de los gestos
iniciados se medirá en que muchas decisiones la obligarán a sobreponerse a obstáculos
más serios que el de esta “pataleta” de los representantes del PP; los tendrá
también de dentro del PSOE.
De unos y otros partidos, se podrá confirmar pronto la voluntad de acuerdo, consenso y pacto que
tengan por un sistema educativo que pueda cumplir con dignidad contrastada el
derecho de todos los ciudadanos a una buena educación. Se supone –pero tendrán
que demostrarlo con hechos- que no se satisfacen con la mera
escolarización de todos los niños y niñas ni, tampoco, con que el sistema siga
funcionando con clara muestra de privilegios al segmento de quienes –en
general- menos lo necesitan.
Manuel Menor Currás
Madrid, 31.07.2018
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