sábado, 4 de agosto de 2018

Coste cero (Manuel Menor)


El coste cero como precepto tiene corto recorrido.

“Pataleta” para unos o marketing para otros,  ¿el decreto que suprimirá el recorte obligatorio del gasto educativo será advertible pronto en las aulas?

Como primera medida para frenar la LOMCE no está mal, aunque sea corta y no va a estar disponible en su totalidad para el curso próximo. Pero se centra en lo principal: la inversión y, de paso, ataja aquel desparpajo retórico de Wert respecto a que, con menos recursos, podía haber una buena educación. Los recortes vinieron antes de la LOMCE, con el famoso R.D.-ley 14/2012 que ahora Pilar Celáa pretende revertir y que la LOMCE certificó.

Reversión
El coste total de lo uno y lo otro, con todas las secuelas en sucesivos decretos de Wert y Méndez de Vigo, y su tratamiento  en el déficit con Bruselas –soportado especialmente por la escuela pública-, fue objeto de todas las reivindicaciones de los profesionales de la educación en estos años marianos.  Dan fe de ello los comunicados y manifestaciones de mareaverde, CEAPA y colectivos de maestros y profesores. En la Comisión parlamentaria para el Pacto Social y Político en Educación hay abundantes referencias a ello, igual que en sesiones del Consejo Escolar del Estado. Y una síntesis de lo que supuso aquel afán de desmantelamiento privatizador, está accesible en un reciente libro de FE-CCOO,  conmemorativo de su 40º aniversario. El capítulo dos recoge cuanto la revista Trabajadores de la Enseñanza (T. E.) testimonió: las medidas que en cada comunidad fueron tomándose -incluidas las que ahora ponen reparos a la supresión del decreto originario- y las cuantías globales de lo recortado. Permite ver, sin trampas, el favorable trato que –durante todo el tiempo de la supuesta crisis- tuvo la enseñanza privada. Es un buen baremo, además, para cuantificar el diferencial que pueda alcanzar esta reversión del decreto de 2012 que ahora quiere iniciarse.

Con esta medida Celáa retoma el testigo donde Méndez de Vigo lo dejó. En su proyecto de pacto estaban los recursos; la discrepancia conocida con el PSOE estuvo en su cuantía. Puede, pues, ser un buen camino para preparar una alternativa a la LOMCE y su contexto. No obstante, una vez que las cinco comunidades del PP han hecho su gesto de retirarse, después de tres horas de reunión para enterarse de la derogación del penoso decreto, superado el empate de rabietas las cuestiones principales siguen en pie y no son de poca importancia.

¿Coste cero?
Aquí -como en lo concerniente al techo de gasto-, se dirime la posibilidad política de este Gobierno y, por supuesto, su voluntad de ejercerla con un grado de compromiso convincente.  Ambas cosas van juntas, dada la precariedad de votos parlamentarios con que cuenta para salir adelante día a día, en intensa negociación cruzada con otros asuntos de no menor enjundia. Pero es una ocasión para demostrar la calidad política de los gestores del Ministerio en este momento, que se acabará midiendo no por consensuar, sino por la categoría de los acuerdos a que sean capaces de llegar. Es de desear que no se cansen al primer rifirrafe. Esta medida no tiene coste cero -especialmente para las Comunidades-, pero los otros asuntos, con ser el del soporte normativo del ahorro en educación muy significativo, lo tienen menos. En primer lugar, el alcance global de la reversión de lo recortado a que se aspira, con sus plazos correspondientes. Y en segundo lugar, el empleo real de esos recursos en situar a la escuela pública en las condiciones que necesita. Ahí se verá que el valor de los gestos iniciados se medirá en que muchas decisiones la obligarán a sobreponerse a obstáculos más serios que el de esta “pataleta” de los representantes del PP; los tendrá también de dentro del PSOE.

De unos y otros partidos, se podrá confirmar pronto  la voluntad de acuerdo, consenso y pacto que tengan por un sistema educativo que pueda cumplir con dignidad contrastada el derecho de todos los ciudadanos a una buena educación. Se supone –pero tendrán que demostrarlo con hechos- que no se satisfacen con la mera escolarización de todos los niños y niñas ni, tampoco, con que el sistema siga funcionando con clara muestra de privilegios al segmento de quienes –en general- menos lo necesitan.

Manuel Menor Currás
Madrid, 31.07.2018

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